COPARTICIPACIÓN ENTRE LA JUSTICIA Y LA HIPOCRESÍA - IV -

COPARTICIPACIÓN 

ENTRE LA JUSTICIA Y LA HIPOCRESÍA 

- IV -

Coparticipación: dónde queda ahora la Ciudad en el ranking provincial

 

{Las dificultades económicas nacionales y que sobre todo sufren las provincias, hacen que la epidermis política/social este sumamente sensible. Por ello medidas como el aumento de la coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires - de 1,75% a 3,75% - es motivo de reclamos y quejas. Tema espinoso, sin dudas, puede señalarse que: 

- El traspaso de la policía Federal requiere también la transferencia de los recursos correspondiente, Art. 75 inc.2 de la Constitución Nacional: "... No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos..."
- Otro aspecto a considerar es si los recursos salen de la Nación, de ser así lo recibido por la ciudad de Buenos Aires no es soportado por las provincias.
La mora histórica argentina es con la utilización y reparto de los recursos. Este conflicto está a la base de todas nuestras luchas civiles y es responsable de casi la totalidad de la sangre derramada en luchas fratricidas desde 1810. Actualmente se conoce como "Coparticipación Federal", la última promesa -incumplida- data de 1994 y establecía como fecha límite para su establecimiento el 31 de diciembre de 1996... nada se concretó hasta la fecha. Sin duda tarea a realizar, ya de una buena vez, será mérito indudable de quien lo concrete.
Muchas vicisitudes hemos vivido con el tema sus desviaciones y uso mañoso. En un breve repaso del archivo: 
-"Los Andes", 28.06.2004; En Mendoza, Kirchner distribuye ATN entre los municipios de PJ. y PD. dejando de lado a los del oficialismo provincia (UCR).
-"Los Andes", 03.07.2006; "Los cautivos de la chequera..."
-"Lo Andes", 09.04.2007; Morales acusa a Julio C.C. Cobos de repartir ATN por lo municipios radicales. 
Recuerdan:Cristina, Cobos y Vos}

 

Olivia Sohr 

19 enero, 2016 

A través de un decreto se duplicó lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibe en transferencias automáticas. ¿Cómo quedó en relación al resto del país?

El porcentaje de la coparticipación que se destina a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue modificado mediante un decreto de Mauricio Macri publicado hoy en el Boletín Oficial: pasó del 1,4% establecido en un decreto de 2003 al 3,75 por ciento.

Los porcentajes que cada provincia recibe por transferencias automáticas están establecidos en una ley de 1988, que luego ha tenido diversas modificaciones por fondos complementarios. Entonces, y hasta la reforma constitucional de 1994, la CABA no era un distrito autónomo sino la Capital Federal. 

Por eso, el porcentaje de lo que le corresponde por coparticipación fue establecido por decreto, ya que la ley establece que “la Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta Ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (…) una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987” (lo mismo establece en el caso de Tierra del Fuego, que entonces y hasta 1991 era un territorio nacional).

“El porcentaje de coparticipación de CABA (ahora duplicado) no sale de la torta ‘provincial’ sino que se detrae de la torta ‘nacional’”, precisó el abogado Gustavo Arballo. 

Es decir que no se le sacarán fondos a otras provincias, sino que la Nación resigna parte del 27% de los fondos coparticipables que le corresponden (actualmente, el 47% va a las provincias y el 25% a la ANSES, ver acá el detalle).

Porcentaje de coparticipación por provincia. 2015.

Buenos Aires………….. 18.67%

Santa Fe…………………   9.02%

Córdoba………………….   8.89%

Chaco……………………..   5.02%

Entre Ríos……………….   4,84%

Tucumán…………………   4.76%

Mendoza…………………    4.16%

Santiago del Estero….    4.15%

Salta………………………    3.97%

Corrientes……………….   3.82%

CABA. …………………….   3.75%

(Con el nuevo %)

Formosa………………….   3.62%

Misiones………………….   3.44%

San Juan…………………    3.31%

Jujuy………………………    2.84%

Catamarca……………….   2.66%

Río Negro………………..   2.52%

San Luis…………………..   2,28%

La Rioja……………………   2.03%

CABA. ……………………..   1.92%

(Porcentaje anterior)

La Pampa…………………   1.83%

Neuquén………………….   1.81%

Chubut…………………….   1.64%

Santa Cruz……………….   1.60%

Tierra del Fuego……….   1.23%

Fuente: Chequeado en base a datos del Ministerio de Economía.

Aunque la Provincia de Buenos Aires es la que mayor porcentaje de coparticipación recibe, esta viene en caída ..., y en términos per cápita es la segunda menos beneficiada del país, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con los datos de 2015 (previo al cambio introducido por el decreto de Macri). Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa, por otra parte, son las más beneficiadas.

El cambio que implementó el decreto, en el porcentaje de coparticipación total, dejó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el puesto número 11 de las que mayor porcentaje reciben.

 Antes, la CABA se encontraba en el lugar número 19 de 24 (todos los datos pueden verse acá).

Si el análisis se hace en relación a la población de cada provincia, el ranking cambia y queda así.

 Fondos recibidos per capita por coparticipación. 2015. 

CABA. ……………………. $  2.611.=

Buenos Aires…………… $  4.650.=

Mendoza…………………. $  9.165.=

Córdoba………………….. $ 10.345.=

Santa Fe…………………. $ 11.025.=

Chubut……………………..$ 12.007.=

Misiones……………………$ 12.008.=

Neuquén…………………..$  12.108.=

Salta…………………………$ 12.373.=

Tucumán…………………..$ 12.404.=

Corrientes…………………$ 14.809.=

Río Negro………………….$ 14.961.=

Entre Ríos………………….$ 15.211.=

Jujuy…………………………$ 16.192.=

Chaco………………………..$ 18.224.=

Santiago del Estero……..$ 18.554.=

San Juan…………………….$ 18.600.=

San Luis……………………..$ 19.896.=

Santa Cruz………………….$ 20.799.=

La Pampa……………………$ 22.144.=

La Rioja………………………$ 22.929.=

Formosa……………………..$ 25.935.=

Catamarca…………………..$ 27.808.=

Tierra del Fuego…………..$ 33.640.=

No incluye el Fondo Federal de la Soja.

Fuente: Chequeado en base a datos del Ministerio de Economía y proyecciones e población del INDEC.

fuente

"Chequeado.com", 19.01.2016

 

GRIETA VERSIÓN PJ VS. FPV

GRIETA VERSIÓN PJ VS. FPV

 

 

Legales Por Sebastian Albornos

Miércoles 03 de Febrero de 2016 

Grieta en el Congreso: el peronismo duro se aleja del cristinismo mientras gobernadores buscan la chequera de Macri

03-02-2016 El miércoles se reúne para comenzar a elegir a sus futuras autoridades. El macrismo quiere aprovechar la división entre tradicionales y kirchneristas para lograr apoyo en sus iniciativas a partir del 1 de marzo. Hay polémica entre varios "nombres de peso" por el rumbo del partido

 

Grieta en el Congreso: el peronismo duro se aleja del cristinismo mientras gobernadores buscan la chequera de Macri

Temas: La Campora, peronismo, Cristina

 

Lo que parecía improbable, se convirtió en realidad. 

Tras la impensada derrota en la elección presidencial, el Frente para la Victoria (FPV) comenzó a agrietarse entre el peronismo duro y los aliados de Cristina Kichner, tanto a nivel nacional como provincial.

Aunque el FPV perdió una importante cantidad de diputados en el Congreso, La Cámpora logró aumentar su representación y, a la vez, obtuvo sus primeras cuatro bancas en el Senado.

Ahora, para las sesiones ordinarias que comenzarán el próximo 1 de marzo, los camporistas tendrán un sub-bloque de 24 diputados, liderado por el hijo de la presidenta Máximo Kirchner, quien logró un lugar por Santa Cruz que le servirá para convertirse en parte de la férrea oposición al macrismo.

Pero no todo el FPV piensa como él.

Desde diciembre, en los papeles, el bloque del FPV cuenta con 98 miembros, mientras que el PRO -sumado con el radicalismo y la Coalición Cívica en el bloque Cambiemos- llega a 88 diputados.

Sin embargo, a pesar de ser la primera minoría, muchas de las lealtades que parecían eternas hacia Cristina Kirchner comenzaron a desvanecerse.

En ese escenario, Macri no será el único que deba transpirar la camiseta para lograr consensos parlamentarios a la hora de impulsar sus proyectos.

Para la oposición, mantener la cohesión puede ser una tarea igual de difícil.

Sucede que en la cámara baja, el bloque cristinista tiene su mayor representación, bajo la batuta de Héctor Recalde. El ex asesor de la CGT sostuvo que "el manejo del quórum" por parte del kirchnerismo "dependerá de las circunstancias".

Además, admitió que hay diferencias profundas respecto de cómo posicionarse frente a los proyectos que envíe Macri al Congreso.

"Yo no soy de la Cámpora, no voy a votar todo en contra al oficialismo. Lo importante es plantear cuando vemos excesos de este Gobierno y decisiones que atentan contra la Constitución", aseguró el titular del bloque del FPV en la cámara baja.

Por lo pronto, unos 20 diputados del bloque K se alejarán para conformar una nueva fuerza: pertenecen a Salta, Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos, San Juan y Tierra del Fuego.

El gobernador salteño Urtubey, los salteños José Luis Gioja y Sergio Uñac, los riojanos Luis Beder Herrera y Sergio Casas y el diputado Diego Bossio forman parte de esta división.

¿Y qué pasa en el Senado? el escenario es distinto ya que su jefe, el rionegrino Miguel Pichetto, sostiene que el PJ tiene que hacer una "oposición responsable".

Incluso, hace pocos días se ofreció como mediador entre el macrismo y las provincias peronistas, garantizando gobernabilidad si es que se cumplían con los envíos de dinero coparticipable y se reiniciaba la obra pública paralizada.

Por lo pronto, Pichetto no puede darse el lujo de quedarse tranquilo, ya que un grupo de 15 de los 40 legisladores que integran el bloque del FPV emitió un comunicado en el que se criticaba fuertemente la decisión de la titular del cuerpo, Gabriela Michetti, de dar de baja a 2.035 empleados de la cámara alta.

Posteriormente, tres miembros que aparecían firmando la misiva desmintieron haberlo hecho, lo que generó suspicacias y críticas por lo bajo.

En ese contexto, el macrismo –que apela a manejarse con decretos de necesidad y urgencia mientras el Congreso está en receso- espera con ansias las sesiones ordinarias para dejar en evidencia la ruptura del bloque del FPV en ambas cámaras.

Sucede que está negociando con gobernadores opositores la ayuda a las provincias ahogadas por las deudas a cambio de que lo acompañen con iniciativas claves para su gestión.

Además, Sergio Massa, quien será una pieza fundamental en las negociaciones con Macri -por tener 27 diputados en el Frente Renovador- busca reunificar al peronismo.

A principios de enero organizó un asado en su casa de veraneo en la costa atlántica al que asistieron hombres del peronismo y ex aliados de Cristina Kirchner, como el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el actual diputado y ex titular de la ANSES, Diego Bossio.

No hubo presencia de camporistas, ya que se intentó mostrar una imagen de renovación, lejanía al kirchnerismo más duro y se buscó reflejar que se puede hacer política garantizando gobernabilidad al presidente de turno, pero sin dejar de ser crítico.

Apenas se conoció la foto de los principales dirigentes peronistas compartiendo un encuentro, el diputado nacional y referente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque hizo referencia al "ego-peronismo" y señaló que le pedirá explicaciones a Bossio, por haber participado.

Quien también busca ocupar uno de los primeros planos en la escena justicialista es el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Fue precisamente él quien lanzó una frase contundente: "Con el peronismo solo no alcanza, pero sin el peronismo el Frente Para la Victoria no existe".

Moreno remarcó que no quiere conducir el PJ, pero advirtió que si no hay unidad él podría imponerse sin problemas en la interna partidaria.

Todo esto ocurre mientras se reúne el Consejo nacional justicialista. La idea de sus participantes es fijar una fecha para los comicios internos, que deberían realizarse antes de mayo, cuando vencen los actuales mandatos.

Producto de esta reunión ya se produjeron algunos cruces entre dirigentes de peso, como Jorge Capitanich, José Manuel De la Sota y Juan Manuel Abal Medina.

Capitanich marcó sus diferencias con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ya blanqueó su ambición presidencialista para 2019.

"Si elegimos una conducción que sea funcional al oficialismo, vamos a tener un problema de representatividad", advirtió en alusión al proceder del hombre fuerte de Salta.

En tanto, Abal Medina -que promovió un discurso de unidad- advirtió que con una posible ruptura del partido "le hacemos el juego al macrismo".

Para De la Sota, "la fragmentación del PJ-K (sic) se ha acelerado tanto, que ya no se sabe cuántas son sus líneas internas y los ex K que ahora se autopostulan".

Desde el macrismo ven con especial interés quien será el líder del peronismo. En este sentido, Jaime Durán Barba, asesor del Presidente, propuso para la renovación a Urtubey o a Massa, los protagonistas de la gran foto política del verano.

Señales
 
La primera señal de rebeldía hacia Cristina Kirchner y de muestras de fisuras dentro del bloque se dio cuando el kirchnerismo no pudo avanzar en las comisiones del Senado con uno de los proyectos en el que la mandataria había hecho más hincapié.

De hecho, el intento para lograr el quórum en comisión no fracasó una sino tres veces.

Tras la derrota en el balotaje, CFK sufrió un "desaire" por parte de sus miembros del bloque en la cámara baja.

Se evidenció claramente en una sesión convocada con un temario cerrado predeterminado por el Frente para la Victoria, que debió comenzar casi media hora más tarde de lo estipulado.

Luego se tuvo que recurrir a cuarto intermedio -que se extendió más de cuatro horas- a raíz del retiro de varios legisladores peronistas del reciento.

Tuvieron que aguardar la llegada de un diputado tucumano desde su provincia -en un avión privado- para conseguir quórum y aprobar proyectos.

A partir de ese momento, la fractura entre los leales a Cristina y los que se autocalifican como peronistas tradicionales quedó en clara evidencia.

Esa situación se agravó en el Senado, ya que ni siquiera logró el quórum para sesionar en la última reunión del año.

Buenos Aires, otro campo de batalla
 
A principios de enero, el Congreso bonaerense (primero Diputados y luego el Senado) aprobó el endeudamiento y el proyecto de gastos enviados por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Este proyecto debió tratarse en una sesión especial ya que –a última hora- el cristinismo decidió "voltear" la sesión del 30 de diciembre, a la que se había comprometido a asistir, por un llamado de Cristina Kirchner.

En concreto, el camporismo cuestionó el endeudamiento de $94.000 millones que pretendía contraer la mandataria bonaerense para poder sanear las cuentas provinciales.

Finalmente, se cerró en $60.000 millones luego de presiones y pedidos de los intendentes que responden al Frente para la Victoria.

En Diputados, el jefe de bloque, el camporista José Ottavis, sufrió la fuga de cerca de 20 diputados (que acompañaron a Cambiemos y al Frente Renovador) y sólo 15 lo acompañaron en su pedido de rechazar el endeudamiento.

En el Senado, el proyecto fue rechazado por los 8 representantes leales a Cristina.

Precisamente la cámara alta bonaerense fue el escenario de la primera "batalla" como oposición entre el camporismo y el peronismo tradicional que estaba dentro del Frente para la Victoria.

Antes de la elección de las autoridades de las cámaras legislativas provinciales -el pasado 10 de diciembre- el bloque informó que no llegaron a un acuerdo en el Senado, por lo que decidieron conformar dos bancadas distintas, una compuesta por miembros de La Cámpora y otra por el Partido Justicialista.

Nueve de los 16 senadores responden al peronismo y 7 a La Cámpora.

El grupo de los cristinistas está liderado por Ana María Sierra, mientras que la bancada peronista es presidida por Daniel Barrera.

Estos acusaron a los kirchneristas de querer imponer al jefe de bloque con una dirigente propia, pese a que el acuerdo inicial era otro.

Por lo pronto, los tiempos políticos han cambiado y las lealtades también.

Van quedando atrás las expresiones de Cristina Kirchner cuando, en su rol de jefa de Estado, comprometía a todos a defender a rajatabla el "modelo" y la "década ganada".

Como en otros momentos de la historia, las urgencias de los gobernadores -al ver sus cuentas en rojo- pueden más que aquellas palabras pronunciadas desde escenarios y cadenas nacionales.

Al decir de un legislador, la chequera de Macri puede más que el "relato". 

fuente
"iProfesional", 03.02.2016

COPARTICIPACIÓN ENTRE LA JUSTICIA Y LA HIPOCRESÍA - III -

COPARTICIPACIÓN 

ENTRE LA JUSTICIA Y LA HIPOCRESÍA 

- III -

La república unitaria y Buenos Aires

Por Alieto Aldo Guadagni Para LA NACION

{Guadagni dirigente justicialista fue candidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente Justicialista, Unión y Libertad, edn las elecciones de presidenciales de 2007. El candidato a presidente fue Alberto Rodríguez Saa y contó con el apoyo de Calos Saúl Menem}

 Jueves 10 de enero de 2008

". probemos con nuestros hechos que al ingresar nuevamente a la gran familia argentina, lo hacemos con nuestra bandera, con nuestros hombres, con los mismos principios que hemos sostenido por el espacio de siete años" (Bartolomé Mitre, Orden del Día al Ejército después del Pacto de San José de Flores)

La disputa por la apropiación de las rentas fiscales, particularmente las generadas por la aduana de Buenos Aires, es una de las claves para entender los enfrentamientos entre federales y unitarios previos a la Organización Nacional de la segunda mitad del siglo XIX.


La coparticipación federal de los impuestos nacionales entre la Nación y las provincias recién se estableció en 1935, después de que la Nación creara nuevos impuestos directos, como el entonces denominado impuesto a los réditos. 

Este régimen fue sometido a revisión en distintos momentos; en 1973, se aprueba la ley 20221, que unifica los diversos sistemas vigentes y se establece para la distribución entre provincias un método explícito, basado en el principio de posibilitar la igualdad de trato -en cuanto a la provisión de servicios provinciales- de todos los habitantes del país.

Durante el trienio de la administración justicialista de la Nación (1973/75) se incrementa la coparticipación automática en favor de las provincias, alcanzando, durante 1975, al 52,4% de la recaudación total de impuestos nacionales. 

En los años del Proceso instalado en 1976, se reduce fuertemente esta participación provincial, que hacia 1982 se ubica en apenas el 32 por ciento.

Como la entonces vigente ley de coparticipación caducó a fines de 1984, el país careció de una ley específica durante el trienio 1985/1987.


A fines de 1987, Antonio Cafiero es elegido gobernador de Buenos Aires, e inmediatamente encara negociaciones con el presidente Alfonsín a fin de aprobar una nueva ley. 

Es así como, en enero de 1988, se sanciona la ley 23548, de carácter transitorio ya que su vigencia estuvo limitada a tres años.

Esta ley estableció que, del total de recursos nacionales recaudados, el 42,34% sería retenido por el gobierno nacional y el 57,66% iría a las provincias (56,66% de manera automática y 1% como aportes del Tesoro). (1)

Este nivel de coparticipación provincial fue el reclamado por las provincias gobernadas por el justicialismo en 1986, y constituye el máximo valor histórico.

La Constitución nacional de 1994 estableció, en su artículo 75, que corresponde al Congreso nacional aprobar una ley que asegure a las provincias "la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados". 

La Constitución es clara, ya que establece que la distribución entre la Nación y las provincias "... contemplará criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".

Este mandato constitucional está aún incumplido y así se explica la actual concentración de los recursos en manos del Tesoro nacional, en desmedro de las provincias.
Destaquemos que hoy se transfiere automáticamente a favor de las provincias apenas el 27% de la recaudación nacional, o sea, el valor más bajo de los últimos cincuenta años.

Si bien es cierto que la Nación realiza transferencias adicionales de fondos a las provincias, éstas no están sujetas a normas objetivas que determinen cómo debe ser esta distribución. 

No existen reglas sino decisiones discrecionales que debilitan la autonomía política de los gobiernos provinciales. 

Por esta razón, en nuestra reciente campaña electoral por la gobernación de Buenos Aires [dentro del Frejuli] sosteníamos que "la provincia necesita un gobernador y no un delegado del Poder Ejecutivo Nacional". 

Sin un adecuado régimen de coparticipación automática de fondos a favor de las provincias, el federalismo se convierte en una ficción utópica, por la clara dependencia de los gobiernos provinciales de la Casa Rosada.

Esta exagerada concentración unitaria de la recaudación tributaria perjudica a todas las provincias, pero particularmente a Buenos Aires, que ha sido tradicionalmente percibida como una provincia "rica". 

Recordemos las evidencias señaladas por Alejandro Bunge en su obra "La nueva Argentina", para darnos cuenta de la abrumadora diferencia entre Buenos Aires y el resto de las provincias a fines de la década del 30. 

Pero desde entonces, la realidad se ha modificado negativamente para Buenos Aires, que hoy aloja en el conurbano a 10 millones de habitantes con dramáticos cuadros de miseria y marginación social.

Esta provincia alberga casi el 40% de la población y de la pobreza total del país, registra elevados índices de inseguridad y de carencia de servicios básicos, como agua potable y cloacas; además aporta más del 35% del PBI nacional.

Sin embargo, apenas recibe el 20% de los menguados fondos coparticipados.

La inequidad que perjudica a Buenos Aires es evidente cuando se observa que la coparticipación per cápita de los bonaerenses es apenas la mitad de la coparticipación per cápita de Santa Fe y Córdoba, o la cuarta parte del promedio correspondiente al resto de las provincias. 

Esta notoria desigualdad obliga a Buenos Aires a maximizar su presión tributaria; los bonaerenses pagan impuestos provinciales para cubrir casi la mitad del presupuesto de su provincia, mientras que el promedio del resto de las provincias indica una contribución de apenas el 15% a sus gastos propios.

Lo que significa la ausencia de una equitativa coparticipación se puede ilustrar con un ejemplo. 

Si el lector es bonaerense seguramente estará seriamente preocupado por la inseguridad reinante en Buenos Aires, ya sea en el conurbano o en el interior. 

La verdad es que Buenos Aires no tiene adecuada protección policial; apenas un policía cada 640 hectáreas de territorio, o algo más de tres policías cada 1000 habitantes. 

Señalemos que la ciudad de Buenos Aires cuenta con cinco policías cada 1000 habitantes, es decir, casi un 60% más (esta comparación es válida también para las cifras promedio del resto de las provincias).

¿Qué tiene que ver esto con la inequidad en la distribución de los fondos federales? 

En la provincia de Buenos Aires vive casi el 40% de la población total del país; sin embargo, apenas cuenta con algo más del 20% del total de efectivos policiales del país, afectados a la protección territorial. 

No es ninguna coincidencia casual que esta menguada participación en los efectivos policiales sea prácticamente la misma que la participación de Buenos Aires en la coparticipación. 

Por esta razón debemos ser realistas y reconocer que el déficit de seguridad bonaerense difícilmente será superado sin un adecuado régimen de distribución automática de recursos fiscales.

La asunción de la nueva presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, abre un nuevo espacio a la oportunidad de cumplir de una vez por todas con el mandato aún pendiente del artículo 75 de la Constitución. 

Señalemos que en la tradición de Mitre, Sarmiento e Yrigoyen, y más recientemente de Raúl Alfonsín, asumió la presidencia de la Nacion por el voto de la ciudadanía alguien que había sido previamente honrado por la provincia de Buenos Aires con un cargo ejecutivo o legislativo.

El país necesita con urgencia una ley de coparticipación federal de impuestos que promueva la igualdad de oportunidades entre todos los argentinos, incentive los esfuerzos de las provincias por cuidar su capital humano (salud y educación) y también estimule su propio esfuerzo tributario. 

No nos olvidemos de que nuestra Constitución expresa: "La Nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal". 

fuente
"La Nación", 10.01.2008


(1) Guadagni no puede ocultar su parcialidad ya que en el texto prácticamente  destaca a Cafiero, y las provincias gobernadas por el justicialismo, como factor eficiente de la ley 23548. Los datos crudos que surgen de sus dichos son: el mejor momento para las provincias fue durante el gobierno de Raúl Alfonsín donde el porcentaje llegó al 57.66%. Otro período importante para las provincia fue en 1975 con la ley 20221 con un porcentaje de 52.4%. En ambos casos a posterior se producen cambios perjudiciales a las provincias}

COPARTICIPACIÓN ENTRE LA JUSTICIA Y LA HIPOCRESÍA - II-

COPARTICIPACIÓN 

ENTRE LA JUSTICIA Y LA HIPOCRESÍA 

- II -

Política domingo 31 de enero 2016
 

Para Mauricio Macri, la coparticipación es la madre de todas las batallas

 

Por: Silvia Mercado

 

El Presidente piensa que una reforma en el reparto de fondos sentaría las bases de lo que imagina será el crecimiento a escala y de calidad con el que coronará su segundo mandato

Los gobernadores arrastran severos desequilibrios provinciales y esperan que la Nación les solucione todos los problemas Crédito: Veronica Jacobson

La coparticipación es la nueva madre de todas las batallas. 

Mauricio Macri se pasó ocho años rumiando el castigo que las leyes de distribución de impuestos imparten a la Ciudad de Buenos Aires, y sumó últimamente su indignación por una discriminación parecida que sufre la provincia de Buenos Aires. 

Un abogado que tiene cerca dice que el Presidente no entiende cómo aguantó Daniel Scioli tantos años sin reclamar seriamente en público, y tal vez tampoco en privado, por el aumento del Fondo de Reparación al Conurbano que hace 15 años está congelado en 650 millones.

​ La madre de todas las batallas en tiempos K fue la provincia de Buenos Aires. 

Se trataba de destruir el sistema político diseñado por Eduardo Duhalde, que había alambrado el distrito para evitar influencias extrañas. 

Los Kirchner creyeron que alcanzaba con entregar fondos en forma discrecional a algunos intendentes amigos para domesticar al peronismo bonaerense y bajarle el precio al hombre que eligieron casi como un interventor del Ejecutivo nacional en esa tierra de infieles.
​
El ex presidente dejó su vida en el intento por controlar el vuelo de cada mosca que pasaba por el Conurbano y Cristina Kirchner delegó la ingrata tarea en la caja que rústicamente repartía Julio De Vido sin otro plan que la supervivencia del sistema más corrupto e ineficiente de obras públicas de todos los tiempos, mientras la inseguridad ciudadana quedó en manos de Aníbal Fernández. 

La derrota electoral es lo más lógico que pudo haber pasado.

​Pero Macri es distinto. Se trata de un ingeniero. 

Ve un problema y quiere resolverlo bajo una lógica racional, temporal y que pueda exhibir resultados incuestionables, basados en datos. 

Esa es toda su ideología. Nunca entendió que Cristina invirtiera horas de su vida en la construcción de una parafernalia de relato con la que libró las batallas simbólicas más impensadas. 

Nada le resulta más aburrido. Esos discursos largos y henchidos de épica que pronunciaba la viuda de Kirchner eran mirados por Macri (cuando los miraba, porque muchas veces ni se tomaba el trabajo) con total desapego y extrañeza, a veces haciendo un tímido esfuerzo por tratar de comprender esa personalidad melodramática, tan ajena a su espíritu práctico.

Los expertos saben que cambiar la ley de coparticipación es más difícil que modificar la Constitución.

​ Néstor primero, Cristina después, se esforzaron por encontrar los mecanismos institucionales más complejos para tener a cada gobernador en un puño. La obsesión era el control. 

Macri también tiene sus obsesiones, pero son otras. 

Quiere que sus funcionarios dediquen su tiempo a cosas más productivas que repartir fondos, busca sistemas automáticos, y pretende una nueva coparticipación federal, que no discrimine a la Ciudad, a pesar de que es el distrito más rico, ni muchísimo menos a la provincia de Buenos Aires, que concentra los mayores cuadros de desigualdad y criminalidad, a la que puso bajo su ala.

Además, cree que una nueva coparticipación federal sentaría las bases institucionales y consensuadas de lo que imagina será el crecimiento a escala y de calidad con el que coronará su segundo mandato.

​Los expertos saben que cambiar la ley de coparticipación es más difícil que modificar la Constitución, que "solo" necesita los dos tercios de ambas Cámaras. 

Por el contrario, la norma de distribución federal de impuestos necesita la ratificación de las legislaturas de todas las provincias, así que si una, solo una se retoba -por ejemplo, Santa Cruz- la ley no puede ejecutarse. Entonces, hay que arrancar tomando atajos.

​Aunque ahora algunos funcionarios del Gobierno hablan de "arrebato" o de "error de tiempo y forma" y pretenden echarle la culpa del inesperado aumento de coparticipación de la Ciudad a Alfonso Prat Gay y a Horacio Rodríguez Larreta, la verdad es distinta. 

Fue Macri en persona el que aprobó el aumento de 1,4% a 3,75% de coparticipación primaria con la excusa del traspaso de la Policía Federal, provocando un shock político entre los gobernadores peronistas, que inmediatamente se unieron para reclamar contra la decisión que juzgan discrecional. 

Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, se apuró a bajar los decibeles. Le salió un poco caro, porque tuvo que ponerle un plazo de cinco semanas a la devolución de la deuda pública que la Nación tiene con las provincias, pero hay que reconocerle la muñeca, porque los gobernadores se volvieron muy contentos a sus provincias. 

Aunque Macri también quedó contento: solo se eliminó una alícuota del fondo soja y puso sus ideas a prueba.

​ En el Gobierno saben que Macri volverá a insistir, aunque no está claro por qué caminos.

Piensa que tiene mandar mensajes muy claros a los que viven en Buenos Aires, Capital, Córdoba, Mendoza y Jujuy, que respaldaron enfáticamente a Cambiemos y donde considera que tiene su base política.

Presidencia

​¿Eso quiere decir que va a discriminar a las provincias donde no ganó?, preguntó Infobae a un diputado del PRO con experiencia política en el interior. 

"Esperemos que encuentre una fórmula más creativa, porque castigar desde el poder central a una provincia que no te votó es el camino seguro a perderla para siempre", contestó. 

Y puso como ejemplo "Capital y Córdoba, severamente perjudicadas por Cristina, jamás se reconciliaron con el kirchnerismo".

​Por cierto, el Frente para la Victoria (FpV) perdió las elecciones en el 2015 no solo en Capital y Córdoba, sino también en la provincia de Buenos Aires, lo que quiere decir que en la madre de todas las batallas salieron rotundamente derrotados, arrastrando consigo a todo el peronismo bonaerense. 

No alcanzó con domesticar a los barones del Conurbano. 

Ni tener arrodillado hasta el último día de campaña a un candidato a presidente que se desentendió de los problemas de los vecinos. 

Superando una feroz campaña de miedo, el electorado apostó a quien le ofreció cercanía y le prometió gestión, no relato.

​Nadie sabe todavía cómo le irá a Macri en la batalla con la que espera generar las condiciones de una Nación equilibrada y moderna. 

Alguien que lo quiere bien dice que "si quiere una ley de coparticipación nueva, tiene que ir despacio y sin hacer mucho ruido, porque no va a poder esconder elefantes blancos, debe intentar con los lémures".

​Una herramienta que puede utilizar sería la derogación del Fondo de Reparación del Conurbano, que desde 1998 -cuando Carlos Menem se enojó con Duhalde por la competencia política que le planteaba- beneficia a todas las provincias que tienen conurbanos, menos a Buenos Aires. 

Este Fondo fue creado para compensar a la castigada provincia en 1992, cuando se estableció que el 10% del Impuesto a las Ganancias debe transferirse a la provincia, pero en 1998 se le puso a Buenos Aires un tope de 650 millones de pesos. 

El resto del porcentaje recaudado por encima de ese tope es distribuido entre otros estados, como es el caso de Córdoba y Santa Fe, que reciben el triple o cuádruple que Buenos Aires por ese concepto.

​Derogando el Fondo y creando un instrumento que está en análisis y del que no quieren dar detalles, Buenos Aires podría recibir hasta 20 mil millones de pesos anuales, equilibrando el aporte que la provincia realiza en impuestos al erario nacional y que no es reconocido en la ley de coparticipación.

​Sería una excelente manera de aprovechar la primera oportunidad, en varias décadas, de que Presidente y gobernador (gobernadora, en realidad) no compiten entre sí, y comparten una misma preocupación: que de una buena vez Buenos Aires encare los graves problemas estructurales agigantados por la corrupción, el narcotráfico y la desidia, priorizando las necesidades de la población por encima de política y relato.

fuente
"infobae", 31.01.2016

COPARTICIPACIÓN ENTRE LA JUSTICIA Y LA HIPOCRESÍA - I -

COPARTICIPACIÓN 

ENTRE LA JUSTICIA Y LA HIPOCRESÍA 

- I -

Impuestos Por Gonzalo Chicote

Lunes 25 de Enero de 2016 

Fue corta la luna de miel: los gobernadores peronistas van a la Justicia y ya se inicia la "guerra del 15%" contra Macri

25-01-2016 El decreto que restablece el descuento de fondos para financiar al sistema jubilatorio levantó la temperatura de muchos gobernadores. 

Además, despertó la posibilidad de que varias jurisdicciones lleven su reclamo a tribunales para obtener un fallo como el de Córdoba, Santa Fe y San Luis

Temas: La Pampa, Río Negro, Chubut, Misiones, Neuquén, Mauricio Macri, copaticipación (SIC)

Duró poco. Bastó sólo un decreto para que la "luna de miel" que comenzó con una foto en la que se mostraron gustosos todos los gobernadores con el presidente Mauricio Macri, terminara en un malestar generalizado.

Es que la decisión de derogar la medida por la que Cristina Kirchner le devolvía a las provincias una parte de la Coparticipación, cayó como un baldazo de agua fría entre varios mandatarios provinciales.

La reacción más reciente fue la del pampeano Carlos Verna que salió a criticar duramente a Macri. "Habla mucho de federalismo pero es unitario", remarcó días antes de juntarse con Rogelio Frigerio para discutir el asunto.

No fue el único. Mandatarios de otras cuatro provincias se pusieron en "pie de guerra" para reclamar lo que -según afirman- les corresponde y que se resume en dos puntos: devolución de los montos retenidos desde el 2006 y la suspensión de la precoparticipación.

Río Negro, Neuquén, Misiones y Chubut ya tienen todo preparado para accionar y llevar su pedido a la Corte Suprema de Justicia. 

Se suman así a una decena de provincias entre las que figuran Mendoza, Catamarca, Chaco, San Juan y Entre Ríos, que ya instruyeron a sus fiscales para iniciar la vía judicial.

No es para menos, si se tiene en cuenta que los fondos que recibía cada jurisdicción del país se habían incrementado más de un 15% de manera automática. 

Un porcentaje que "cayó del cielo" en momentos en los que el gasto provincial se mantiene en montos elevados.

Pero el enojo de algunos es aun mayor después de conocer que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue "bendecida" con un aumento en la cuota de Coparticipación que pasó, entre gallos y medianoche, del 1,4% al 3,75% (es decir, casi triplicó el valor original).

El ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, fue uno de los primeros en protestar.

"¿Será federalismo triplicar los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires y disminuir los del resto de las provincias?", se quejó en una carta y reclamó: "¡¡Basta de atropellar al interior!!".

Los últimos en sumarse 

Hubo un largo camino desde la sentencia en la que la Corte Suprema ordenó al Gobierno que deje de retener el 15% de precoparticipación y que devuelva los fondos recaudados a Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Algunos gobernadores decidieron iniciar un reclamo similar, sin saber que apenas unos días después (más precisamente el 30 de noviembre) la ex presidenta firmaría un decreto que no sólo recepta el fallo del máximo tribunal, sino que lo extiende el "beneficio" a todas las provincias.

La buena acción de la ex mandataria no duraría mucho: nueve días después, la jueza federal Liliana Heiland suspendió la aplicación de la normativa kirchnerista a pedido de una asociación de jubilados que temían por la financiación de la ANSES (hay que recordar que el 15% de la precoparticipación va, justamente, al organismo previsional).

Llegó así el primer recurso presentado por varias provincias para solicitar la vigencia del decreto de Cristina. 

En concreto, fue impulsado por La Pampa, Río Negro, Neuquén, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Chaco y Tierra del Fuego.

Sin que el trámite llegara a una sentencia definitiva, Macri puso fin a la discusión con el decreto de necesidad y urgencia número 73, publicado en el Boletín Oficial el pasado 13 de enero, que derogó la norma firmada por Cristina Kirchner.

Ni bien se dio a conocer la novedad, llegaron las respuestas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Misiones y Chubut.

Desde el gobierno rionegrino, lamentaron la decisión de Macri y recordaron que continuarán con la acción de inconstitucionalidad contra el Estado nacional presentada en la última semana de diciembre ante la Corte Suprema.

Al respecto, el ministro de Gobierno Luis Di Giácomo fue tajante al declarar: "Deploramos que haya salido este decreto de necesidad y urgencia".

Además, recordó que continuarán con la presentación de tipo judicial, aunque no descartó el diálogo para que el Estado nacional comprenda que se trata de recursos que le corresponden a los rionegrinos.

En tanto, el gobernador Omar Gutiérrez declaró que "el gobierno del Neuquén se ha presentado en los juzgados respectivos para reclamar y demandar estos recursos que entendemos que legítimamente son de los neuquinos".

Conocido el DNU 73, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, manifestó en declaraciones a la prensa que a la provincia le quedan dos caminos: el reclamo administrativo y el judicial.

El primero era uno de los requisitos que, a ojos de la Corte Suprema, era necesario cumplir. Y la provincia lo consumó, ya que presentó una queja ante el Ministerio de Economía, el Banco Nación y la AFIP.

Para Safrán, ahora es sólo una cuestión de tiempo para elevar el reclamo al máximo tribunal. "Estamos esperando que se cumpla el plazo mínimo, para luego hacer la presentación judicial", resaltó.

El fiscal chubutense Diego Martínez Zapata fue el portavoz de Mario Das Neves. Remarcó que "en el transcurso del mes de febrero la provincia del Chubut, a través de la Fiscalía de Estado, va a estar presentando la demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra Nación".

Por el lado pampeano, si bien Verna manifestó luego de la reunión con Frigerio que no llegó a la Casa de Gobierno con "ánimo de pelea", el gobernador recordó que están en condiciones de demandar a la Nación y obtener un fallo al igual que lo obtuvieron San Luis, Santa Fe y Córdoba.

Plata y política 

Un punto iguala el reclamo de la mayoría de estas provincias: son las más perjudicadas de la región a la hora del reparto de fondos, si se consideran como factores clave los ingresos y la densidad poblacional.

Así lo reveló un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que destacó que de las cinco jurisdicciones sólo una recibe ingresos por coparticipación que están por arriba de la media.

En el grupo de altos ingresos y baja densidad (compuesto por Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Río Negro, Chubut y Neuquén), sólo en la provincia pampeana el ingreso per cápita supera los 20.000 pesos.

 

Por el contrario, las otras tres provincias que decidieron seguir la discusión en tribunales se encuentran por debajo, siendo Neuquén la más perjudicada. 

En el caso de Misiones, se ubica última en el conjunto de jurisdicciones con bajos ingresos y alta densidad.

Existe una razón para que el Gobierno de Macri deniegue sistemáticamente los pedidos de los gobernadores: la deuda que se acumularon en estos últimos años en favor de estas cinco jurisdicciones supera, sin considerar intereses, la friolera de $24.000 millones.

La preocupación es mayor si todas las provincias obtuvieran un fallo favorable. Los datos proporcionados por el IARAF demuestran que el desembolso que tendría que hacer el Ejecutivo en este caso sería de casi $230.000 millones (también sin intereses).

Del otro lado, las provincias demuestran que la voluntad de discutir está, si bien prima la necesidad. Por este motivo es que hasta los aliados del PRO, como el radical José Cano, no descartaron la posibilidad de que Mendoza se presente ante los tribunales.

Pero sería un error pensar que la cuestión trasciende las banderas políticas. 

La afinidad que existe entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con el Gobierno nacional explican el silencio sobre este tema.

Tal vez más curiosa es la situación del mandatario salteño Juan Manuel Urtubey, que tampoco se manifestó sobre la posibilidad de que la provincia norteña inicie las medidas judiciales respectivas. 

Hasta los medios más importantes de la región se preguntan por qué no actúa y le reclaman acción.

Más allá de las cuestiones que puedan dividir a la opinión pública de cada una de las jurisdicciones, lo que queda claro es que el camino recién comienza. 

Y que Macri está dispuesto a ganar todo el tiempo que sea necesario para evitar pagar la pesada herencia que le dejó el gobierno de Cristina.

fuente
"iProfesional", 25.01.2016

HOTESUR Y LA IGJ

HOTESUR Y LA IGJ

domingo, 1 de noviembre de 2015

 

Rigurosamente vigilados: La verdad sobre Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou, en una bóveda de la IGJ

 
Por Ignacio Montes de Oca, José M. Stella y Marcos Pavesi
 

Nota 34-14, que pide "guarda" de expedientes

¿Está involucrado el estado nacional en una maniobra para esconder del escrutinio público a la empresa Hotesur SA y a otras compañías vinculadas tanto a la familia Kirchner como al vicepresidente Amado Boudou? 

Al parecer, dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) se produjeron algunos movimientos poco claros para que un grupo de expedientes relacionados con la empresa de la presidente y su entorno sean colocados a resguardo de quienes buscan indagar en los detalles de su funcionamiento, sus números y de sus autoridades. 

Y, como si fuera un cuento borgeano, los documentos que podrían vincular a la familia Kirchner con la corrupción duermen en el espacio preferido por el patriarca del clan, en una bóveda vigilada por algunos de sus más fieles seguidores. 

Siempre se sospechó que las empresas vinculadas a los funcionarios de más alto rango gozaban de mucha protección desde los organismos estatales. 

En particular, cuando se trataba de ocultar datos a jueces y periodistas interesados en revelar el entramado de actividades ilegales que podrían rodear su creación y funcionamiento.

La Inspección General de Justicia, el órgano que registra las compañías y su composición societaria, es probablemente el ente estatal más cuestionado. 

Fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien reconoció que “en todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla, lamentablemente”. 

La confesión del ministro sucedió en octubre de 2014, cuando se conoció que en la IGJ se habían “perdido” los expedientes de las empresas “Old Fund”, “London Supply” y la “ex Cicccone Calcografica”, relacionadas con un oscuro manejo que ligaba al vicepresidente Boudou con la compra irregular de la imprenta. 

Vale aclarar aquí, que Alak dijo que el expediente de estas empresas pudo luego ser "reconstruído" porque los archivos estaban digitalizados.

(Eliminando Variables) tuvo acceso a documentos que prueban que tal protección existe. 

 Las autoridades de la IGJ dejaron por escrito su intención de convertir en “material reservado” los expedientes de Hotesur SA y Austral Construcciones SA, por la parte presidencial,  y un grupo de compañías vinculadas a Amado Boudou, como Habitat Natural SA, Searen SA, Inversiones Inmobiliarias Aspen SA y Ruta Rentals SA.

Memorándum 541 del 12 de noviembre del 2014

Semejante interés pareciera relacionarse con la importancia que va adquiriendo la causa Hotesur a medida que se van conociendo nuevos detalles de su funcionamiento, además de la posible existencia de vinculaciones financieras cuestionables con el grupo de Lázaro Báez, un empresario de fuerte cercanía con la familia Kirchner.

Se sospecha que a través de Hotesur SA se estarían lavando dádivas recibidas a cambio de contratos otorgados a Báez.  

El primer magistrado a cargo de la investigación, el juez federal Claudio Bonadío, logró algunos avances. 

Pero fue sacado  de la causa por la Cámara Federal en julio de 2015 por pedido de la defensa. 

 El argumento a favor del apretamiento fue un procedimiento realizado por Bonadío en la ciudad de Río Gallegos para lo cual se utilizó un grupo de la Policía Metropolitana porteña. 

Con la salida de Bonadío, la causa cayó en el juzgado de Daniel Rafecas, célebre por emitir fallos controversiales a las investigaciones que rozan al poder.

Con Rafecas  y su predecible comportamiento judicial, el peso de las investigaciones quedó casi totalmente a cargo del periodismo. 

Pero, para poder horadar el misterio sobre Hotesur SA y sus vínculos societarios, es preciso conocer su composición accionaria y balances. 

Es allí donde entra en escena nuevamente la IGJ, una repartición que desde hace años es manejada por el grupo juvenil del Kirchnerimo, La Cámpora.


Pongan todo bajo resguardo

El 14 de noviembre de 2014, el Dr. Carlos Alberto Flores, jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la IGJ, le envió a la Delegada Administrativa, Lic. Karina Bellizi, la nota N° 34/14 en la que le ordenaba “poner en guarda las copias certificadas de los trámites…” y luego citaba a un grupo de seis empresas por su nombre y número de trámite.

La “puesta en guarda”, significa quitar del acceso público las carpetas de una sociedad "sensible" y alojarlos en oficinas de los directivos. 

 

A diferencia de los expedientes comunes a los que se llega con el mero pago de una tasa, los trámites bajo guarda son algo más difíciles de acceder.

En otras palabras -de acuerdo a dos fuentes de la IGJ consultadas por los autores de este blog-, quien acude por la ventanilla del público a buscar los trámites que están en esa condición, van a recibir como respuesta que dichas carpetas no están disponibles. 

 

Deberán por lo tanto reiniciar su pedido para que quienes tienen la custodia les permitan acceder a ellos. 

Pero ese proceso, además,  implica saber si pedirlos al Inspector General, a la oficina de judiciales u otra oficina.  

Mientras hacen ese trámite alertan a las autoridades de la IGJ la procedencia de la solicitud, un asunto crucial si se trata de un periodista o un miembro de la oposición. 

Y, todavía, les queda afrontar la instancia de ver denegada su respuesta, que puede tardar meses en llegar.



Nota de cumplimiento de pedido por parte de Bellizi

Ahora bien: la nota 34/14 no fundamenta el pedido ni describe el criterio para pedir que ese grupo de empresas sean enviadas a resguardo. 

El denominador común de estas seis compañías es que todas ellas forman parte de la fórmula presidencial que ganó en las elecciones del año 2011.

En la nota se pide expresamente la protección burocrática  de las empresas Hotesur SA, Habitat Natural  SA, Austral Construcciones SA, Searen SA, Inversiones Inmobiliarias Aspen SA y Ruta Rentals SA.

 

En cada caso, se adjunta una serie de números de trámite para cada empresa  que, a menos que los expedientes sufran de “pérdidas” como sucedió con la carpeta de la ex Ciccone, se refieren en su mayoría a la designación de autoridades y reformas del estatuto. 

El procedimiento de "guarda" implicó sacar las copias del archivo para su revisión jurídica, de manera que toda constancia documental quedó sujeta a que la oficina a cargo no alterara de manera alguna el contenido de las carpetas.

Para Hotesur SA, se sacó del archivo todos los datos de constitución societaria y un cambio de domicilio, la mayoría de ellos anteriores al año 2010, cuando la muerte de Néstor Kirchner cambió la estructura de propiedad de Hotesur.

Curiosamente, los pedidos de resguardo son anteriores al allanamiento realizado por el juzgado de Bonadío, sucedido un mes después, en diciembre de 2014. 

Casi como si actuaran de manera premonitoria, el asunto terminó justo antes que llegaron los oficiales de Justicia.

Las fuentes consultadas dentro de la IGJ confirmaron a (Eliminando Variables) que los expedientes de este grupo de empresas no están disponibles al público y que los originales están en posesión de las autoridades del organismo. 
La nota 34/14, fue originada precisamente en el avance de la causa judicial y el interés periodístico por conocer su detalle. 

En el folio 15 del sumario abierto por la Inspección General de Justicia a raíz de la causa judicial, se observa que dicho expediente es solicitado mediante el memorándum 541 del 12 de noviembre de 2014, para que se realice “una copia certificada del trámite N°1732049/2843515 y el resguardo de la misma en su  despacho”. 

Ese número de expediente corresponde a la firma Hotesur SA.

Lo curioso del caso, es que el memo contenido en el sumario pide por un documento específico (N| de Trámite 2.843.515) referido una sanción por la mora en la presentación de los documentos societarios de parte de Hotesur SA, como si esa sanción debiera ser sacada del escrutinio general.

El segundo pedido es realizado por la Dirección de Sociedades Comerciales a la Dirección Administrativa que, como se dijo, era administrada por Karina Bellizi. 

Esta funcionaria fue luego desplazada por Joaquín Velázquez  Coccia, un militante de La Cámpora.

Dos días después de hacer su pedido, Bellizi recibió el mismo requerimiento de parte de la oficina de judiciales con el listado de las seis empresas previamente mencionadas. 

Es decir, que luego que le fuera remitido a Bellizi, se le ordenó que las copias fueran puestas a resguardo por sus colegas de judiciales. 

Y el 17 de noviembre, la delegada administrativa incorpora al expediente una nota en donde informa que el trámite de guarda ya fue completado.

Desde entonces, ni siquiera los empleados rasos de mayor confianza pueden acercarse a los expedientes que custodian los directivos de la IGJ.   

Como se dice dentro de la Inspección, “los trámites están en la  caja fuerte”. 

Es  un modo de resumir cuando un documento descansa en las bóvedas de los jerarcas, donde por ahora nadie fuera del círculo de confianza de la dirigencia camporista de la IGJ ha logrado llegar.

Quedará también por dilucidar la ayuda oficial hacia el vicepresidente Amado Boudou, “poniendo a resguardo”  de ojos ajenos,  la documentación de esas empresas.

 

fuente

"elimimando variables", 01.11.2015