La Auditoría denunció que el
Gobierno le impidió hacer controles en empresas estatizadas
Leandro Despouy cuestionó la imposibilidad de realizar
análisis en YPF y Aerolíneas Argentinas.
Jueves 27 de
Febrero de 2014 | 22:58 Play DENUNCIA. Despouy advirtió sobre la
imposibilidad para hacer controles.
Con el acuerdo entre el
Gobierno y Repsol por la expropiación de YPF como fondo, el presidente de la
Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, denunció que el Gobierno le
impidió al organismo realizar controles en empresas estatizadas.
"Cuando
se produjo la estatización de la petrolera YPF, el Gobierno nos prohibió auditar, a través de
una cláusula. No le encuentro explicación: esto es inconstitucional, ya
que priva de las garantías de transparencia. Y hubiera sido de una
gran utilidad para la empresa", remarcó el funcionario, en diálogo con
El juego limpio.
"Podríamos
haber determinado las negociaciones que dejaron a la empresa con pasivos, y
auditar niveles de reservas. Criticábamos que no había inversiones ni
exploración. Nos hubiese permitido mostrar la viabilidad y la equidad del
acuerdo, y si hubo desviaciones graves. Estamos frente a 5 mil millones de
dólares con un discurso muy contradictorio", criticó Despouy.
Con respecto
a la empresa de líneas
aéreas Aerolíneas Argentinas, indicó que el Gobierno siguió el mismo camino.
"Demostramos que el patrimonio neto de la empresa era de casi tres mil
millones de dólares negativos, lo que era importantísimo para las
negociaciones del país. Esto podría entenderse porque la empresa realizaría
actividades que no quiere mostrar, y detectar situaciones en donde
estarían comprometidos los funcionarios", advirtió.
SUBSIDIOS SIN CONTROL
Por último,
se refirió al informe sobre el "descontrol" en el manejo de
los subsidios al autotransporte. "La actitud estatal y empresarial
sorprende: en 2003 los subsidios eran de 300 millones de pessos y, en
2012, eran de 16 mil millones de pesos. Hubo un crecimiento del 4500%.
¿Cómo se distribuyen? No hay criterios para la adjudicación ni el empleo
de los fondos. La dinámica es perversa: se pueden reasignar fondos sin
rendición de cuentas", denunció.
"Hay
empresas que dejaron de funcionar y, dos años después, siguieron
recibiendo subsidios, como el caso de Plaza, de los hermanos Cirigliano
(Claudio y Mario, dueños de TBA, procesados por la tragedia ferroviaria de
Once), recibieron, entre 2010 y 2011, 508 millones de pesos. Hay una
sangría y un premio a la ineficiencia. Mientras el Estado más fondos
puso, peor fue el servicio", concluyó.
FUENTE:
“TN”,27.02.2014
TOMADO
DE FACEBOOK, 28.02.2014, 13.51 HS
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