Ayer, los votos de los sectores alineados con el Gobierno se impusieron en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo. Dicha decisión suspende a los funcionarios judiciales en el ejercicio de su cargo, hasta que haya un pronunciamiento definitivo.
En su argumentación, el oficialismo acusó a los camaristas de irregularidades en dos causas con fallos adversos al Estado nacional. Los denuncian por no citar al fiscal en los litigios -lo que vale la denuncia de violación de garantía de defensa en juicio del Estado-, y de haber provocado un perjuicio patrimonial en el erario público al ordenar el pago inmediato de los jubilados.
En el caso de Herrero, le endilgan la violación del "principio de imparcialidad" por presuntamente haber contrariado la ley de ética pública y el reglamento de la justicia nacional en cuanto prescribe guardar "absoluta reserva de los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales". Esto es porque el magistrado mantiene un alto perfil mediático y, en varias entrevistas, ha expresado por qué está de acuerdo con los reclamos de la tercera edad.
"Estoy siendo perseguido. Los cargos que se me imputan son inexistentes y falaces. No hay uno solo que tenga gravedad o importe alguna inconducta. Algunos de ellos son gruesos errores jurídicos", se defendió esta mañana Luis Herrero.
"Fallo a favor de los jubilados cuando tienen razón. Generalmente tienen razón. El Estado tiene que cumplir las sentencias y esto molesta. Los fallos cuestan dinero, hay que pagar", agregó en diálogo con radio La Red.
El camarista señaló que el inicio del proceso de remoción "es muy grave porque se avanza sobre la independencia del poder judicial". "En este momento los jueces no pueden trabajar con tranquilidad. Tienen miedo. Porque si cumplen con su deber les pasa lo que les pasa. Tenemos el caso del fiscal Campagnoli, esto es tremendo. El juez que tiene miedo por preservarse manda a la guillotina a un débil", afirmó.
Y concluyó: "El juez independiente es esclavo de la Constitución y de la ley. Nadie es héroe ni pretende serlo. Sólo queremos cumplir con lo que hemos jurado y esto trae consecuencias muy graves".
Herrero y Fernández dispusieron numerosas sentencias favorables a las demandas de la clase pasiva, en las cuales dictaron medidas cautelares apoyadas en la jurisprudencia del fallo Badaro. En los recursos, los magistrados suelen intimar a una actualización inmediata de los haberes, sin necesidad de esperar el final del juicio.
El Gobierno apeló las cautelares a la Corte Suprema. Pero el máximo tribunal finalmente no hizo lugar al recurso de la Anses y le terminó dando la razón a los camaristas.
La votación estuvo dividida en la Comisión de Disciplina del Consejo. Estuvieron a favor del inicio del proceso de destitución la senadora Ada Itúrrez, del kirchnerismo, y los diputados oficialistas Eduardo de Pedro y Carlos Cuto Moreno, y el representante del Poder Ejecutivo, Julián Álvarez, junto con el académico Manuel Urriza.
En cambio, los que los rechazaron la acusación de los dos camaristas fueron los jueces Ricardo Recondo y Mario Fera, el senador radical Mario Cimadevilla y el representante de los abogados, Alejandro Fargosi.
Sin embargo, hay pocas chances de que la jugada del kirchnerismo llegue a buen puerto. El dictamen de la comisión debe ser aprobada en el plenario del Consejo de la Magistratura por dos tercios de los miembros presentes. Y el oficialismo no cuenta con ese apoyo.