LA CULPA NO ES DEL PORCINO
“ARGENTINA A CONTRAMANO DEL MUNDO”
Fracaso: En 12,5 años K, 2 condenas (ambos perejiles) por lavado de dinero
A menudo los libros que escriben quienes habitan la política argentina abundan en conceptos remanidos y datos sosos.
No es el caso del flamante “Argentina a contramano del mundo” (Planeta), del senador bonaerense Jorge D’Onofrio (Frente Renovador), un personaje importante para el enfoque de Sergio Massa, tanto en los temas del Poder Judicial como de la seguridad provincial.
El libro está organizado como un abecedario, de la A a la Z, y abunda en datos muy interesantes que apunta a demostrar que las políticas que ensaya la Argentina son inversas a las que prevalecen en los países que tienen éxito.
Un dato desolador es que, mientras en Japón se resuelven 97% de los asesinatos, en Provincia de Buenos Aires sólo se resuelven 5%.
Aquí un fragmento del capítulo 13, la letra N del abecedario propuesto por D’Onofrio:
Por JORGE ALBERTO D'ONOFRIO
Viernes 30 de septiembre de 2016
Las fuerzas de seguridad de Norteamérica estuvieron preparadas durante décadas para pelear la guerra fría.
Los agentes soviéticos eran fáciles de encontrar pero muy difíciles de eliminar, por su fuerza física y por el poderío de sus sofisticadas armas de combate.
Los estadounidenses debieron cambiar su estrategia tras la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS, ya que la nueva gran amenaza pasó a ser el terrorismo islámico (Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Al Qaeda e ISIS) y los narcotraficantes.
Los fundamentalistas árabes y los dealers son mucho más difíciles de encontrar porque viven en la clandestinidad, pero son bastante más fáciles de poner fuera de pelea, ya que no cuentan con escudos misilísticos, ni cazas supersónicos MIG o buques y submarinos nucleares, como tenían los soviéticos.
En consecuencia, los “Rambo” y los “boina verdes” que tanto nos entretuvieron en las salas cinematográficas dejaron paso a un ejército de expertos en informática, científicos, criptógrafos, lingüistas, programadores, hackers y matemáticos que ayudan día tras día a encontrar las madrigueras de los enemigos de la primera potencia mundial.
Entre Baltimore y Washington erigieron un centro de espionaje con más de 20.000 profesionales: La Agencia Nacional de Seguridad (NSA), desde donde lograron capturar gracias a la inteligencia a sus más enconados adversarios.
La NSA intercepta anualmente las comunicaciones de unos 1.000 millones de personas en todo el mundo y vigila las comunicaciones de los teléfonos móviles de cientos de millones de individuos.
En EE.UU., llega al extremo de estar en capacidad de recopilar y almacenar los registros de llamadas de todos sus habitantes.
En Argentina, la lucha contra el delito también mutó pero las fuerzas de seguridad nunca se aggionaron.
Por el contrario, de manera expresa en la última década, la Casa Rosada prohibió por escrito la asistencia de Gendarmería, policía Federal y Prefectura Naval a cursos internacionales sobre esta materia.
Esto fue demostrado por José Graneros, ex titular del Sedronar, al exhibir en público notas firmadas en ese sentido por el ex ministro de Interior, Aníbal Fernández.
Nuestro país negó el problema a través del propio viceministro de Seguridad, Sergio Berni, quien en consecuencia con Fernández, aseguró una y otra vez que en esta geografía no se producen drogas.
En lugar de generar inteligencia propia para frenar a los escurridizos narcos, la estrategia de nuestros uniformados es la misma que en los años '80 y '90, cuando Argentina estaba muy lejos de convertirse en el tercer productor mundial de drogas ilegales, detrás de Brasil y Colombia, según los últimos informes anuales de Naciones Unidas.
Mientras que las organizaciones criminales se sofisticaron en equipos de comunicación satelital, nuevas técnicas de diseño de estupefacientes sintéticos y armas de última generación, las instituciones del Estado se quedaron en el tiempo, ya que jueces, policías y personal penitenciario se manejan igual que en las décadas anteriores.
Argentina: Tiro libre sin barrera
En los últimos tres lustros, el Estado Nacional se encargó de tomar, una tras otra, medidas destinadas a mejorar las chances de los dealers en su lucha contra las fuerzas del orden.
Ante el notable endurecimiento de las políticas represivas de Colombia y Brasil, era lógico suponer que los cárteles tratarían de mudarse hacia tierras menos hostiles.
Los narcos comenzaron a llamar a la Argentina como “la fría” por su clima de bajas temperaturas y por la laxitud extrema que las autoridades manifestaron frente a este complejo flagelo.
Veamos apenas 15 ejemplos que o demuestran:
Se interrumpieron todos los registros sobre estupefacientes por parte de los ministerios de Seguridad y Justicia.
Sin embargo, Naciones Unidas nos colocan como el país que más cocaína compra per cápita.
Además, estamos segundos detrás de Chile en adquisición de marihuana.
El kirchnerismo desbarató en la práctica a los grupos de elite antinarcóticos de Gendarmería Nacional y retiró a dos de cada tres efectivos de los regimientos cercanos a Salvador Mazza, el paso más caliente de la frontera con Bolivia.
Desde Yacuiba operan los grupos más pesados del país que gobierna Evo Morales.
Jamás se creó el FBI y la DEA nacional, tal como se le prometió a Juan Carlos Blumberg tras sus masivas marchas para demandar más seguridad en 2004.
El gobierno gastó miles de millones de pesos en propaganda pero jamás hizo una campaña audiovisual o gráfica en serio para frenar esta verdadera epidemia.
Pudo haber hecho como ocurre en todo el mundo, una movida para que se denuncie anónimamente a los narcos desde los teléfonos públicos, pero jamás se impulsaron medidas en ese sentido.
Se fomentó abiertamente la inmigración de países vecinos y sudamericanos con el plan Patria Grande sin exigirle a los recién llegados antecedentes de ningún tipo.
Bastaba su documento original, un par de fotos y el llenado de un formulario para que estuvieran habilitados a vivir y trabajar en el país.
No se les pedían antecedentes penales a las autoridades paraguayas, bolivianas o peruanas sobre los emigrados.
Prefectura Naval ya no cumple con los protocolos básicos de revisar de manera subacuática cada barco que llega a Argentina, ya que es común que los narcos coloquen chapones en los costados de las embarcaciones para ingresar de manera subrepticia toneladas de drogas.
Todos los planes de radarización del Norte del país fueron incumplidos.
Se colocaron ineficientes unidades 2D que para colmo solo funcionan unas pocas horas al día, de manera diurna en el Noreste.
Esto ocurrió luego de que la Casa Rosada fuera emplazada por la Corte Suprema de la Nación.
Los ministros del Tribunal Superior de Justicia habían ordenado a Cristina Kirchner que “deje llover droga” sobre las provincias septentrionales.
El 80% de la cocaína entra a la Argentina por vía aérea. Apenas el 20% lo hace por tierra o vías fluviales.
Apenas el 17% de nuestros límites nacionales esta radarizado.
Según denuncio ante la Asamblea Legislativa el propio presidente Macri: “Tenemos aviones que no vuelan, pocos barcos que funcionan y escasez de equipamiento en todas las fuerzas armadas. Será una tarea de la Justicia investigar si esto que recibimos producto de la desidia, la incompetencia o la complicidad”.
Los grandes capos de los cárteles se pavonean por toda la Argentina comprando propiedades gracias a las inéditas normas de blanqueo que voto el parlamento nacional.
No existen ni en los paraísos fiscales un cuerpo legal tan blando para los delincuentes con patrimonios sospechosos.
En doce años y medio de administración K, solo hubo dos condenas por supuesto lavado de dinero. Dos comerciantes minoristas completamente irrepresentativos fueron los afectados.
Se llegaron a utilizar pistas oficiales de la Fuerza Aérea para mandar toneladas de cocaína a España.
Los apresados fueron hijos de ex miembros de esa fuerza con fuertes vínculos políticos.
Se multiplico la importación legal de efedrina (prohibida en Latinoamérica por ser un precursor de drogas sintéticas)
El precio en nuestro país era cien veces menos al que se conseguía en el mercado negro azteca.
Era como querer parar un tren con la mano.
¿Por qué no existe un cartel argentino? Porque fueron los mismos gobernantes quienes manejaron un submundo tan letal, negociando con los narcos extranjeros el “vía libre” para sus rutas de ingresos.
Los “monos” rosarinos son los más parecidos a una organización mafiosa pero están a años luz de los de Sinaloa, Juárez o Tijuana.
Entre el 2002 y 2015, los indicadores de tránsito de drogas se multiplicaron por diez.
Los datos corresponden, una vez más, a las Naciones Unidas ya que Argentina se niega a tener un diagnostico serio sobre el tema.
Solo sabemos que en 2003 existían 3.500 detenidos por infracción a la Ley de Estupefacientes y en 2015 sumaron casi 8.000.
La materia prima de la cocaína (la pasta base) no se elabora localmente por cuestiones climáticas, pero varias partes del proceso si se realizan hoy en el país.
Además, las drogas de diseño más sofisticadas se están “cocinando” en los sitios más inverosímiles y se venden en fiestas particulares u boliches de onda para jóvenes y adolescentes.
Mientras en Colombia cientos de efectivos de seguridad fueron ultimados en los años ochenta y noventa por las bandas narcos y algo similar ocurrió también en Brasil y México, en Argentina la cuestión es bien diferente y los uniformados son a menudo condenados en los estrados judiciales por hacer la vista gorda o, directamente, ser parte importante de los grupos mafiosos.
Colombia. Los números le dan la razón a sus políticas antidrogas
El 2 de diciembre de 1993 cayó el narcotraficante más buscado del mundo, Pablo Escobar Gaviria, protagonista de una de las páginas más negras de la historia de Colombia: Ya que fue el autor intelectual del asesinato de más de 5.000 compatriotas.
La Policía Nacional estimó en casi 500 la cifra de uniformados que murieron por órdenes del jefe del Cartel de Medellín.
En total, fueron 1.700 efectivos caídos en esa guerra fratricida.
Casi un cuarto de siglo más tarde, la situación se ha revertido por completo y ya han sido destruidos más de 15.000 laboratorios de cocaína.
Además, se inmovilizaron cientos de aviones que practicaban vuelos clandestinos.
Los datos sobre el cultivo de coca y la producción de cocaína en el territorio nacional colombiano elaborados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga destacan que el área afectada en el país disminuye año tras año.
Se pasó de tener 163.000 hectáreas en el 2.000 a menos de 47.000 en el 2015. La cuarta parte, aproximadamente.
Colombia, en consecuencia, dejo de ser el mayor cultivador latinoamericano de drogas ilícitas ya que Perú cuenta en 2016 con más de 60.000 hectáreas.
Sumando los años 2014 y 2015, las fuerzas del orden público del país gobernado por Juan Manuel Santos lograron neutralizar a más de 10.000 miembros de grupos guerrilleros y bandas narco militares.
Esto significa que los insurgentes fueron muertos, capturados o se han entregado a las autoridades.
En total, unos 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejaron voluntariamente las filas insurgentes.
Hace una década, en Colombia cada año cruzaban el espacio aéreo nacional alrededor de 800 “trazas” dedicadas a vuelos ilícitos.
Actualmente, ese número se redujo en un 99% ya que solamente se detectaron 8 “trazas” de aeronaves ilegales en todo el año 2015.
La clave de la mejora en la seguridad interna radicó en una profunda depuración de las fuerzas policiales y militares durante los años noventa, luego de la caída y desactivación de los cárteles de Cali y Medellín.
La credibilidad de los uniformados había caído hasta el 17%, debido a la abierta connivencia que tenían con los traficantes.
Hoy, el prestigio trepó muchísimo y alcanza casi al 60% de la ciudadanía.
Despidieron en los años más turbulentos a 15.000 agentes y cambiaron la tradicional estructura militarista por una más civilista y comunitaria.
La profesionalización de los agentes fue fundamental. Antes, apenas se entrenaban durante seis meses. Ahora, el curso dura un año completo y es mucho más riguroso.
El éxito del programa de la Policía Nacional se basa en tres puntos: una exhaustiva selección de personal, un buen entrenamiento y recapacitación, y un buen salario y seguridad social.
El general colombiano Oscar Naranjo Trujillo ha llegado a ser considerado el mejor policía del mundo.
Es un general retirado que llego a ser miembro de la DEA.
Ocupó el cargo de director de la Policía entre 2007 y 2012.
Participó en la operación que dio muerte al número dos del Cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, “el Mariachi”.
También integró el grupo de búsqueda y captura de Pablo Escobar.
Comandó la captura de 150 delincuentes que EE.UU. solicitaba para su extradición.
Involucro a los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez por contactos con las FARC, esas investigaciones desataron una tormenta con Ecuador y Venezuela.
Fue ascendido a general de cuatro soles, único caso en la historia de su país.
Naranjo recomienda conformar una unidad especial secreta con efectivos de todas sus Fuerzas Armadas para combatir la corrupción policial.
Solo cuando los policías se sienten investigados desde adentro comienzan a comportarse sin impunidad, con miedo real y concreto al castigo interno por sus desviaciones.
México: la negación llevó al desastre
Un caso emblemático de la estrategia de la negación de esta tragedia ha sido México.
En 1997, oficialmente, el gobierno azteca aseguraba que los narcos “no han logrado reflejar su poder económico en un poder político equivalente”.
Se indicaba que los criminales carecían “de infraestructura y de organización necesaria para efectuar por sí mismos operaciones de magnitud internacional”.
Por último, se acervaba desde las esferas más elevadas del Partido Revolucionario Institucional que “una organización mexicana difícilmente podría insertarse en esquemas culturales ajenos a los suyos”.
Casi veinte años más tarde, es fácil advertir que los “Nostradamus” del PRI no podían estar más equivocados y que solo quisieron ocultar el sol con las manos.
Los cárteles asentados cerca de la frontera con EE.UU. no pararon de crecer.
Sin embargo, las autoridades mexicanas hicieron lo mismo que las argentinas: Separaban las aguas entre “países productores” como Colombia y “países de tránsito” como México.
Lo que no advirtieron fue que la producción de estupefacientes se había perfeccionado enormemente.
El producto se volvió sobreabundante y lo importante ya no eran los laboratorios sino las rutas aéreas para “coronar” cargamentos en Gringolandia.
En ese nuevo esquema, eran mucho más importantes los “señores de los cielos” (como el azteca Armando Carrillo) que los cárteles de Cali o Medellín.
El transporte de cargamentos comenzó a quedarse con una tajada mayor de las ganancias que los propios creadores del producto.
Se naturalizó una situación explosiva y, en pocos años, terminaron descubriendo que todos los resortes estatales estaban carcomidos y contaminados por los grupos de “dealers”.
La respuesta del gobierno federal fue despenalizar la tenencia para el uso personal: dos gramos de marihuana, 50 miligramos de heroína, medio gramo de cocaína y 40 miligramos de metanfetamina.
Mientras los colombianos dejaban de ser la oveja descarriada y extraditaban en tres lustros (2.000- 2.015) casi 1.200 narcos a los EE.UU., los mexicanos retuvieron a los líderes de los cárteles en sus propias cárceles, hasta que la situación se hizo insostenible y debieron permitir el traslado de algunos de los “capos” más conocidos.
La sociedad mexicana vivió un verdadero conflicto armado interno a lo largo de la última década.
De un lado estaban el Estado Nacional y los Grupos de Autodefensa Popular dispuestos por el ex presidente Felipe Calderón y el actual, Enrique Peña Nieto.
En el otro sector, los cárteles que controlaban las actividades ilegales.
Entre diciembre de 2006 y enero de 2016 se estima que han muerto alrededor de 65.000 personas mediante ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad.
Este número de víctimas engloba a narcotraficantes, efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles.
Entre este último grupo se encuentran numerosos periodistas y defensores de los derechos humanos que fueron ejecutados por los cárteles.
Otras estimaciones son aún más tremendistas y llegan a contabilizar hasta 150.000 muertos en dos lustros si se suman los denominados “casos colaterales”.
Además, existen unos 25.000 desaparecidos que muchos suponen que han sido ultimados y sus cuerpos enterrados, arrojados al agua o incinerados.
Los agentes de las Fuerzas Armadas, la Agencia de Inteligencia y los distintos policías caídos en la lucha contra el crimen fueron también muchísimos, casi 3.000.
Una localidad fronteriza con EE.UU., Ciudad Juárez, se convirtió en la urbe más insegura del mundo.
La mafia de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el de la familia Michoacana, el de Tijuana, el de Juárez, el de Jalisco, los Negros y los Zetas se enfrentaban entre sí para dirimir territorios y también arremetieron de manera sanguinaria contra las fuerzas de seguridad.
Si sumáramos el botín anual de todas estas organizaciones criminales llegaríamos hasta los 20.000 millones de dólares.
La revista “Fortune” llegó a incluir al “Chapo Guzmán”, el más próspero narco empresario mexicano, como dueño de un patrimonio con un valor superior a los 1.000 millones de dólares.
Brasil: Fuerzas Armadas y grupos especiales vs. Los “comandos narcos”
La policía brasileña es considerada la más letal del mundo según un estudio realizado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública y el diario O Globo.
En el último lustro, mató a más de 12.000 personas en enfrentamientos y allanamientos.
La mayoría de los decesos se produjo en luchas contra organizaciones de dealers, de las favelas de Río de Janeiro y San Pablo.
Por su parte, los delincuentes también perpetran una violencia extrema contra los uniformados, quienes perdieron varios centenares de compañeros en los últimos 5 años.
fuente
"Urgente24", 30.09.2016
