“LOS ANDES”, 06.12.2012
(on line. www.losandes.com.ar)
Jubilados denuncian que la gestión de la Anses "enfrenta a
nietos con abuelos"
Todas las semanas abuelos
mendocinos se concentran para pedir el 82% móvil. Están preocupados porque el
Gobierno destina fondos a planes para los jóvenes pero descuida sus haberes.
jueves, 06 de diciembre de 2012
Ayer se concentraron en Peatonal para juntar
firmas de apoyo al 82% móvil. (Marcelo Rolland / Los Andes)
Pablo Luison -
pluison@losandes.com.ar
La palabra "jubilado" genera
controversia.
Tras décadas trabajando se tienen que resignar a cobrar la manoseada jubilación que primero administraba el Estado, después pasó a manos privadas –AFJP-, en una especie de gran negocio financiero para unos pocos, y años más tarde otra vez al Estado, sumándose así a varios procesos de reestatización por parte del Gobierno.
Entre estas idas y vueltas los jubilados siempre quedaron en medio, primero porque cuando se traspasaron los fondos a las AFJP éstas aceptaron sólo a los trabajadores a los que les faltaban más de 15 años para jubilarse, y el resto, es decir los que en esa turbulenta década del 90 ya estaban jubilados, o a los que les faltaban menos de 15 años no fueron traspasados y siguieron en el estado.
Tal vez porque el sentido de quienes manejaban los fondos privatizados de jubilaciones y pensiones no era social, sino meramente lucrativo y, de esta manera, se aseguraban los aportes de los más jóvenes y se sacaban de encima los problemas de los más viejos.
En octubre de 2008 se anunció la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y con ella, el eterno problema de los jubilados parecía vislumbrar una solución.
Una buena señal fue la ampliación de la moratoria previsional que permitió que más gente pudiera jubilarse sin haber realizado aportes, y gracias a esto más de 2 millones de personas pudieron acceder al cobro de una jubilación mínima.
Pero del otro lado quedaron los que aportaron durante 30 años y reciben una jubilación que no se corresponde con los aportes que realizaron.
Esos son los “pobres viejos” que parecen tener más trabajo ahora con los reclamos, que lo que tuvieron en su etapa laboralmente activa.
Desde hace tiempo se reúnen cada miércoles por la mañana en San Martín y Garibaldi para juntar firmas que los ayuden a mantener latente su reclamo.
Y tal vez muchos de los que pasan por allí, ajenos a la problemática, se preguntan: ¿Qué reclaman?.
Para contestar esa pregunta y otras más, Los Andes estuvo con Julio Irrazabal, secretario dela Asociación Jubilados ,
Pensionados y Retirados de Mendoza (JU.PE.RE)
“Antes que nada quiero aclarar que nosotros no hacemos política, lo digo porque cada vez que opinamos sobre nuestra situación inmediatamente nos tildan de que tenemos una intencionalidad política con todo esto”, expresó.
Irrazabal continuo explicando que a su modo de ver “el Estado tiene que tener dos tipos de políticas en este aspecto, por un lado las previsionales y por el otro las asistenciales, actualmente el 70 por ciento de los jubilados cobran la mínima, siendo que muchos de ellos han aportado para percibir lo que por ley les corresponde”.
Y continuó: “El problema es que para cubrir las asistenciales –entiéndase Asignación Universal por Hijo, plan ProCrear y demás- sacan plata de los fondos previsionales –jubilados-, nosotros estamos completamente de acuerdo con que hayan políticas asistenciales, pero los fondos tienen que salir de los presupuestos y no de la plata que durante años hemos aportado los jubilados ala Anses ”.
Irrazabal, jubilado del sector bancario, lo ejemplificó de la siguiente manera: “Es contradictorio lo que está pasando. El gobierno anuncia la construcción de viviendas para jóvenes a través del plan ProCrear, que se va a financiar con fondos dela Anses ,
entonces lo que hace es quitarle a los viejos para darle a los jóvenes, enfrenta a nietos con abuelos”.
Algunas palabras de la presidenta cayeron realmente mal en este sector de la ciudadanía. La mandataria dijo que “los buitres y caranchos no están solamente afuera”, refiriéndose a la catarata de juicios a los que se enfrenta el Estado tras la estatización de las AFJP.
También se preguntó porqué todos esos juicios no se los realizaron a las AFJP.
Irrazábal explicó “que es casi imposible realizarle juicios a las AFJP por el hecho de que éstas se hicieron cargo de los aportes de los trabajadores a los que les faltaban más de 15 años para jubilarse, es por eso que se registran muy pocos juicios contra las AFJP en la actualidad".
{En su corta vida las AFJP tuvieron una gan mayoria de aportantes y una minoria de jubilaciones efectivas)
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia cuestionó la política de la Anses de apelar las sentencias que benefician a los jubilados.
Y sobre este tema desdela Asociación Jubilados , Pensionados y Retirados de
Mendoza explicaron que en el año 2009, el Estado firmó ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), un compromiso para acelerar el pago de las sentencias
favorables a jubilados en juicios contra la Anses , y de ese compromiso se desprendía el de no
apelar esos fallos, algo que según ellos se está incumpliendo.
En datos concretos indicaron que en la actualidad hay 487.560 jubilados en litigio con el Estado, de los cuales más de 42 mil han sido apelados en lo que va del año porla Anses.
“Esto no es más que un método para dilatar la resolución a favor de los jubilados”, se lamentó Irrazabal.
Y ahí surge otro problema, conocido como “Cronoterapia” y que consiste en demorar por parte del Estado la mayor cantidad de tiempo posible las sentencias, utilizando las apelaciones como arma.
El resultado de esto en muchos casos es que los jubilados mueren antes de que se dicten los fallos a su favor.
PAMI
Pero el problema de los jubilados no empieza y termina enla ANSES , el PAMI también está
dejando mucha tela por cortar, indicaron desde la asociación a la que Irrazabal
representa.
“Ignoran la ley de creación del PAMI que en su artículo 15 establece que ‘la intervención del Instituto no podrá exceder los 180 días corridos ni ser prorrogada’, y ya lleva más de nueve años intervenido”, agregó Irrazabal.
“El PAMI no cumple con el artículo 5 de la ley 19032 que menciona que ‘el Directorio Ejecutivo Nacional tendrá que estar integrado por 11 directores: 7 en representación de los beneficiario (jubilados), 2 en representación de trabajadores activos y 2 en representación del Estado’, y esto no se va a cumplir mientras el organismo esté intervenido”, se lamentó Irrazabal.
Según indicó “A través de la resolución 546 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), dejaron sin cobertura médica a 90 mil beneficiarios de pensiones no contributivas, de los cuales 4 mil son personas discapacitadas”.
“Y así estamos, unos no quieren que los controlen ni dar explicaciones ni rendir cuentas, otros no quieren pagar impuestos ni que les toquen sus privilegios. Y en el medio están los jubilados, impotentes, asistiendo a mezquinas riñas de terceros que son indiferentes a la triste realidad dela Tercera Edad ”,
concluyó Irrazabal.
fuente
"LOS ANDES", 06.12.2012
Tras décadas trabajando se tienen que resignar a cobrar la manoseada jubilación que primero administraba el Estado, después pasó a manos privadas –AFJP-, en una especie de gran negocio financiero para unos pocos, y años más tarde otra vez al Estado, sumándose así a varios procesos de reestatización por parte del Gobierno.
Entre estas idas y vueltas los jubilados siempre quedaron en medio, primero porque cuando se traspasaron los fondos a las AFJP éstas aceptaron sólo a los trabajadores a los que les faltaban más de 15 años para jubilarse, y el resto, es decir los que en esa turbulenta década del 90 ya estaban jubilados, o a los que les faltaban menos de 15 años no fueron traspasados y siguieron en el estado.
Tal vez porque el sentido de quienes manejaban los fondos privatizados de jubilaciones y pensiones no era social, sino meramente lucrativo y, de esta manera, se aseguraban los aportes de los más jóvenes y se sacaban de encima los problemas de los más viejos.
En octubre de 2008 se anunció la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y con ella, el eterno problema de los jubilados parecía vislumbrar una solución.
Una buena señal fue la ampliación de la moratoria previsional que permitió que más gente pudiera jubilarse sin haber realizado aportes, y gracias a esto más de 2 millones de personas pudieron acceder al cobro de una jubilación mínima.
Pero del otro lado quedaron los que aportaron durante 30 años y reciben una jubilación que no se corresponde con los aportes que realizaron.
Esos son los “pobres viejos” que parecen tener más trabajo ahora con los reclamos, que lo que tuvieron en su etapa laboralmente activa.
Desde hace tiempo se reúnen cada miércoles por la mañana en San Martín y Garibaldi para juntar firmas que los ayuden a mantener latente su reclamo.
Y tal vez muchos de los que pasan por allí, ajenos a la problemática, se preguntan: ¿Qué reclaman?.
Para contestar esa pregunta y otras más, Los Andes estuvo con Julio Irrazabal, secretario de
“Antes que nada quiero aclarar que nosotros no hacemos política, lo digo porque cada vez que opinamos sobre nuestra situación inmediatamente nos tildan de que tenemos una intencionalidad política con todo esto”, expresó.
Irrazabal continuo explicando que a su modo de ver “el Estado tiene que tener dos tipos de políticas en este aspecto, por un lado las previsionales y por el otro las asistenciales, actualmente el 70 por ciento de los jubilados cobran la mínima, siendo que muchos de ellos han aportado para percibir lo que por ley les corresponde”.
Y continuó: “El problema es que para cubrir las asistenciales –entiéndase Asignación Universal por Hijo, plan ProCrear y demás- sacan plata de los fondos previsionales –jubilados-, nosotros estamos completamente de acuerdo con que hayan políticas asistenciales, pero los fondos tienen que salir de los presupuestos y no de la plata que durante años hemos aportado los jubilados a
Irrazabal, jubilado del sector bancario, lo ejemplificó de la siguiente manera: “Es contradictorio lo que está pasando. El gobierno anuncia la construcción de viviendas para jóvenes a través del plan ProCrear, que se va a financiar con fondos de
Algunas palabras de la presidenta cayeron realmente mal en este sector de la ciudadanía. La mandataria dijo que “los buitres y caranchos no están solamente afuera”, refiriéndose a la catarata de juicios a los que se enfrenta el Estado tras la estatización de las AFJP.
También se preguntó porqué todos esos juicios no se los realizaron a las AFJP.
Irrazábal explicó “que es casi imposible realizarle juicios a las AFJP por el hecho de que éstas se hicieron cargo de los aportes de los trabajadores a los que les faltaban más de 15 años para jubilarse, es por eso que se registran muy pocos juicios contra las AFJP en la actualidad".
{En su corta vida las AFJP tuvieron una gan mayoria de aportantes y una minoria de jubilaciones efectivas)
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia cuestionó la política de la Anses de apelar las sentencias que benefician a los jubilados.
Y sobre este tema desde
En datos concretos indicaron que en la actualidad hay 487.560 jubilados en litigio con el Estado, de los cuales más de 42 mil han sido apelados en lo que va del año por
“Esto no es más que un método para dilatar la resolución a favor de los jubilados”, se lamentó Irrazabal.
Y ahí surge otro problema, conocido como “Cronoterapia” y que consiste en demorar por parte del Estado la mayor cantidad de tiempo posible las sentencias, utilizando las apelaciones como arma.
El resultado de esto en muchos casos es que los jubilados mueren antes de que se dicten los fallos a su favor.
PAMI
Pero el problema de los jubilados no empieza y termina en
“Ignoran la ley de creación del PAMI que en su artículo 15 establece que ‘la intervención del Instituto no podrá exceder los 180 días corridos ni ser prorrogada’, y ya lleva más de nueve años intervenido”, agregó Irrazabal.
“El PAMI no cumple con el artículo 5 de la ley 19032 que menciona que ‘el Directorio Ejecutivo Nacional tendrá que estar integrado por 11 directores: 7 en representación de los beneficiario (jubilados), 2 en representación de trabajadores activos y 2 en representación del Estado’, y esto no se va a cumplir mientras el organismo esté intervenido”, se lamentó Irrazabal.
Según indicó “A través de la resolución 546 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), dejaron sin cobertura médica a 90 mil beneficiarios de pensiones no contributivas, de los cuales 4 mil son personas discapacitadas”.
“Y así estamos, unos no quieren que los controlen ni dar explicaciones ni rendir cuentas, otros no quieren pagar impuestos ni que les toquen sus privilegios. Y en el medio están los jubilados, impotentes, asistiendo a mezquinas riñas de terceros que son indiferentes a la triste realidad de
fuente
"LOS ANDES", 06.12.2012
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