ESPAÑA
LEGISLADORES / CÓDIGO DE CONDUCTA
El Congreso podrá
investigar el pasado económico y curricular de los diputados
La Mesa de la Cámara baja deja aprobadas para la
XIII legislatura unas normas y un Código de Conducta más duro y exigente con
las actividades de los parlamentarios
Javier Casqueiro - Madrid
El nuevo Congreso que salga tras las elecciones del 28-A podrá
investigar y verificar las actividades que hayan desarrollado en el pasado los
electos diputados y que les hayan proporcionado ingresos económicos.
De oficio
o por motivo de una denuncia, incluso anónima.
Y sus sociedades patrimoniales.
La ampliada declaración de intereses económicos afectará también a posibles
regalos u obsequios.
Son algunas de las novedades del Código de Conducta
aprobado en la última Mesa del Congreso por impulso de la actual presidenta, Ana
Pastor.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) es un órgano del Consejo de
Europa creado en 1999 para mejorar la lucha contra la corrupción de sus
actuales 47 estados miembros.
Su primer informe, ya con España dentro, data de
2013 y en el mismo ya incluyó una serie de recomendaciones sobre las carencias
que evidenció en el Parlamento español.
Luego repitió esos toques de atención
en 2016 y 2017.
Los parlamentarios españoles ya efectúan ahora una declaración de intereses económicos, pero muy genérica.
El formulario tiene una casilla para “otros intereses a declarar” y en la mayoría de los casos no declaran nada.
Las cámaras, además, no tienen medios ni instrumentos para supervisar la veracidad de lo confesado.
Y se han observado en el pasado carencias y falsedades (hasta en los currículums, títulos y biografías entregados por sus señorías) que no han tenido consecuencias.
Ahora se podrán reclamar las titulaciones oficiales.
El 28 de febrero pasado la presidenta del Congreso actual, la popular Ana Pastor, llevó de manera personal a una cita de la Mesa que rige la cámara la aprobación de un nuevo Código de Conducta vinculante y la creación de una Oficina de Conflicto de Intereses para resolver las dudas, aplicar normas más duras y vigilar que se formalicen.
No hubo consultas previas ni mucho debate, según fuentes parlamentarias consultadas.
Tenía prisa por dejar el asunto aprobado.
Lo complicado ahora será su ejecución.
Un cometido que fuentes del Congreso admiten que no será nada fácil.
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En el
Parlamento español de la XIII legislatura habrá bastantes novedades, muchas
reglas serán diferentes y los instrumentos para exigir su cumplimiento siguen
siendo por ahora los mismos.
Los
parlamentarios electos ya tienen que rellenar ahora una Declaración de
Actividades e Intereses, pero lo hacen con escasa precisión y sin consecuencias
si aportan datos e información falsa.
Se pide que se indiquen los ingresos
actuales, sin añadir mucho más.
Los nuevos diputados deberán aportar las
ganancias del pasado, precisando “el nombre del empleador y el sector de la
actividad”, como destaca en su valoración de las innovaciones Miguel Ángel
Gonzalo, secretario de la Comisión de Acceso a la Información Pública del
Congreso.
Y deberán facilitar si tienen o han tenido sociedades patrimoniales,
algo que ahora no se les exigía.
Los
parlamentarios se estrenarán confesando así por escrito si obtuvieron antes de
ser elegidos “donaciones u obsequios y beneficios no remunerados de cualquier
naturaleza que sea relevante por su valor u otra causa”.
El registro de
intereses será publicado vía electrónica y en el Boletín de las Cortes.
Sobre
los regalos se precisa que deberán abstenenerse de recibirlos si se considera
“razonablemente” que puedan pretender influir en su conducta.
Si los obsequios
se recogen en viajes oficiales y superan “cierto valor” deberán ser entregados
a la Secretaría General de la Cámara, que los inventariará y publicará en el
Portal de Transparencia.
Las normas aprobadas, que heredará y tendrá que articular la siguiente Mesa que saldrá de las elecciones del 28-A, serán de obligado cumplimiento hasta que en el futuro se aborde la eternamente pendiente revisión del vigente Reglamento del Congreso.
En ese texto se quiere establecer qué se considera en España por lobby o grupo de interés.
El Código retocado ahora los retratra como “aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas” con iniciativas legislativas.
Las
competencias de la nueva Oficina de Intereses
J. Casqueiro, Madrid
-La Oficina hará un informe anual con un balancde(sic) de la situación, la presidirá el letrado de la Comisión del Estatuto del Diputado y la compondrán personal de las Cortes.
-El presidente de la Cámara, de oficio o petición externa, puede solicitar la apertura de un expediente para averiguar sobre una posible infracción.
-La Comisión del Diputado oirá al diputado afectado, podría pedir un informe a la Oficina de Conflicto de Interese y fijar una posible sanción, que será pública.
Fuente
“EL PAÍS”, España, 08.04.2019
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