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Elecciones, justicia, corrupción e impunidad
Alguna vez escribí en este espacio que la idea de Estado es inseparable de la de justicia, y me permito añadir que, en un Estado corrupto, la justicia se vuelve algo prácticamente irrealizable, al igual que la seguridad jurídica y la equidad que deben acompañarla.
En otras palabras, la corrupción rompe las funciones básicas del Estado, pues hace incierta la igualdad jurídica, como base de la justicia material, omitiendo o contradiciendo las reglas que deben regir para todos, y que conocemos genéricamente como leyes.
La corrupción, además, genera incertidumbre, priva de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas y rompe la cooperación entre ciudadanía y gobierno, sembrando desconfianza respecto de lo público y apartando del camino los esfuerzos en pro de la gobernanza participativa.Por su parte, la impunidad es un sesgo característico de la imposibilidad de cumplir con los fines de la propia justicia, aun cuando, por ejemplo, se haya confiado en las autoridades y se haya presentado una denuncia por actos de corrupción, pero teniendo como resultado un final que defrauda la expectativa de justicia, por lo menos de acuerdo con lo que la ley mandata en cada caso.
Lo anterior significa, a la postre, un distanciamiento entre población e instituciones, tanto aquellas en las que se cometen actos de corrupción, como aquellas que deben perseguir y castigar tan indeseable fenómeno, pero que no lo hacen de manera efectiva.
Desafortunadamente, la impunidad y la corrupción se retroalimentan mutuamente, en una suerte de círculo vicioso.
Si aun denunciando los actos de corrupción, éstos no son castigados, entonces, ¿para qué denunciar?, se preguntará mucha gente.
Así es como la corrupción y la impunidad generan inequidades y vicios que minan el Estado de Derecho, la equidad y la igualdad, al tiempo que entorpece el buen funcionamiento de las instituciones mediante la desconfianza.
Sin embargo, cada cierto tiempo se abre una nueva oportunidad de recuperar esa confianza en las instituciones y recomponer el diálogo colaborativo entre los actores sociales y políticos.
Las elecciones periódicas, como las que celebramos el 6 de junio pasado, dieron la oportunidad de renovar las legislaturas de 30 entidades federativas y el Congreso de la Unión, permitiendo que los órganos legislativos reestablezcan la representatividad de sus investiduras frente a la ciudadanía que los eligió y a la que se deben, lo cual, en cierto sentido, puede verse como una forma de renovar la confianza ciudadana en temas de combate a la corrupción.
Es fundamental, por lo mismo, que el tema de la corrupción y la impunidad, así como los altos costos económicos y sociales de estos flagelos, sean tenidos como un problema de gran calado, cuyo combate exige acciones coordinadas desde todos los órdenes de gobierno y desde todos los poderes.
Desde esa lógica, los congresos locales, cuanto más cercanos se encuentran al objeto de su representatividad, deben construir una agenda pública para promover la deliberación sobre las fortalezas y debilidades de las instituciones, sus estrategias y políticas relacionadas con el combate a la corrupción y la impunidad a largo plazo y, partiendo desde la perspectiva local, legislar en favor de las razones que dicha deliberación parlamentaria genere, en buena medida, en diálogo con la sociedad civil.
La transparencia y el acceso a la información, por supuesto, son componentes fundamentales para inhibir la corrupción y combatir la impunidad, pero no basta si las acciones del Estado en su conjunto no obedecen a objetivos comunes y se recupera la perspectiva social de las instituciones y las leyes que las rigen, particularmente desde la perspectiva de un problema que permea a todos los sectores de la sociedad, bien de manera directa, bien indirecta, pero cuyo costo se eleva por encima de todas las personas de manera eminentemente negativa.
Tanto desde la perspectiva de lo local como la federal, renovadas las legislaturas, debe buscarse que esa agenda recupere la confianza y la participación de la sociedad y las instituciones, como eje fundamental, abonando a la transparencia y la apertura informativa, pero también reforzando y adecuando el marco normativo que sirve de instrumento para combatir ambos fenómenos de manera más efectiva.
Con los instrumentos legales adecuados y una sociedad cada vez más activa y participativa en el combate a la corrupción, la confianza en las instituciones puede ser restablecida y, finalmente, a través del esfuerzo de todos, erradicar la corrupción de las instancias públicas.
Nota del editor:
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
fuente
"EXPANXIÓN POLÍTICA", México, 11.08.2021
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