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La caza de ballenas, o cómo Japón burla el Derecho internacional
Una ballena Minke es izada de un barco en el puerto de Kushiro, Hokkaido, en el norte de Japón. EPA/JIJI PRESS
Japón es uno de los últimos países, junto con Noruega e Islandia, en cazar ballenas con fines comerciales.
La detención en verano del activista Paul Watson, que planeaba interceptar un nuevo ballenero japonés, puso de manifiesto una laguna en la legislación internacional relativa a esta práctica, prohibida desde 1986.
Fue liberado el 17 de diciembre.
Este contenido fue publicado en 03 enero 2025
Rachel Barbara Haubi
La primera convención internacional para regular la caza de ballenas se firmó en Ginebra en 1931 bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones.
Casi un siglo después, frente a la «Silla Rota» de la Plaza de las Naciones, unos cuarenta manifestantes, pancartas en mano, coreaban «Liberad a Paul Watson» el 6 de agosto.
Pero la detención del famoso ecologista se prorrogó hasta finales de año para «garantizar su presencia en el momento de la decisión de extradición».
Paul Watson, padre de la ONG conservacionista Sea Shepherd, fue detenido por las autoridades danesas en Groenlandia el 21 de julio.
El activista estadounidense-canadiense se dirigía a repostar su barco para localizar a un ballenero japonés en el Pacífico Norte.
Una orden de detención internacional emitida por Japón en 2012 le acusa de dañar un ballenero japonés y herir a un miembro de la tripulación lanzando una bomba fétida.
Estos cargos fueron impugnados por el activista de 73 años, que se enfrentaba a una pena de prisión de más de quince años en Japón.
Desde su encarcelamiento, ha habido un repunte de apoyo en todo el mundo, en particular con el lanzamiento de una petición, e incluso la intervención del presidente francés Emmanuel Macron ante las autoridades danesas.
Finalmente, Paul Watson, detenido hace más de cinco meses, fue puesto en libertad el martes 17 de diciembre después de que las autoridades danesas rechazaran una petición de extradición de Japón.
Así lo informó la Policía del territorio danés de Groenlandia, en donde el activista de 74 años había sido privado de su libertad.
«Mi detención llamó la atención de la comunidad internacional sobre las continuas operaciones ilegales de caza de ballenas por parte de Japón», declaró el activista medioambiental tras su liberación.
«Estos cinco meses han sido una prolongación de la campaña» contra la caza de ballenas, añadió.
Pero, ¿qué ocurre con el Derecho internacional?
¿Es legal esta reanudación de la caza comercial?
Práctica controvertida y prohibida
La caza comercial de ballenas está prohibida desde 1986, cuando entró en vigor una moratoria internacional decretada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
Noruega e Islandia se oponen a la moratoria y siguen cazando cetáceos.
Japón, por su parte, lleva mucho tiempo eludiendo la moratoria al seguir pescando bajo el pretexto de la «investigación científica».
Pero en 2014, la Corte Internacional de Justicia lo condenó por su caza de ballenas en el Antártico.
«El Tribunal dictaminó que Japón encubría una caza comercial bajo pretextos científicos porque no se cumplían los criterios de la investigación científica», recuerda Laurence Boisson de Chazournes, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra, que actuó como consejera y abogada durante el caso.
Tras esta sentencia vinculante, Japón renunció a sus campañas en el Antártico.
Pero en 2019 decidió abandonar la Comisión Ballenera Internacional y relanzar oficialmente la caza comercial de ballenas en sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva.
«Fue una decisión drástica y sorprendente, que curiosamente causó poco revuelo en la comunidad internacional», afirma Laurence Boisson de Chazournes, desde Ginebra y que también ha trabajado para el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Desde entonces, el gobierno japonés intenta reactivar el consumo de carne de ballena en su país en nombre de la tradición, a pesar de la fuerte caída de la demanda.
Tras alcanzar un máximo de 233.000 toneladas vendidas al año a principios de la década de 1960, el consumo de carne de ballena cayó a sólo 1.000 toneladas en 2021.
La Agencia de Pesca japonesa, que considera que los recursos son suficientes, ha decidido ampliar la caza del rorcual común, el mamífero más grande del planeta después de la ballena azul, y una especie en peligro.
Esta decisión ha sido criticada por el Gobierno australiano y por Sea Shepherd, que teme que Japón reanude la caza «en alta mar en el Océano Austral y el Pacífico Norte para 2025».
Entre las redes del Derecho internacional
Sin embargo, el recurso legal es limitado.
En 2015, Japón dejó de reconocer la autoridad de la Corte Internacional de Justicia para sus actividades relacionadas con la explotación de recursos marítimos.
Entonces, ¿puede ese Gobierno reanudar legalmente la caza comercial de ballenas en su espacio marítimo?
No tan rápido, dice Laurence Boisson de Chazournes: «Abandonar la Comisión Ballenera no significa que Japón no esté vinculado por sus obligaciones de proteger el medio ambiente y las especies marinas», insiste, señalando que sigue existiendo un marco jurídico, en particular a través de los convenios sobre el Derecho del Mar, la diversidad biológica y el comercio de especies.
La abogada internacional especializada en temas marinos, Malgosia Fitzmaurice, está de acuerdo con esa perspectiva de protección a las especies marinas: «Japón es miembro del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en virtud del cual los Estados deben cooperar para conservar los mamíferos marinos. Esto implica, entre otras cosas, compartir datos y realizar una evaluación del impacto ambiental.
«En este sentido, Japón ha incumplido sus obligaciones, ya que no ha realizado una evaluación de impacto transfronterizo y no ha consultado a los demás Estados del Pacífico Norte ni a la Comisión sobre su proyecto de caza del rorcual común», señala la experta, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Queen Mary de Londres.
«Los miembros del Convenio podrían por tanto recurrir a los mecanismos vinculantes de ese acuerdo para obligar a Japón a respetar sus obligaciones», añade, aunque las sanciones, por ejemplo económicas, están descartadas, lo que muestra los límites del margen de maniobra.
Un tratado vinculante para 2025
Cuando se trata de alta mar, un tratado histórico podría cambiar pronto las reglas del juego.
Adoptado en 2023, el Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas pretende proteger los océanos en zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales.
Prevé la creación de zonas marinas e introduce la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental de las actividades previstas en alta mar.
Un «poderoso» instrumento vinculante, según Malgosia Fitzmaurice, que debería entrar en vigor este 2025:
«Si Japón decidiera cazar ballenas más allá de sus aguas territoriales [como sospecha Sea Shepherd], provocaría una reacción internacional, en particular en las aguas designadas como santuarios de ballenas.
Para la experta, sin embargo, parece poco probable que Japón extienda su caza de ballenas a aguas internacionales, en cuyo caso sería difícil prever acciones legales.
Señala que Noruega es actualmente el mayor ballenero del mundo, matando unos 500 cetáceos al año, frente a los cerca de 300 de Japón.
En 2022, Islandia había cazado 148 rorcuales comunes, frente a los 59 previstos por Japón para 2024.
Presión política
La protección de las ballenas parece pender de un hilo.
Para Laurence Boisson de Chazournes, la voluntad política es la clave para hacer cumplir el Derecho internacional: «El marco jurídico existe. Corresponde a los Estados y a otros representantes de la comunidad internacional recordárnoslo», indica Malgosia Fitzmaurice.
Finalmente, el Ministerio de Justicia danés decidió poner en libertar al capitán Paul Watson.
Pero esto no tranquiliza totalmente a Sea Shepherd, que condena la «emboscada» de las naciones balleneras para amordazar a la oposición y critica duramente la caza de delfines por parte de Dinamarca en las Islas Feroe.
Texto corregido por Virginie Mangin/sj, adaptación al español de Patricia Islas, tras la puesta en libertad del activista Paul Watson.
fuente
"SWISSINFO.ch", 03.01.2025
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