En
sus conferencias matutinas diarias, el presidente con frecuencia ha
fustigado el alto índice de letalidad de las fuerzas armadas en sexenios
anteriores: el hecho de que para detener a un peligroso delincuente, el
Ejército o la Marina mataban a muchos integrantes de la organización
criminal.
“En ese entonces no solo perdían la vida muchas personas
civiles, presuntos delincuentes, sino también muchos elementos de las
Fuerzas Armadas y de otras corporaciones. Ahora eso no se permite”, dijo en octubre.
El saldo del operativo de Ovidio fue de 10 militares y 19 presuntos delincuentes muertos.
AMLO
ha declarado hasta la saciedad que su estrategia de seguridad no
contempla la detención de los líderes de las organizaciones criminales.
Lo sintetizó claramente
desde el arranque de su gobierno, en enero de 2019: “No se han detenido
a capos porque no es esa nuestra función principal… ya no es la
estrategia de los operativos”.
¿Qué decir ahora?
En octubre de 2019,
el gobierno de México detuvo por primera vez al mismo personaje, Ovidio
Guzmán López.
La respuesta del heredero del Cártel de Sinaloa fue
también de una violencia brutal.
Fotografía tomada de la cuenta @alfredoguzma. "EL PAÍS", España, 25.11.2013
Y el presidente aceptó públicamente
que para no poner en riesgo más vidas, él ordenó liberar al detenido:
“Si se mantenía en poder de las Fuerzas Armadas se iba a desatar, como
se estaba iniciando, una guerra”.
Aquella vez murieron nueve personas
por un operativo que se había planeado mal.
Más de tres años después
cometieron los mismos errores: hubo más violencia, fueron más los
muertos, se inició una guerra.
Pero en esta ocasión el presidente no
frenó la acción de la justicia.
AMLO
hizo en esta captura todo lo que prometió no hacer.
Solo hay una
explicación lógica a este cambio radical: la presión de Estados Unidos.
Desde
ayer domingo el presidente de ese país, Joe Biden, está de visita
México y es un buen regalo de bienvenida la captura de uno de los
principales exportadores de fentanilo, la sustancia que en 2021 mató a
más de 70,000 estadounidenses, una crisis que ha tenido un alto impacto mediático y electoral.
Basta
citar algo que no parece coincidencia: los dos capos más grandes
detenidos en este sexenio han caído en el marco de los únicos dos
encuentros con su par estadounidense.
El gobierno mexicano aprehendió a
Rafael Caro Quintero tres días después
de la primera reunión AMLO-Biden.
Y a Ovidio Guzmán, tres días antes de
la segunda reunión.
Por si fuera poco, las autoridades mexicanas no
tenían ninguna orden de aprehensión propia contra el personaje, la única
que había era derivada de una solicitud de extradición de Estados Unidos, según dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
La
aprehensión de un capo de tan alta peligrosidad se aplaude.
Pero esto
no debe llevarnos a deducir que vendrá un giro en la fallida estrategia
de AMLO contra la violencia.
Sencillamente fue una ofrenda a Biden para
suavizar la relación, después de que el gobierno de México cerrara una
unidad de la Administración para el Control de Drogas estadounidense,
tiene como política no detener capos y no ha logrado frenar la violencia
ni disminuir el tráfico de estupefacientes al norte.
Existen además sospechas crecientes de que el partido político de AMLO, Morena, está aliado electoral y financieramente
con los cárteles, amén de la larga lista de preocupaciones económicas y
de lances antidemocráticos con los que carga el presidente.
Una detención de impacto en el marco de una reunión bilateral no es algo
novedoso en la historia política de México.
Desde los tiempos del
Partido Revolucionario Institucional lo hacían los presidentes para
rebajar la presión ante sospechas de corrupción, colusión o quejas de
cualquier orden.
López Obrador aprendió a hacer política en ese viejo
régimen.
Solo fue cosa de aplicar lo que aprendió.
Mientras tanto, son
los ciudadanos quienes sufren la violencia interminable.
fuente
"THE WASHINGTON POST, EE.UU., 09.01.2023"
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