La investigación sobre la Tupac Amaru tuvo ayer una primera “opinión” de la Justicia: la jueza de Garantías Cristina Pietrasanta consideró que hay elementos para pensar que hubo una asociación ilícita.
El delito cruza a los miembros de la familia y allegados de Nélida Rojas, líder de la agrupación que en Mendoza se dedicó a construir viviendas sociales.
Bajo la misma sospecha, hoy se realizará la audiencia para definir la situación de Ramón Martínez, pareja de Rojas y acusado de ser, junto con su mujer, jefe de la asociación ilícita.
También está imputado por ser coautor en una coacción agravada.
La semana que viene podría ser el turno de Rojas, sobre quien pesan 30 causas.
Mañana estará en la misma situación Carla Martínez, hija de la pareja, y queda en suspenso la audiencia a Leonela, también hija.
En todos los casos, se decidirá si continúan detenidos, con el dictado de la prisión preventiva, o si se les otorga la libertad, tal como lo pidió la defensa.
El primer revés
La primera resolución se conoció ayer. La jueza Pietrasanta decidió no otorgarle la libertad y ordenar la prisión preventiva a Fanny Villegas Fredes, esposa de Federico Torrengo y nuera de Rojas.
También se ordenó un embargo preventivo y la inhibición de los bienes.
La mujer es apuntada, dentro de la causa, como la “secretaria” de la agrupación, pero también era una especie de tesorera, encargada de manejar “la caja chica” que se conformó con el aporte de la cuota social y otros supuestos ingresos por la “reventa” de casas.
También se consideró que hay elementos de prueba en otras tres denuncias por estafa y extorsión.
La investigación por los delitos que habría cometido la organización Tupac Amaru son varios.
En total hay 130 causas, de las cuales el Ministerio Público de Mendoza sólo ha procesado 30.
Las causas tienen, hasta el momento, a cinco personas detenidas y a más de 30 imputados, aunque no descartan que se sumen otros
Si bien las carátulas van variando, hay un común denominador en el núcleo familiar: la asociación ilícita, una figura difícil de comprobar y que ayer tuvo un primera consideración en cuanto a su existencia.
En la hipótesis del Ministerio Público, tanto Rojas como Martínez eran los jefes de este acuerdo, mientras que sus hijos, nueras, yernos, hermanos y hasta una amiga (sospechada de testaferro), los miembros.
“Hay elementos de convicción suficientes acreditados a esta altura del proceso para deducir los parámetros que definen la asociación”, consideró Pietrasanta ayer en su exposición y aclaró que en esta etapa procesal, su decisión es un juicio de probabilidad y no una sentencia condenatoria.
La “estructura” familiar
Una de las pruebas que presentó el Ministerio Público, encargado de realizar la investigación a la Tupac, es el crecimiento patrimonial injustificado de cada uno de los miembros.
Según detalló la fiscal Gabriela Chaves, muchos de los que tenían autos de alta gama declararon ser albañiles, empleados municipales o monotributistas.
“La adquisición de cada bien coincide con una extracción en el Banco Nación, tanto en el importe como en la fecha”, señaló Chaves antes de detallar los 34 autos y dos propiedades que se registraron a nombre de los miembros de la Tupac.
“Desde 2008 hasta 2016, según informaron, Martínez manejó en su cuenta 102 millones de pesos”, vinculó la fiscal.
Según consideró ayer la jueza, la cantidad de bienes que se le adjudicó a la Tupac fueron el objetivo del “acuerdo delictivo”, que montó “una estructura a tal fin oculta para funcionar bajo la apariencia de cooperativas de trabajo”.
Esta es la hipótesis con la que investiga la fiscalía, que sostiene que “las cooperativas de trabajo no existieron”, sino que fueron “la manera de acceder al dinero que venía de la Nación y que no fue puesto en las viviendas, sino que sirvió para un crecimiento patrimonial que no se justifica”.
En esta “estructura delictiva” que consideró ayer la jueza en una opinión provisoria, hubo un aporte personal y coordinación por parte de cada miembro.
“Si se analiza el propósito, es el enriquecimiento ilícito de sus miembros. El cómo es a través de la comisión de distintos delitos: estafas, coacción y amenazas, usurpación, despojo, extorsión, fraude a la administración pública, alteración de medios y pruebas, instigación a cometer delitos, falsificación de instrumentos privados”, señaló la magistrada.
La defensa desestimó esta acusación y dijo que no es competencia del fuero local la investigación de si hubo o no fraude a la administración pública.
“Está acreditado que todos los recursos están en las viviendas”, refutó Alfredo Guevara, abogado defensor.
La defensa dijo que las afiliaciones eran voluntarias y que en toda organización política hay reglas de permanencia.
A fines del año pasado, se presentaron numerosas denuncias contra la Tupac y sus autoridades, causas que se están estudiando en la Fiscalía Las Heras-Lavalle.
Las imputaciones son por estafas y extorsión.
En lo que se conoció hasta ayer, hubo tres personas que eran de Guaymallén y Godoy Cruz que se afiliaron y trabajaron para tener sus casas en Lavalle, cuando en realidad no podían acceder al beneficio por no vivir en este departamento.
Según relataron las víctimas, no se les informó de este requisito, por lo que decidieron afiliarse y trabajar.
También dieron cuenta que se les obligaba a realizar viajes y participar de actos kirchneristas.
Todo esto, a riesgo de quitarles el lugar en la lista si no concurrían.
Por estos motivos, Pietrasanta consideró que, en el caso de Villegas, hubo un “esquema de delito” que consistió en el engaño (no notificar el requisito de vivir en Lavalle), que condujo al error y luego a la disposición patrimonial.
Es decir, los perjudicados perdieron dinero, tiempo y servicio.
Sobre esto, la defensa dijo que las afiliaciones eran voluntarias y que en toda organización política hay reglas de permanencia.
La defensa prefirió no hablar
Los encargados de representar tanto a Fanny Villegas como del resto de los implicados en la investigación son los abogados Alfredo Guevara y Carlos Blanco.
En la defensa de la mujer mencionada, se sumó Carlos Varela Álvarez.
En cuanto a la decisión que tomarán, resta saber si apelarán la última resolución.
Al finalizar la audiencia de ayer, Guevara prefirió no hablar con los medios de comunicación que estaban allí aguardando por las repercusiones.
Luego, en Canal 7, tuvo una pelea con los periodistas que desde el estudio de televisión le preguntaron por los delitos que expuso la parte acusatoria.
Chaves va contra Guevara
En paralelo al desarrollo de la etapa de investigación, que reúne por este tiempo pruebas hasta que se decida o no elevar la causa a juicio, la fiscal Gabriela Chaves presentará una compulsa ante el Tribunal de Ética por las agresiones recibidas de parte de Alfredo Guevara.
Según la funcionaria judicial, el abogado defensor le ha faltado el respeto en numerosas oportunidades, por lo que ella considera que el tribunal encargado de sancionar este tipo de actitudes debe estar al tanto.
fuente
"LOS ANDES", 01.06.2017
