QUINTA DE OLIVOS Y…
SUS VISITAS
-III-
Falsedad documental en la Agencia de Acceso a la Información Pública
Desde El Disenso queremos manifestar brevemente que nuestra labor periodística se ve obstruida por la mala gestión de la Agencia de Acceso a la Información Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El periodismo de investigación se distingue del editorialismo por la particularidad de buscar soporte documental para todas sus afirmaciones.
A tal efecto, la lectura cotidiana de todos los boletines oficiales y el acceso a diferentes bases de datos donde se asientan los negocios públicos son fundamentales.
Como mucha de esa información, que debiera ser accesible, no lo es, y como mucha información de interés público no se publica por carecer de efectos normativos que lo ameriten.
Sea en el gobierno de Alberto, en el de Mauricio o en cualquier otro, la opacidad en la información pública es el pan de cada día, para nosotros y para el pequeño grupo de periodistas capaces de encontrar documentos sensibles en archivos mal catalogados.
Pero causa un daño enorme a la población en general, privada de control ciudadano sobre el gasto público.
Desde El Disenso elevamos un pedido de informes a la Agencia de Información Pública en abril de 2021.
Dos meses después, a trámite vencido, con reclamos y prórrogas de por medio, nos entregaron la data solicitada a través de un archivo digital.
El informe, que debía contener la lista completa y detallada de ingresos a la Quinta de Olivos, tenía evidentes faltantes de información.
Planilla Visitas a Olivos 2 de abril entregada a El Disenso
Ayer, Carlos Pagni mostró en LN+ una planilla de visitas nocturnas, que fue omitida en el informe que nos fuera remitido.
De forma concordante, Luis Gasulla, semanas atrás, mostró planillas que acreditan reuniones, y esos datos tampoco constaban en el informe que recibimos, groseramente recortado.
A partir de ahí, corroboramos por nuestra cuenta otras adulteraciones.
Planilla Visitas a Olivos 2 de abril – Programa Odisea
La Agencia de Acceso a la Información Pública es un Ente Autárquico que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Santiago Cafiero.
Según la ley de acceso a la información pública 27.275, la entrega de informes incompletos significa una falta administrativa grave sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran caber por la falsedad documental.
El sistema, en toda su arquitectura, está diseñado para burlarse del ciudadano.
El Código Penal prevé la pena simbólica de 6 meses a 2 años de prisión, hilarantes, imposibles de efectivizar por su cuantía.
Para dar curso eficiente a esta acción, el denunciante debe constatar tres circunstancias de prueba prácticamente imposible:
-La adulteración de la información. Dado que la mayoría de los informes refieren a información que no es accesible por otras vías, solo por accidente se puede descubrir que la información brindada oficialmente no coincide con la realidad.
-El perjuicio material. Aquí encontramos distintos problemas de legitimación activa, ya que los documentos equívocos no dañan al periodista requirente sino a la sociedad entera en su derecho de acceso a la información pública.
-El dolo, o la intencionalidad del acto. El principio “in dubio pro reo”, que otorga al acusado el beneficio de la duda, no gravita con demasiada fuerza en delitos comunes, pero es una barrera infranqueable cuando los fiscales intentan avanzar sobre funcionarios públicos.
Esta vez nos han burlado, lo admitimos, y no es mucho lo que podemos hacer más que compartir la experiencia con nuestros lectores y colegas.
Así son, los conocemos, y los vamos a seguir investigando inclaudicablemente porque, sin medios como El Disenso… “who watches the watchmen?”
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