LA JUSTICIA INTERVIENE…
La Justicia interviene la empresa de Cristóbal López y aparta a Rosner

20 de marzo de 2018
La Justicia dio hoy un paso
definitivo en la toma de control del grupo Indalo, del empresario Cristóbal López ,
al resolver su intervención directa en la compañía y apartar a sus actuales
gestores, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.
A
la decisión la tomó el juez en lo Comercial, Javier Cosentino, que designó como
administradores plenos a Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi.
El
triunvirato de coadministradores informó al juez que Rosner y Dellatore
"dieron de alta otras contrataciones de personal sin asignación específica
de sector y con importantes salarios".
Además, se
expidieron sobre ciertas irregularidades en torno a algunas contrataciones, que
no se compadecen con la situación de la empresa (Oil Combustibles) y que no la
benefician.
Los
coadministradores señalaron en la presentación ante el juez que solicitaron
diversa y precisa información a los directores que nunca les fue suministrada.
Además, que no habían sido notificados de reuniones de directorio.
La
situación de Oil, según los informes que maneja el juzgado, es la siguiente:
- El pasivo
postconcursal comercial (no impositivo) ascendía a $287.000.000 por deuda
comercial y a $174.000 por deuda corriente.
-
Existían transferencias relevantes hacia otras sociedades del grupo sin que en
principio ello pudiera derivar en algún crédito OCSA.
-
Se paralizó la refinería y desabastecido las estaciones de servicios.
-
Los gastos corrientes ascienden a aproximadamente 2.700.000 dólares.
-
En la asamblea del 7 de marzo pasado se informó que los socios no harían aporte
de capital alguno ni prestarían recursos a la sociedad, y que no había
posibilidad de inyección inmediata de fondos.
-
Inexistencia de propuestas concretas para atender el pasivo postconcursal, ni
de tratativas para la obtención de las conformidades de los acreedores
preconcursales. Concluyeron en que OCSA se encuentra en cesación de pagos
respecto de su pasivo postconcursal y de sus obligaciones corrientes.
Los
coadministradores, además, remarcaron que la asamblea aprobó honorarios por
montos muy superiores a los aprobados en el ejercicio anterior con una pérdida
mucho más significativa.
Fuente
“LA NACIÓN”,
20.03.2018
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