LAWFARE Y…
SUS… ¿“EJECUTEREX”?
El manual de nuestros políticos para lograr la impunidad
La persecución o guerra judicial es el slogan perfecto para sembrar sospechas sobre el poder que debe juzgar a nuestros gobernantes.
Esta semana, Cristina Kirchner desacreditó públicamente a la Corte Suprema luego de que ratificaran la condena a Amado Boudou.
domingo, 13 de diciembre de 2020
Las palabras elegidas por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carta de balance han sido criticadas por el día en que se publicó y los términos que utilizó.
Pero lo más importante es el resultado que esos párrafos pueden llegar a tener en el futuro del país.
A partir de ahora, cada fallo o decisión judicial será cubierto de un manto de sospecha y el slogan del "lawfare" comenzará a repetirse cada vez más seguido.
No debería extrañar que si la justicia determinase la inconstitucionalidad de leyes como el "Aporte solidario a las grandes riquezas" o la "Ley de manejo de fuego", el kirchnerismo salga a pegarle a la Corte.
De nada servirá la fundamentación de los fallos y los argumentos legales que esgriman los jueces.
Todo lo que no guste o que vaya en contra del modelo, será cuestionado.
"A Cristina le importa nada la república, la división de poderes y el control de constitucionalidad que ejerce el poder judicial. Hay un poder independiente que controla los excesos de los otros podres. La vicepresidenta de la república parece no entender un razonamiento lógico que se explica a cualquier alumno de derecho constitucional de segundo año", manifestó en MDZ Radio el abogado constitucionalista Diego Armesto.
Quiérase o no, el resultado de la carta de Cristina Kirchner es ese.
Siembra desconfianza sobre el accionar de la Justicia.
Todo lo que emane de ese poder será dudoso y esto no hace más que condicionar el trabajo de los magistrados.
Sucede que la carta fue escrita por la vicepresidenta de la nación, presidenta de la Cámara alta del Congreso de la Nación.
Y por si fuese poco, ratificada por el jefe del Ejectuivo Nacional Alberto Fernández.
"Claramente existe en el fondo un interés claro en frenar al Poder Judicial. Porque la semana pasada casación declaró constitucional la ley del arrepentido y la Corte ratificó la condena a Amado Boudou. Lo que están haciendo es abriendo el paragua y generando un manto de protección ante el hipotético caso de que hayan condenas. La Corte como titiritero", adhirió Armesto en el programa Sonría, lo estamos filmando.
De un plumazo, Cristina Kirchner deslegitimó a todo el Poder Judicial.
La teoría conspirativa ya ha echado raíz y si por ejemplo mañana la Justicia fallara en contra de la decisión de quitarle fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se hablaría de una corte tendenciosa.
"Dirán 'ahí están los que están en contra del federalismo y a favor de la Ciudad de Buenos Aires' y lo mismo si hubiese un fallo en contra de la vicepresidenta. Están condicionando al Poder Judicial. Eso es lo complicado", adhirió Armesto.
Pero si bien el hecho de que las palabras hayan sido expresadas por la vicepresidenta le dan una entidad mayor, no es la primera vez que se usa el "lawfare" para condicionar o deslegitimar a la Justicia.
Ha ocurrido en otros países del mundo e incluso en nuestra provincia.
El exintendente de Guaymallén Luis Lobos habló de persecución política antes de ser condenado defraudación al estado y administración fraudulenta y lo mismo hizo el exintendente de Santa Rosa Sergio Salgado.
Tal es así que el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi ha expresado que hablar de "persecución política" es un "slogan" que repiten los acusados que intentan victimizarse.
Lo diferente en el caso nacional es que el mismo día en que el presidente Alberto Fernández salió a respaldar a Cristina Kirchner y sus críticas a la Corte Suprema, la comisión de expertos que el propio Fernández convocó le sugirió hacer cambios en el funcionamiento de la Corte e incluso hay integrantes que sugirieron ampliar el número de integrantes del máximo tribunal.
"Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta. Todo lo contrario: somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la 'mayoría automática de la Corte', dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas", se defiende de antemano Cristina Kirchner en la misma misiva en la que cuestiona a los jueces.
Sus propias palabras hacen alusión a otra vieja práctica habitual en Argentina: nombrar jueces amigos.
Algo que tampoco sucede únicamente en Buenos Aires y en Mendoza, por ejemplo, es bueno recordar que dos gobernadores (Celso Jaque y Alfredo Cornejo) nombraron a sus ministros de Gobierno como jueces de la Suprema Corte.
Por el momento, las palabras vertidas por la expresidenta son solo eso: palabras.
Pero es necesario seguir en el tiempo la evolución de los hechos para determinar si fueron o no premonitorias de un avance sobre el Poder Judicial.
Mientras tanto, esta semana la Coalición Cívica impugnó la designación de Alejo Ramos Padilla como juez del Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral.
El magistrado fue designado el día de la muerte de Diego Armando Maradona y la Coalición Cívica presentó una impugnación por su cercanía con el kirchnerismo.
fuente
"MDZ", 13.12.2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario