¿ESTADO "PATRON" = ESTADO "TUMOR"?

ESTADO "PATRON" =ESTADO "TUMOR"?

Domingo, 19 de abril de 2015

Empleo: 8 de cada 10 puestos nuevos los generó el Estado

Según el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el sector público fue durante el 2014 el mayor empleador. El sector privado continúa estancado.

El sondeo toma en cuenta trabajadores entre los 20 años y las edades jubilatorias; 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en los hombres.Autor: Miguel Cicconi / Diario UNO.

 

En el 2014 la mayor parte del crecimiento de la población en edad de trabajar permaneció en la inactividad o se insertó como empleado público. Por ello, la falta de oportunidades laborales no se manifiesta en crecimiento del desempleo abierto. 

Los datos se desprenden del último informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) de acuerdo a la información que publica el INDEC en la última Encuesta Permanente de Hogares que refleja todas las cifras del 2014.  

El INDEC terminó de publicar las bases de datos de la Encuesta Permanente de Hogares referidas a todos los trimestres del año 2014. Esto permite mejorar los diagnósticos sobre la situación del mercado de trabajo. 

Una manera de evaluar la evolución del mercado laboral es observando los diferentes tipos de estados ocupacionales que van adquiriendo las personas en edad de trabajar. Si bien convencionalmente se toma como edad de trabajar a las personas mayores de 15 años, a los efectos de evitar algunas distorsiones que resultan del empleo entre los adolescentes resulta más pertinente considerar a las personas entre los 20 años y las edades jubilatorias (60 para las mujeres y 65 para los varones).  

Según los datos del INDEC, del total del aumento de la cantidad de personas que vive en los centros urbanos de todo el país y tienen entre 20 años de edad y la edad jubilatoria, se observa que entre los años 2013 y 2014, el 66% representa a las personas que no trabajan y no buscan trabajo, es decir son inactivos desde el punto de vista  laboral. Un 9% son personas que buscan trabajo pero no lo encuentran, es decir son desempleados. Y un 25% están ocupadas, de los cuales el 85% son empleados públicos. 

Estos datos muestran que casi dos tercios del aumento en la cantidad de personas en edad de trabajar no ingresaron al mercado de trabajo. De los que lo hicieron, algunos pocos entraron en situación de desempleo abierto y un cuarto consiguió algún tipo de ocupación. 

Resulta muy notable (y preocupante) que la gran mayoría de los empleos adicionales generados fueron en el sector público. Aproximadamente 8 de cada 10 de los nuevos empleos generados en el año 2014 fueron en el Estado, refiere el informe.

“El leve aumento del desempleo abierto refleja de manera muy parcial la insuficiente generación de oportunidades laborales de calidad. El fenómeno más importante es que se intensificó la inactividad laboral”, se detalla en el informe.

Probablemente esto refleje el desaliento de muchas personas en edad de trabajar ante las muy bajas probabilidades de conseguir un empleo y el deficiente diseño e instrumentación de los programas asistenciales que inducen a que la gente permanezca en la inactividad. Pero también es muy relevante la falta de creación de empleos asalariados privados registrados al punto que sólo se generaron oportunidades laborales en el sector público y, en menor medida, en el informal, advierte el análisis del Instituto.  

No es la primera vez en la Argentina que los déficits laborales no se manifiestan a través del desempleo abierto sino por la inactividad y las ocupaciones de bajo nivel de productividad. 

“Esto lleva a alertar sobre el riesgo de subestimar la gravedad de los problemas laborales. La estrategia de absorber la mayor parte de la fuerza de trabajo en empleos  en el Estado e inducir a la inactividad laboral a través de programas asistenciales es insustentable. Implica desaprovechar el capital humano disponible y está limitada a la disponibilidad de recursos fiscales. A medida que el déficit fiscal se vuelva más insostenible, se impondrá la informalidad como último recurso para subsistir.”, se sostiene en el informe. 

Conclusiones

Desempleo, inactividad laboral y empleos de baja productividad son las dimensiones que señalan la enorme insuficiencia de empleos de calidad. Esto plantea un desafío que sólo podrá ser abordado con éxito si, además de corregir la política económica, se abordan profundas reformas en las instituciones sociales. Mejorar el desempeño del sistema educativo, reducir impuestos al trabajo, eliminar burocracia y litigiosidad laboral, y rediseñar los programas asistenciales para inducir a la búsqueda de empleo, forman parte de la agenda extremadamente desafiante que le espera al gobierno que vendrá.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino es un centro de estudios, independiente y sin fines de lucro, especializado en la temática del mercado laboral; el sistema educativo y de capacitación laboral; la seguridad social; el sistema de salud y la asistencia social. Las investigaciones están centradas en las políticas públicas vinculadas con el desarrollo social del país y del resto de Latinoamérica.

►Segmentos. Del total de la población a nivel nacional, según el INDEC el 66% es inactiva, el 9% está desocupada y el 25% tiene trabajo. 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

Jubilados: a 7 años del fallo Badaro, la recomendación del Defensor Nacional se mantiene vigente

Se ha informado recientemente que en los Juzgados de la Seguridad Social ingresan, en promedio, unas 150 nuevas demandas de jubilados por día vinculadas al reclamo de reajuste de los haberes y que, además, un gran número de jubilados todavía aguarda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación extienda el fallo Badaro.

Es por aquellas circunstancias que, diversos medios se hicieron eco de la resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación que requiere que, en base al fallo Badaro, y para evitar que cada jubilado tuviese que hacer un juicio individual en relación a un reclamo sobre el que ya se expidió la Corte. Igualmente, esta Defensoría presentó una demanda de “acción colectiva” para que todos los jubilados cobraran por igual, hubieran hecho o no un juicio. Sin embargo, el pronunciamiento del Alto Tribunal se demora y las demandas judiciales individuales siguen creciendo.

En dos oportunidades, en relación a la demanda de “acción colectiva”, la Corte le pidió a la ANSeS que presentara un informe económico financiero. ANSeS respondió que no podría cumplir un fallo “colectivo”, aunque al mismo tiempo sostiene que cuenta con superávits. La Corte aún no se pronunció al respecto.
En el fuero de la Seguridad Social existen, aproximadamente, 300 mil demandas de jubilados sólo por reajuste de haberes, mientras que en la Cámara hay 10 mil causas por cada Sala.

Ver Resolución Nº 0107/2007 "Que todos los jubilados y pensionados obtengan iguales derechos a los otorgados por sentencia al Sr. Badaro"

CPN. Carlos Haquim
Secretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación

Carlos Haquim

RESOLUCIÓN Nº 0107/2007

07/12/2007

Que todos los jubilados y pensionados obtengan iguales derechos a los otorgados por sentencia al Sr. Badaro

SE RECOMENDÓ AL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: DISPONER DE MEDIDAS PARA QUE TODOS LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS OBTENGAN IDÉNTICOS DERECHOS A LOS OTORGADOS POR LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL SR. BADARO. 

 

VISTO, la actuación Nº 5194/07, caratulada: "sobre reclamo por reajuste de haberes" y SETECIENTAS TRES (703) actuaciones con el mismo objeto que tramitan acumuladas a la principal, y:
CONSIDERANDO:

Que según se desprende de las innumerables actuaciones que tramitan en la Institución, jubilados y pensionados nacionales solicitan la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación a efectos de obtener el reajuste en sus haberes previsionales. Que las personas que se han presentado ante esta Defensoría son coincidentes en señalar lo exiguo de los haberes que perciben y la forma en que se han deteriorado sus posibilidades de hacer frente a las necesidades más elementales, ya que los permanentes aumentos en el costo de vida no han sido acompañados por igual tratamiento en sus jubilaciones y pensiones. 

 

Que además manifiestan que la brecha entre los salarios de las personas en actividad y los haberes jubilatorios es cada vez mayor, lo que implica una notoria injusticia, ya que no se mantiene una determinada relación con los aportes realizados por aquellos durante su vida laboral al sistema previsional. Que el Constituyente ha establecido previsiones respecto de los derechos de la seguridad social en el artículo 14 bis de la Carta Magna y mediante la incorporación de tratados de Derechos Humanos a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Que la norma citada en primer término dispone :"�el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable�en especial la ley establecerá� jubilaciones y pensiones móviles". Que, como sabemos, la movilidad establecida en la norma constitucional implica la necesidad de disponer de una pauta objetiva para realizar ajustes en los haberes, de manera tal que se cumpla con la finalidad de la garantía constitucional, esto es, acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios en actividad.

 

 Que, por otro lado, como ya adelantáramos, la DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE establece el derecho a la seguridad social en los siguientes términos"Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia". 

 

Que también la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ha regulado los derechos a que me refiero en su art. 25: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". 

 

Que asimismo en lo relativo a los pactos incorporados a nuestra Constitución Nacional por la reforma de 1.994, el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES se ha referido al derecho a la seguridad social en los siguientes términos: "Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social". 

 

 Que volviendo a la norma contenida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, lo atinente a la interpretación del concepto de movilidad de los haberes previsionales ha sido recientemente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: "Badaro, Adolfo Valentín c/A.N.S.E.S. s/ reajustes varios". Que en dicha resolución la Corte estableció que el art. 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones, dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método. 

 

 Que a ello agrega la advertencia de que la reglamentación a dictarse por el Congreso debe ser razonable y no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral. Que asimismo, el fallo expresa que desde el año 2003 se consolidó un proceso de recuperación de las variables salariales, que no se reflejó en un contemporáneo reconocimiento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias. 

 

Que, también resulta del pronunciamiento del Tribunal que no es posible convalidar una postergación indefinida de los haberes de aquellos pasivos que no resultaron alcanzados por los sucesivos decretos que establecieron aumentos fijos, ello porque la amplitud de facultades que se han reconocido para organizar el sistema en lo que a la movilidad se refiere, debe entenderse condicionada a que se ejerciten dentro de límites razonables, o sea de modo que no se hieran de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social. 

 

Que a su vez, señala la resolución que la ausencia de aumentos en los haberes del demandante no aparece como el fruto de un sistema válido de movilidad. Ello porque no cumple con la finalidad de la garantía constitucional en juego, que es acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios en actividad. Que, en definitiva, en la sentencia referida la Corte entiende que la norma constitucional que consagra la movilidad de las jubilaciones y pensiones se dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer los criterios -razonables- que estime adecuados a la realidad mediante la reglamentación pertinente. 

 

Que el Alto Tribunal puso en conocimiento del Poder Ejecutivo y del Honorable Congreso de la Nación las consideraciones contenidas en la sentencia a efectos de que en un plazo razonable se tomaran las medidas aludidas. Que el día 26 de noviembre del corriente año el Tribunal ratificó en una nueva resolución, todas las consideraciones atinentes al régimen de movilidad y declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 24.463 que establece que "A partir de la vigencia de la presente ley todas las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto�". 

 

Que la Excma. Corte reiteró que resulta necesario a efectos de asegurar la movilidad de las jubilaciones y pensiones el dictado de una norma que establezca pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional, no resultando suficiente la inclusión de un porcentaje determinado en la ley de presupuesto - en el caso la Ley 26.198 incluyó un 13% a ser percibido por todos los jubilados -, pues no satisface los requisitos fijados por el Tribunal en su sentencia anterior. Que ambas resoluciones de la Corte son precisas al establecer el alcance de la garantía constitucional de la movilidad de las jubilaciones y pensiones, garantía que según surge del último pronunciamiento, reitero, no se satisface con la fijación anual de un determinado aumento en la ley de presupuesto, sino que exige el establecimiento de pautas objetivas que permitan la adecuación de los haberes a las contingencias económicas generales. Que, a pesar de que el más Alto Tribunal se ha expedido en el sentido indicado, el único beneficiado por las resoluciones analizadas será quién demandó la recomposición de sus haberes, lo que se constituye al mismo tiempo una situación de justicia para el nombrado y de desigualdad e injusticia para el colectivo de pasivos que por las más diversas razones no han tenido la posibilidad de acceder a los estrados judiciales. 

 

Que el máximo órgano de asesoramiento de la Administración Nacional ha considerado que la jerarquía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determina el carácter definitivo de sus sentencias, así como la armonía que debe haber entre los distintos órganos estatales, y la necesidad de ahorrarle al Estado los gastos que se derivarían de acciones judiciales previsiblemente desfavorables, circunstancias que, en definitiva, determinan la conveniencia de que la Administración Pública se atenga a los criterios del máximo Tribunal en cuanto a la aplicación e interpretación del Derecho. (conf. Procuración del Tesoro de la Nación, Dictamen 231:189). 

 

Que el principio de igualdad de todas las personas ante la ley según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste tratar a todos los iguales de una misma manera. (conf. Fallos 320:2151). Que el principio de buena fe que debe primar en todos los actos estatales impone a la Administración el máximo cuidado en respetar e implementar a favor de sus administrados políticas efectivas en cuanto al reconocimiento de derechos que han sido judicialmente consagrados, resultando irrazonable y arbitrario establecer diferencias de trato en situaciones substancialmente idénticas. 

 

 Que no es justo ni razonable exigir que nuestros jubilados y pensionados efectúen reclamos administrativos o judiciales cuando el Máximo Tribunal del país se ha pronunciado respecto de una cuestión estrechamente vinculada con el monto de sus haberes. 

 

 Que, la gran mayoría de las personas que integran la clase pasiva de nuestro país no tienen la posibilidad (por enfermedad, edad , falta de información recursos, etc.) de acceder a la jurisdicción administrativa o judicial para obtener el reconocimiento de sus derechos previsionales. 

 

 Que los jubilados son -en general- un grupo vulnerable de la sociedad, que amerita a encauzar sus necesidades a objetivos acordes con la dignidad humana. 

 

 Que muchos integrantes de la clase pasiva no viven en las condiciones adecuadas, pues su beneficio jubilatorio no se ajusta a las normas y principios plasmados en nuestra Constitución Nacional o es fruto de una liquidación obtenida como resultado de una normativa errónea. 

 

Mucho menos se ajusta a sus necesidades mínimas y básicas, por cierto altamente insatisfechas. Que este debe ser el momento de dispensar un trato adecuado a nuestros ancianos y reconocérseles el derecho a percibir el haber que legalmente les corresponde, pues está influido por las normas de conducta que la sociedad aprueba y que el Estado con su acción debe respetar, máxime, ahora que la interpretación realizada por nuestro más Alto Tribunal, ha despejado toda duda respecto de la extensión y comprensión de la garantía de movilidad de las jubilaciones y pensiones consagrada en la C.N. Que, como sabemos, una cantidad importante de jubilados y pensionados -unos setenta y dos mil- ha efectuado su reclamo de reajuste de sus haberes previsionales en las instancias judiciales correspondientes. Que, sin embargo, un sector mucho más importante, que algunas estimaciones hacen llegar al millón de personas, no ha tenido la posibilidad de defender sus derechos vulneradosen el sentido antes indicado. 

 

 Que el acceso a la justicia no debe limitarse a los casos sometidos a la resolución de los órganos jurisdiccionales. Es el propio estado el que a través de sus diferentes estamentos debe impedir que derechos ya consagrados resulten violados sistemáticamente. 

 

Que sectores de bajos recursos, como gran parte del colectivo que constituyen los jubilados y pensionados objeto de la presente, se encuentran en situación de marginalidad jurídica, de hecho se hallan marginados del derecho, de las instancias administrativas y judiciales. La falta de acceso tiene raíces de las más diversas. Pero muchas de ellas van más allá de lo económico dado que existen también barreras de carácter subjetivo como por ejemplo la no identificación de las posibilidades que brinda el sistema judicial. 

 

 

Que, en el presente análisis no podemos dejar de considerar que en el universo de jubilados y pensionados confluyen los dos factores expuestos en el párrafo precedente. A estos debemos sumarle otro condicionante como es el de la edad con los problemas de salud y movilidad física que conlleva, convirtiéndolo en el sector de mayor vulnerabilidad. Que el Defensor del Pueblo de la Nación tiene asignadoel deber constitucional de defender los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes.

 

 Que para el cumplimiento de su misión, la Constitución y las leyes le han atribuido facultades expresas, entre ellas la representación de los derechos colectivos, la legitimación procesal, la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicaspara requerirles la adopción de políticas activas que resguarden los derechos de los ciudadanos. 

 

Que la Administración siempre debe tener la posibilidad de corregir las situaciones jurídicas contrarias a derecho y disvaliosas para los administrados. Resulta en consecuencia imperativo que el P.E.N. haciendo uso de sus competencias administrativas y en su caso de la iniciativa legislativa que le ha sido atribuida, resuelva adecuadamente la situación de injusticia y desigualdad de todos aquellos jubilados y pensionados a quienes no les alcanza la cláusula constitucional de movilidad en sus haberes. 

 

Que reitero, resulta aconsejable que sea la propia administración la que en ejercicio de sus competencias ponga en un plano de igualdad a los ciudadanos que se encuentran en las mismas condiciones, lo que evitaría el dispendio jurisdiccional que implicaría la iniciación de acciones por cada uno de ellos en obtención del reconocimiento de su derecho, o, en su caso la necesidad dela representación del colectivo de jubilados y pensionados por elpropio Defensor del Pueblo con el objeto de lograr idéntico reconocimiento mediante una sentenciade carácter general,que beneficie al universo de pasivos a quienes corresponde el derecho a la movilidad en sus haberes. Por ello,

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Recomendar al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros que disponga todas las acciones a su alcance, en un tiempo perentorio, para que todos los jubilados y pensionados obtengan idénticos derechos a los otorgados por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Sr. Adolfo Valentín Badaro.
ARTICULO 2º.- Regístrese, notifíquese en los términos del artículo 28 de la Ley Nº 24.284, publíquese en el Boletín Oficial de la Nación y resérvese.
RESOLUCIÓN Nº 0107/2007

 

(facebook, I, Garcia, 04.05.2015)

 

MIRADA ESPAÑOLA

MIRADA ESPAÑOLA

COLUMNA

Argentina en transición

Es de alto riesgo investigar al poder, Nisman murió por hacerlo

Héctor E. Schamis 3 MAY 2015

La ciudad de la furia no volverá a ser lo que era entonces. Después de Nisman, se huele y se respira una violencia latente, pero mucho más profunda. El clima político nunca fue tan tóxico desde 1983, cuando los militares abandonaron el poder. La analogía porque los porteños, tal vez los argentinos en general, han optado por el mismo mecanismo de defensa de entonces: la negación. 

 

En aquellos años ningún vecino había visto el operativo represivo de la noche anterior. Nadie había sido secuestrado, nadie había reparado en los automóviles sin placas, ni en aquellos sujetos con trajes arrugados y gafas de sol en medio de la noche. El más negador hasta se animaba a un “por algo habrá sido”.

Siempre es un desafío explicar cómo y porqué una sociedad se mete para adentro y niega, firmándole un cheque en blanco al despotismo. Cuando en diciembre de 1983 Raúl Alfonsín creó una comisión para investigar aquellos hechos, el país se desayunó con lo que ya sabía pero había negado. El paralelo ilustra este presente. Un fiscal muerto —asesinado, según cualquier pericia seria— y un gobierno que desde entonces se dedicó a matarlo muchas otras veces, ahora con el arma de la calumnia. Como resultado, el país no quiere hablar más de Nisman. Tal vez haya vuelto la negación, o la sociedad le creyó a la usina difamadora oficialista. Quizás pronto escucharemos “por algo habrá sido”. Sería un círculo completo.

Investigar al poder es toda una definición de un sistema democrático.

En este marco, el clima electoral comienza a levantar temperatura, con sucesivas elecciones en diferentes distritos hasta la presidencial de octubre. La toxicidad irá en aumento. En lo que indica una inexorable transformación del sistema de partidos, se va confirmando la lenta agonía del radicalismo, la saturación de la clase media con el kirchnerismo y la fragmentación del peronismo, al punto de su disolución como identidad política. El PRO se consolida como un partido urbano, tal vez el más importante. Es incierto hoy si le alcanzará con eso para llevarse el premio mayor.

En el escaso tiempo libre de una campaña, la elite política intenta pensar en el cambio de ciclo, las políticas de largo alcance y sus consensos necesarios. Esa fue la convocatoria de esta semana del periódico Clarín, para reflexionar sobre la política grande: ¿Qué clase de acuerdos entre los partidos son necesarios para la gobernabilidad democrática y para recuperar la senda del crecimiento económico?

Después de doce años de gobierno Kirchner, a nadie escapa la degradación institucional. Resulta casi obvio que antes de acordar las políticas, el gran pacto argentino es forjar consensos para reconstruir el tejido institucional, lo cual incluye volver a despolitizar las instancias neutrales del Estado. Argentina no tiene estadísticas creíbles, por ejemplo. El oficialismo convirtió al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en una operación partidaria que informa lo que se le ordena desde el Ejecutivo. Tampoco tiene política monetaria independiente. El gobierno también politizó al Banco Central, ahora nombrando directores con mandatos posteriores al cambio de gobierno.

El kirchnerismo destruyó la carrera del servicio exterior, colonizando la diplomacia profesional con apparatchiks, individuos carentes de la experiencia y las condiciones intelectuales necesarias. Argentina no tiene diplomacia en el sentido estricto del término. Su política exterior es por ello errática, incoherente y opaca. La Presidente acaba de firmar múltiples acuerdos con la Rusia de Putin, los que aparentemente incluyen acuerdos militares y de energía nuclear. Es que la letra chica de esos acuerdos no se conoce, tamaña opacidad. Nadie está interesado en importar un Chernóbil.

Esto como ilustración, porque la degradación institucional es aún más profunda, comprendiendo la esfera de los derechos y garantías constitucionales. En Argentina es de alto riesgo investigar al poder, ya sea cuando lo hace un periodista o cuando lo hace un fiscal. El problema es que investigar al poder es toda una definición de un sistema democrático. Ello está anclado en una Constitución que asegura derechos, los cuales se materializan por medio de la justicia independiente y de la libertad de prensa. Con una justicia independiente, el Estado puede perder un juicio: ello limita la discrecionalidad. Con periodistas capaces de criticar, se empodera a la sociedad para hacerlo: ello genera debate y participación. De eso se trata vivir en democracia, algo que solo existe a medias en la Argentina de hoy.

Si se piensa en grandes pactos políticos para una Argentina en transición, entonces se debe recordar que los acuerdos pendientes son precisamente institucionales. La transición política vuelve a ser equivalente a un cambio de régimen, una transición a la democracia. Treinta y dos años más tarde, habrá que volver a empezar. El Fiscal Nisman es la metáfora más elocuente de ello: murió por investigar al poder.

FUENTE
"EL PAÍS" (España), 03.05.2015

CRISTINA VS. CRISTINA

CRISTINA VS. CRISTINA

• Política
• 03/05/15
• Clarin.com

Cristina y sus notables giros discursivos para preservar el relato

La ex diputada y senadora Vilma Ibarra contrasta en su flamante libro las posiciones de la Presidenta con las que mantenía antes de llegar al Poder Ejecutivo.

"La supervivencia del relato es un objetivo central para Cristina. Ella cree que de ello depende el lugar que ocupará en la historia y también la posibilidad de conservar importantes cuotas de poder para condicionar a futuros gobiernos. Necesita que pueda sobrevivir un espacio político relevante en el escenario nacional que la siga teniendo como referente. Por eso, su esfuerzo hasta el final del mandato estará destinado a salvar el relato".

Esta es una de las conclusiones a las que arriba Vilma Ibarra (senadora 2001-2007; diputada 2007-2011) en su libro "Cristina versus Cristina. El ocaso del relato", de editorial Planeta.

Se trata de 376 páginas en las cuales se desmenuza los discursos y las intervenciones de Cristina Fernández en su largo recorrido político, desde el Congreso hasta la Casa Rosada. Un trabajo que insumió a la autora mas de dos años y medio y recopila alrededor de 500 citas, que contrasta con la realidad y con palabras posteriores.

El libro apunta, sin dudas, a desnudar el relato pero esboza, a la vez, un retrato de la hoy Presidenta. Ibarra muestra a Cristina como una mujer de coraje, luchadora, bastante inescrupulosa, con un enorme desapego a la verdad y dispuesta a reescribir hacia atrás todo lo que necesite reescribir, cuya principal obsesión es conquistar, consolidar y retener poder.

Siempre es posible descubrir un anverso y un reverso en el comportamiento presidencial.A continuación se reproducen principales tramos del libro.

En 1996 ante el escándalo por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, Cristina expuso en el Senado sobre la difícil situación del entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, a quien la reclamaba la renuncia. "Es recurrente la afirmación del ministro en el sentido de que hasta tanto no tenga fin la investigación parece que no pudieran determinarse responsables, con lo cual esto conduciría a una curiosa lógica: que los ministros en este país o se van presos o no se van de ninguna manera". La autora recuerda, como contraposición, entre tantas, la permanencia de Amado Boudou como vicepresidente, con dos procesamientos firmes y al borde de un juicio oral.

En 1994 defendió enfáticamente el pacto de Olivos firmado por Carlos Menem y Raúl Alfonsín. "Se levanta fundamentalmente la conceptualización del acuerdo político no con connotaciones de pacto espurio sino como un acuerdo entre partidos mayoritarios para abordar una situación política e institucional". Sin embargo -apunta Ibarra- Cristina hizo un giro en su campaña para ser senadora por Buenos Aires en el 2005. Habló de "pactos de perpetuación en el sillón de Rivadavia no para seguir haciendo cosas sino para seguir con el latrocinio". Ya consagrada tuvo un fuerte intercambio sobre el Pacto con el senador radical Ernesto Sanz. "La intención (del Pacto) no fue atenuar el hiperpresidencialismo. Fue ver como se distribuía el poder en la Argentina", viró.

En 2013 Cristina propuso una reforma judicial que promovía la elección de los jueces por mayoría simple y no por los dos tercios establecidos en la reforma constitucional de 1994, de la cual había formado parte. En el 2005, cuenta Ibarra en el libro, la mirada de la ahora mandataria estaba fijada en las antípodas. Al hablar en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, destacó la necesidad de "conservar las mayorías calificadas de las dos terceras partes para la selección y destitución de jueces en el Jurado de Enjuiciamiento con el objeto de evitar la conformación de mayorías fàciles en procedimientos tan importantes como la selección de magistrados".

La autora recoge declaraciones periodísticas de Cristina en 1999: "Es posible tener en la Argentina un discurso unívoco, esté uno en el llano o esté uno en el poder?. ¿O vamos a ser condenados eternamente a escuchar a los dirigentes con un discurso cuando son oposición y, de repente, cuando se convierten en oficialismo, con otro discurso?.

Un capítulo especial está dedicado a la relación de Cristina (también de Néstor Kirchner) con los medios de comunicación. El ciclo conflictivo, desde el 2008, es bien conocido. Ibarra refresca la que llama "La etapa de las mieles". Cuando por ejemplo, en el 2003, en el Senado, al impulsar una investigación contra Luis Barrionuevo, pretendió incorporar en el expediente un testimonio periodístico porque consideró que "son instrumentos claros, concretos y objetivos que no han sido producidos por ninguno de los sectores involucrados".

Un capítulo también revelador está referido a YPF, su estatización y sus vaivenes. La historia reciente permanece fresca. La autora bucea en los tiempos de la privatización, en la época de Carlos Menem. Menciona el proyecto elaborado en ese sentido por Cristina en septiembre de 1992 cuyo texto fue informado por el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli. Se subrayó que la ley de privatización "va a oxigenar a nuestro gobierno y va a representar una bocanada de aire puro que fortalecerá al presidente Menem". Ibarra señala que "la web esta repleta de documentos gráficos y registros orales que ratifican la militancia activa y el compromiso de Néstor y Cristina con esa privatización.

El capitulo de cierre del libro refiere al caso AMIA, la muerte de Nisman y las relaciones del poder con la ex SIDE. La autora recuerda como Cristina en el juicio oral por la conexión local del atentado (2003) dijo que siempre había sospechado que "desde lo mas alto del poder" no se había trabajado para esclarecer el atentado y sostuvo que temía que la llamada pista siria "llegara hasta la primera Magistratura de la República", en alusión a Menem. Remarcó que "la SIDE dependía del Presidente, asi que no había que ser demasiado fantasioso para explicarse por qué no se avanzaba en esa pista". Este razonamiento es diametralmente opuesto -apunta Ibarra-al que utilizó cuando acusó a los servicios de inteligencia, que ella había desplazado de la ex SIDE (entre ellos Jaime Stiuso) un mes antes, de estar "detrás" de la muerte del fiscal. Cristina vio a Menem como responsable. Se vio a ella como víctima.

FUENTE
"Clarin.com", 03.05.2015

TRABAJO EN NEGRO UNA BATALLA PENDIENTE

TRABAJO EN NEGRO UNA BATALLA PENDIENTE
UNA MIRADA GLOBAL

¿Qué lugar ocupa la Argentina en el ranking mundial de la economía en negro?

Ariel Riera 

13 abr, 2015 

 

Un estudio del Banco Mundial estimó la participación de los bienes y servicios no declarados en los distintos países. ¿Quién lidera el ranking y cómo se ubica nuestro país?

Dentro de un país existen distintas actividades productivas y de servicios que se realizan sin ser declaradas. Un trabajo de distintos economistas del Banco Mundial calcula qué porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) representó esta economía en negro entre 1999 y 2006/2007 para más de 150 países y elabora un ranking. ¿Cómo se ubica la Argentina?

Nuestro país se ubica en el puesto 107 entre los que más economía en negro tienen (25,3% del PBI), peor que Chile (116°, con 19,3%) pero mejor que el resto de los países sudamericanos, como Brasil (48°, con 39%). El primer lugar lo ocupa Bolivia, mientras cierran la tabla Luxemburgo, Estados Unidos y Suiza.

Economía informal como porcentaje del PBI. Países seleccionados, período 1999-2006/2007

Fuente: Elaboración de Chequeado en base a un informe del Banco Mundial. 

 

El estudio define a la economía informal como aquella producción de bienes y servicios legales (es decir, no incluye la producción de drogas ilegales, entre otras cosas) que es deliberadamente ocultada a las autoridades por las siguientes razones: evitar el pago de impuestos; evitar el pago de contribuciones de la seguridad social; evadir el cumplimiento de legislaciones laborales (como el salario mínimo, o la cantidad mínima de horas de trabajo); y esquivar el cumplimiento de procesos administrativos, como llenar cuestionarios estadísticos.

Las principales conclusiones son:

– “Para todos los países investigados, la economía informal ha alcanzado un gran tamaño, con un promedio ponderado del 17,2% del Producto Bruto Interno mundial”. Al mismo tiempo, considera igualmente importante la tendencia claramente descendente en el tiempo: el promedio no ponderado de los 162 países pasó del 34% en 1999 al 31% en 2007.

– “La economía en negro es un fenómeno complejo, presente en gran medida en todo tipo de economías”. Las personas, continúa, se involucran en este tipo de actividades por distintas razones, “especialmente en respuesta a las acciones de gobierno, sobre todo, impuestos y regulación”.

– “Hay disparidades regionales en el nivel de informalidad”. En el tope se ubica el África Subsahariana (por ejemplo, Mali, Etiopía y Senegal), mientras que en el otro extremo están los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que nuclea a países avanzados, como Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo.

Hay que destacar que en base a este informe la organización sobre transparencia Tax Justice Network elaboró un listado de los países donde la economía informal representa mayor cantidad de dinero. Así, los Estados Unidos se ubican primeros, ya que si bien son el segundo país con menor porcentaje de economía informal (8,6%), ese porcentaje representa el mayor monto, unos US$ 337 mil millones. Completan el podio Brasil e Italia.
 

FUENTE

"chequeado.com", 15.04.2015

EXCESOS... Y DESPUÉS... LA REALIDAD

EXCESOS... Y DESPUÉS... LA REALIDAD

• Domingo, 19 de abril de 201

Subsidios: ¿gasto o inversión del Estado?

Utilizados por el Gobierno para abaratar tarifas de distintos servicios, entre otras cosas, han ido creciendo y justifican buena parte del déficit fiscal. El debate sobre si hay que beneficiar a la oferta o a la demanda.

 

El exceso

Sebastián Laza - Economista

El “término medio” parece que no existe en este país. Es la famosa historia del “péndulo argentino” de los últimos 70 años, donde por épocas nos hemos ido hacia políticas fuertemente intervencionistas y de pesado gasto público (como ahora), para luego virar hacia impopulares planes de ajuste y estabilización, con fuertes recortes de gasto público, obligados por los excesos anteriores, pero no siempre bien realizados.

La decisión kirchnerista de girar 180° con respecto a una Convertibilidad con graves desaciertos, lo llevó a fijar prioridades sociales ambiciosas (lo que no está mal), y que en pocos años instaló como nuevo diktat que clase media y baja debían tener una pléyade de productos y servicios a precios muy bajos (lo que tampoco está mal), pero sin importar mucho el cómo (lo que sí está mal). 

De esta forma, durante la última década, vastos sectores de la sociedad argentina han gozado de electricidad, gas natural, agua, combustibles, transporte público, fútbol televisado, entre otros, a precios extremadamente bajos, donde el Estado se hizo cargo (en gran parte) de este “abaratamiento”, subsidiando a la oferta (lo que llevó a un fuerte déficit fiscal), y también “obligando” a las empresas de servicios a cobrar tarifas con bajos márgenes de ganancia (lo que llevó a una fuerte desinversión).

O sea, irresponsabilidad del gobierno en ambos casos: fuerte exceso de gasto público (generador de inflación) y fuerte distorsión en los mercados de servicios (generador de desinversión). Se miró solo al corto plazo, cuando los estadistas también miran el largo plazo. 

Adicionalmente, hubo un fuerte incremento en las prestaciones previsionales-sociales (que también son subsidios), principalmente en jubilaciones y asignaciones por hijo, y que si bien dotaron de un “piso de consumo” importante a la economía (que sirve de política fiscal contracíclica), también impactaron fuertemente en el gasto público, dado el volumen de nuevas prestaciones que se incorporaron.

En los últimos tiempos, pareciera que Cristina se ha dado cuenta que el exceso de subsidios es un problema, y ha intentado empezar a sacarlos, muy de a poco (principalmente en lo que es electricidad y gas, y solo a ciertos sectores de clase media), pero claro, el agujero en el presupuesto ya se hizo enorme, y la velocidad de la disminución de subsidios es mínima.

Además, la baja en calidad (por deficiente inversión) en estos servicios ya se hizo alarmante (en especial la luz domiciliaria), agravando el problema y malhumor social.

La cuestión de fondo es que el exceso de subsidios ya quedó instalado y Cristina no tiene voluntad política de hacerse cargo del ajuste (el déficit fiscal ya es de 5% del PBI, financiado en buena parte con emisión monetaria), por lo que quedará para el próximo presidente el intentar reordenar un poco el problema.

No será tarea fácil, pero no hay muchas opciones, y una cara nueva, en su primer año de gobierno, debe ocuparse sí o sí de estas cuestiones. 

Por eso los mercados están optimistas, saben que a partir de 2016 se viene un giro hacia cierta racionalidad (por convencimiento o por necesidad, pero giro al fin), ya que los parches de Cristina-Kicillof aguantan con suerte hasta diciembre.

FUENTE

 "LOS ANDES", 19.04.2015 

{Un comentario: Una triste ironia la mayor concentración porcentual de subsidios se registra en Capital Federal y Buenos Aires, donde perdió las elecciones de 2013 y las recientes primarias (Capital Federal). En el caso de Buenos Aires fue derrotado en 2013 y el panorama para este año no es nada claro. Es para reflexionar que ni así se garantiza ganar}

EL MOMENTO DE LA VERDAD

 EL MOMENTO DE LA VERDAD

Actualidad Por Fernando Gutierrez

Martes 28 de Abril de 2015

Sin billetera, ¿menos votos Nac&Pop?: la fuga de electores K ya encendió la luz de alerta en el Gobierno

28-04-2015 Hay algo que va más allá de la buena o mala elección de precandidatos o de la estrategia comunicacional. En filas K un gran tema de preocupación es la pérdida de buena parte del electorado ahora que la caja oficial luce "agotada". El problema del "populismo sin billetera" y el "síndrome Fito Páez" 

Temas: Gobierno, billetera, populismo, elecciones

Son horas difíciles para el kirchnerismo, al que no le quedó ninguno de los "premios consuelo" a los que se suele echar mano tras un revés electoral.

Hasta ahora, siempre había algún argumento para minimizar el peso anímico de una derrota. En algunas ocasiones, como sucedió en Mendoza, se planteó que la diferencia en las urnas fue mucho menor a la que habían marcado las encuestas. Y que la posibilidad de pelear la gobernación no estaba cerrada para el peronismo.

En el caso de Santa Fe, donde el tercer puesto logrado resultó demasiado lejano como para poder alentar cualquier posibilidad de disputar el poder, los kirchneristas encontraron también el consuelo de constatar que -tras haber sufrido un retroceso- los candidatos peronistas habían empezado un camino de recuperación.

Pero lo que dejaron las primarias en Ciudad de Buenos tiró abajo toda posibilidad de compensar la derrota con el "relato".

Al papelón inicial de haber festejado un segundo puesto inexistente, se suma ahora la depresión que dejan los "números finos".

Como por ejemplo que la performance del Frente Para la Victoria  (FpV) fue peor este año que la que había logrado Daniel Filmus en los anteriores comicios de 2011, cuando cosechó 27,7% de los votos. Es decir, casi 10 puntos más que los que lograron Recalde y los demás pre-candidatos del sector oficialista.

Hasta el propio Aníbal Fernández, hábil declarante para disimular situaciones adversas, terminó admitiendo la contundencia de las cifras, a las que apenas intentó justificar con el argumento de que la Capital ha sido, históricamente, un territorio hostil para con el kirchnerismo.

Cifras que hablan por sí solas 

La depresión del kirchnerismo puede empeorar todavía más cuando se pasa el peine fino sobre los números y se analiza la performance electoral por comunas.

En abierta contradicción con el "relato" -que liga al proyecto de Cristina Kirchner con el apoyo de los sectores sociales más desfavorecidos-, los fríos números muestran que también en los barrios de bajos ingresos hubo un notable avance del PRO.

Y ese avance no fue en detrimento de terceras fuerzas -como queda demostrado por la buena cosecha electoral de Martín Lousteau- sino que, sobre todo, fue en perjuicio del Frente para la Victoria (ver cuadro).

Por caso, en la comuna 8, que comprende la pauperizada zona de Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, el Frente Para la Victoria se ubicó veinte puntos por debajo del 46% que lograron los candidatos macristas. En la anterior elección, esa comuna ofrecía un escenario de disputa mucho más pareja, en el cual el PRO se impuso por muy escaso margen (39% a 36%).

Para colmo de ironías, uno de los distritos en los que el oficialismo resultó mejor posicionado, con un segundo puesto en la tabla, fue Puerto Madero, que no sólo es el barrio emblemático de los nuevos ricos sino que, además, ha estado ligado a las situaciones de la corrupción, como el affaire Boudou.

Con caja oficial "agotada", ¿menos votos Nac&POP?

Hay una primera conclusión clara tras las PASO de Capital.

La baja performance del FpV no puede atribuirse sólo al histórico comportamiento antiperonista que demuestran los porteños. A fin de cuentas, ese mismo sentimiento ya era fuerte en 2011 y en aquella oportunidad el kirchnerismo hizo una elección mucho más digna.

¿Qué cambió entonces entre ambos momentos como para explicar ese bajón electoral? Esta es la pregunta que se están haciendo los estrategas kirchneristas, en busca de atenuar el daño en la elección de julio.

Por lo pronto, hay algo que parece claro: no es un problema de candidaturas. Podrá criticarse a Recalde y su gestión en Aerolíneas, pero de ninguna manera se puede argumentar que sea menos carismático que Filmus.

Tampoco podrá sostenerse que Cristina Kirchner haya demostrado menor simpatía o entusiasmo por Recalde que por Filmus, ya que lo ha ponderado reiteradas veces en actos públicos de difusión nacional por su manejo con la aerolínea de bandera.

Más bien, la sensación existente es que la pérdida de votos del kirchnerismo obedece a la desmejora en la economía. Es decir, al motivo más clásico de variación de voto en la Argentina.

En 2011 se vivía un boom de consumo, con récord de ventas en productos de los más variados, desde teléfonos celulares e indumentaria hasta automóviles.

La inflación estaba en un nivel relativamente "bajo" (21%) y -lo más importante de todo- el poder adquisitivo del salario crecía, de la mano de paritarias que ajustaban bien por encima de la suba de precios.

Ahora, en cambio, las previsiones son de un tercer año de estanflación.

Los últimos datos de consumo relevados por la consultora CCR marcan en marzo la decimoquinta caída consecutiva en la comparación interanual. Y el bajón se produce a pesar del esfuerzo oficial por impulsar la demanda a través de planes como el Ahora 12 o Renovate.

Algo que resulta evidente es que la demora de las paritarias y la reducción de los márgenes empresariales han determinado que los salarios no hayan podido defenderse frente a la inflación.

Superando el "síndrome de Fito Páez"

 Lo llamativo es que el enfriamiento de la economía no está afectando a todos por igual. De hecho, mientras lo sufre el kirchnerismo el PRO amplía su base de apoyo político.

Para los analistas, lo que se desprende de esta situación es que los oficialismos -cualquiera sea su color- siempre cuentan con un "piso" muy alto de apoyo. Es algo que se está constatando en todas las primarias provinciales.

"Hay algo que está muy claro: para ganarle al que está en el poder, si no hay una coalición muy fuerte, el gobierno tiene ventaja relativa", apunta el politólogo Rosendo Fraga.

Esta fortaleza de los oficialismos se basa en una suma de factores, donde el de más peso es el presupuesto. A través de la obra pública, de los planes asistenciales, de la relación con los referentes sociales y "punteros" barriales, el poder siempre cuenta con un hándicap respecto de sus desafiantes.

A ellos se le debe agregar la extendida práctica de hacer publicidad electoral apenas disfrazada bajo la forma de difusión de obras. En este campo no se diferencia tanto el PRO del kirchnerismo: ambos han recurrido a Internet, tv, radios, diarios y vía pública para mostrar a los mandatarios junto a sus "logros", llámense bicisenda, parques industriales, comedores infantiles o trenes.

Sin embargo, lo que se está comprobando es que la suerte de los oficialismos nacional y regional, que hasta ahora siempre iban de la mano, ahora van por caminos diversos.

Mientras los gobiernos locales mantienen una fuerte base de apoyo, al Gobierno nacional parece afectarle la situación económica.

Para algunos analistas, una palabra clave es "gestión". Incluso, el propio kirchnerismo lo evaluó de esa manera en elecciones anteriores. Por ejemplo, cuando perdió ante Sergio Massa en las legislativas de 2013 en la provincia de Buenos Aires.

En aquel momento, el politólogo Artemio López, uno de los más influyentes en la usina del pensamiento kirchnerista, argumentó que el problema principal había sido la gestión deficiente del gobernador Daniel Scioli.

Apuntaba que era un error para el kirchnerismo focalizarse en la clase media, que siempre le resultaría esquiva, y que resultaba conveniente extremar los esfuerzos en asegurarse que la maquinaria de la asistencia social no tuviera problemas logísticos.

Ante una falla estratégica de ese tipo, decía, había un porcentaje de voto "no ideológico" que fácilmente podía fugarse.

Las cifras del pasado fin de semana en Capital sugieren que también en el PRO se aprendió esa lección: los sectores más pobres de la Ciudad han respaldado de manera masiva al macrismo.

Mientras el Gobierno nacional paga el costo de aparecer como responsable por la estanflación, Macri se lleva los laureles por sus logros en la gestión en problemas concretos, como la resolución del problema de las inundaciones o la mejora del transporte público mediante el Metrobus.

Este es el punto que los analistas afines al kirchnerismo tratan de interpretar. Se preguntan cómo es posible que los sectores socioeconómicos bajos de la Ciudad se fuguen desde el FPV hacia las filas macristas.

Le pasó en 6,7,8 a Sandra Russo, biógrafa oficial de la Presidenta, quien afirmó la noche de la elección: "No me preocupa que los ricos de Barrio Parque voten a Macri, sino que gente que vive en departamentos dos ambientes crea que su futuro está ligado a un proyecto que lidera Mauricio Macri, porque se los van a llevar puestos".

En la misma tónica, Luis Bruschtein escribió un artículo de análisis donde expresa el estupor del kirchnerismo por la actitud de la clase media porteña que rechaza los modos y las políticas del Gobierno.

"Lo que hay es una paradoja: el kirchnerismo generó una amplia clase media próspera que ahora se siente amenazada por las políticas que le dieron prosperidad", afirma el analista.", afirma el analista.

Y se pregunta cómo es posible que esos ciudadanos no comprendan que "si a nivel nacional se volvieran a aplicar las políticas económicas del macrismo, la clase media de la zona sur volvería a ser pobre y arrastraría a gran parte de la clase media de la zona norte".

Es una reacción que, a esta altura, podría denominarse como el "síndrome de Fito Páez": el espanto ante la estética y el discurso de una corriente política que apenas disimula su simpatía por las políticas menemistas de los '90. Y la incomprensión por la creciente adhesión de esta fuerza política tras una década de "proyecto nacional y popular".

Pero, como ha demostrado muchas veces ante situaciones que se le presentan adversas, si algo ha caracterizado al kirchnerismo es una fuerte capacidad de recuperación.

Una vez que el enojo por la ingratitud de los votantes se diluya, volverá el diseño de una estrategia. Aún en las filas k hay quienes sueñan que es posible llegar a un balotaje con Rodríguez Larreta.

Como argumentó Artemio López, no hay que apurarse a extrapolar los resultados de las primarias a la elección "de verdad" que tendrá lugar en julio. El analista cree que, conforme pasen las semanas, el escenario político se irá polarizando entre "dos proyectos irreconciliables".

"Kirchnerismo popular democrático o neoliberalismo PRO será la disyuntiva, si la elección del candidato propio es la correcta", afirma López.

Él es uno de los firmes convencidos de que el Gobierno debe abandonar cualquier intento de lucir moderado o conciliador y reforzar su perfil "peleador".

En realidad, el candidato que más reparos le genera no es Mariano Recalde en la Ciudad, sino Daniel Scioli a nivel nacional. En definitiva, López expresa lo que muchos en el Gobierno piensan pero -al calor de las encuentas- tienen poco margen para decir.

"iProfesional", 28.04.2015