CORREO ARGENTINO:
TODOS ESCANDALIZADOS PERO... TODOS SABÍAN
La AGN ya había hecho un informe sobre el Correo que advertía "anomalías de control"
El Gobierno intentó durante el día de hoy que la Auditoría General de la Nación se haga cargo de la investigación sobre el acuerdo que se llegó entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A., de Franco Macri, que está en la mira de la Justicia.
Mauricio Macri quedó imputado por presuntas "negociaciones incompatibles" con su función por este caso.
El organismo, entonces, rechazó hasta el momento interferir en la cuestión.
Pero la AGN ya había auditado las cuentas del Correo, antes de que sea estatizado, y después de la estatización: en ese informe se señalaban irregularidades graves.
Mauricio Macri quedó imputado por presuntas "negociaciones incompatibles" con su función por este caso.
El organismo, entonces, rechazó hasta el momento interferir en la cuestión.
Pero la AGN ya había auditado las cuentas del Correo, antes de que sea estatizado, y después de la estatización: en ese informe se señalaban irregularidades graves.
El memorando que dio a conocer TN Central advertía problemas en la organizaciones empresaria, anticipaba que podría haber "anomalías de funcionamiento y control" que "redundarían en ineficiencias en el seguimiento de las causas judiciales".
Durante varias etapas de su investigación, la AGN fue detallando irregularidades que encontró en el Correo.
"El 9 de diciembre de 2005 el auditado informó que 'no existe registro de haberse efectuado la contratación de estudio de Auditoría Externa alguna'. Aclaró además que la cláusula comentada quedó redactada por inercia de la gestión anterior y que en la administración del Correo Oficial de la República S.A., la cláusula se eliminó por entender que carece de sentido contratar una auditoría externa", detalló.
"El 9 de diciembre de 2005 el auditado informó que 'no existe registro de haberse efectuado la contratación de estudio de Auditoría Externa alguna'. Aclaró además que la cláusula comentada quedó redactada por inercia de la gestión anterior y que en la administración del Correo Oficial de la República S.A., la cláusula se eliminó por entender que carece de sentido contratar una auditoría externa", detalló.
En una resolución de 2009, la AGN precisió que las "condiciones de organización administrativa comentadas en el informe constituyen un obstáculo para el mejoramiento de la calidad operativa de la entidad" de la empresa.
Además, detalló que todo iba a "un escenario propicio para que se produzcan anomalías de funcionamiento y de control, que redundarían en ineficiencias en el seguimiento de las causas judiciales".
Algo que, finalmente, ocurrió y explotó este año.
Además, detalló que todo iba a "un escenario propicio para que se produzcan anomalías de funcionamiento y de control, que redundarían en ineficiencias en el seguimiento de las causas judiciales".
Algo que, finalmente, ocurrió y explotó este año.
"La situación en la que se encuentran algunos letrados en el interior del país (corresponsales) denota falta de transparencia, competencia y publicidad en la contratación de los mismos. Los ítems comentados generan factores de litigiosidad que requieren importantes despliegues de actividad por parte de las áreas auditadas, y que podrían conllevar perjuicios patrimoniales", agregó el documento.
La Resolución Nº 30/2010 puntualizó que la Gerencia de Servicios Postales de la Comisión Nacional de Comunicaciones, "no cuenta con medios tecnológicos que le permitan determinar, previo a la apertura, el contenido de elementos peligrosos"; detalló que había "baja rotación del personal asignado a la tarea de apertura de envíos caídos en rezago"; que ese personal "no cuenta con capacitación específica"; y que no implementó "otro sistema de control ni ha intervenido la Auditoría Interna, todo ello en desmedro de la transparencia de la actividad".
Así empezó la crisis por el acuerdo con el Correo
La polémica por el Correo fue creciendo con el correr de los días, hasta transformarse en un dolor de cabeza político para la gestión de Macri.
El conflicto judicial comenzó cuando la fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar la propuesta de pago a la que arribó la empresa con la administración pública ya que consideró que "equivale a una condonación" y que es "abusivo".
Para la funcionaria, el convenio implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033, según cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
Esta tarde, el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Macri; al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; y al director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa por haber aceptado el quite de la deuda.
Sus argumentos giraron en dos direcciones: por un lado, que Macri resulta beneficiado de forma "directa o indirecta" por este acuerdo que le da facilidades de pago hasta 2033, con una quita que el Ministerio Público Fiscal calculó en más de 70 mil millones de pesos; por otro, que Mocoroa no tiene la autoridad suficiente para firmar un acuerdo con el Correo.
Sus argumentos giraron en dos direcciones: por un lado, que Macri resulta beneficiado de forma "directa o indirecta" por este acuerdo que le da facilidades de pago hasta 2033, con una quita que el Ministerio Público Fiscal calculó en más de 70 mil millones de pesos; por otro, que Mocoroa no tiene la autoridad suficiente para firmar un acuerdo con el Correo.
fuente
"TN", 14.02.2017
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