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POR ALLÁ
En Venezuela la policía está a la caza de periodistas, denunció la SIP
A
lo largo de este año, considera que "el evento más destacado fue la
toma de las instalaciones" del diario El Nacional por los cuerpos de
seguridad del Estado
A esos periodistas, «los agreden físicamente y los despojan de sus
cámaras y celulares», señala un informe preliminar presentado en la 77 Asamblea General de la SIP, que debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa durante la reunión.
En
el mismo, señala que, en Venezuela, «operan muchos medios» en línea que
son independientes y, regularmente, son«bloqueados por instrucciones
del poder Ejecutivo a las compañías telefónicas».
Difícil situación de los periodistas
«A
estos medios y los pocos que quedan en el país se les hace bastante
difícil realizar su trabajo debido a la persecución permanente a sus
periodistas», añade.
Al respecto, menciona un informe del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en el que
reportaron que, en el primer mandato presidencial de Nicolás Maduro(2013-2018), desaparecieron 115 medios de comunicación.
En
este sentido, subraya que más de 60% de la población«se entera de
alguna noticia a través del canal oficial» del Estado y «no hay medios
independientes ni de televisión ni de radio».
«Los que existen son
oficiales o están autocensurados. Los periódicos y las revistas no
tienen acceso a poder imprimir libremente, ante la falta de acceso al
papel», agrega.
Sobre internet, advierte que «pasa por bloqueos
discrecionales» o existe un «acceso muy limitado», lo que llevó a
Venezuela a ocupar«el último lugar»en calidad de conexión a internet
en América Latina.
«La situación de los medios es catastrófica, casi cumpliéndose la
promesa del Plan de la Patria de la hegemonía comunicacional (del
Gobierno), similar al modelo cubano», agrega.
La toma de El Nacional
A lo largo de este año, consideran que «el evento más destacado fue la toma de las instalaciones» del diario El Nacional por los cuerpos de seguridad del Estado.
«Con base en el juicio de difamación contra El Nacional
introducido porDiosdado Cabello, el Tribunal Supremo de Justicia
condenó al periódicoa pagarle 13 millones de dólares» por la difusión
de una noticia, recuerda.
La noticia, «que involucra aCabellocon actividades ilícitas», fue publicada inicialmente «en el diario español ABC y el diario norteamericano The Wall Street Journal«, pero posteriormente «fue reproducida por más de 80 medios y las principales agencias internacionales».
«En
virtud de esa sentencia y sin ningún tipo de procedimiento legal, el
Ejército tomó el edificio del diario sacando a quienes estaban en el
lugar, incluyendo a quienes tenían espacios alquilados. Desde entonces,
el Ejército ocupa las instalaciones sin ninguna orden judicial que lo
respalde», sostiene.
Entre las «principales agresiones contra
periodistas y medios», destaca que, el pasado 15 de abril, el SNTP
denunció que funcionarios vinculados a la gobernación del estado Aragua
hostigaron a la periodista Gregoria Díaz, corresponsal del portal Crónica Uno y delegada voluntaria de ese sindicato «por una nota sobre la escasez de camas para pacientes concovid-19».
El
28 de mayo, el periodista Martí Hurtado «estuvo desaparecido por más de
12 horas, luego de que un cuerpo policial sin identificación allanara
su casa» en el municipio de Punto Fijo, en el estado Falcón.
Ese mismo mes, en Lara, las periodistas Naikarys Cordero y Eliagnis Mora, así como el fotógrafo Dani Sosa, del diario El Informador,
«fueron amedrentados por presuntos funcionarios»de la Fuerza de
Acciones Especiales (FAES) de la Policía«que no portaban uniformes» y
les obligaron a borrar el material que habían grabado.
También
a principios de octubre, «sujetos que vestían uniformes de la Policía
Nacional Bolivariana, y a bordo de motos, asaltaron y le dispararon al
reportero gráfico Ronald Enrique Peña, del portal El Pitazo, en Caracas. No resultó herido, pero le robaron su moto, documentos y el teléfono»
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