En el proceso de ampliación del poder cristinista en el Estado, la
jefatura de los fiscales es una colina por la que valen todas las
batallas
22 de julio de 2020
Un principio de consenso entre jueces, fiscales y abogados estableció cuáles son las causas por supuesta corrupciónde imposible salvación para Cristina Kirchner.
Concluyeron que son la causa de los cuadernos
(la exacta corroboración que hicieron el periodismo y la Justicia de
las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre el pago y el cobro de
sobornos); las de Hotesur y Los Sauces (propiedades de los Kirchnerdonde lavaban dinero en complicidad con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López), y la de la obra pública en Santa Cruz,
que hurga en el direccionamiento de las concesiones también en
beneficio de Báez.
Si se miran con detenimiento los recientes
movimientos del kirchnerismo en la Justicia, se llega a la conclusión de
que todos están vinculados, de una u otra forma, a esos casos.
El
intento de derogar los traslados de jueces claves para esas
investigaciones y la presión sobre el procurador general, Eduardo Casal
(jefe de los fiscales), tienen relación directa con la revancha o con el plan de impunidad.
Solo una de las decisiones más iridiscentes de los últimos días guarda
una vinculación menos notoria, aunque también importante, en esas
investigaciones.
Canicoba Corral citó a declaración indagatoria también a los exministros Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich.
Es
probable que estos terminen igualmente procesados.
El polémico juez
(que zafó con favores de unos y otros de juicios por corrupción en el
Consejo de la Magistratura) investiga una denuncia de Rodolfo Tailhade
sobre las concesiones de dos autopistas en la administración Macri.
Dujovne, el
último de los citados, deberá presentarse ante el juez el lunes 27.
En
síntesis, les dedicará sus últimas horas como juez a hacerles favores al
kirchnerismo y a vengarse de Macri. El exfuncionario significativo entre los procesados (o eventualmente
procesados) por Canicoba Corral es Iguacel.
Aunque luego fue ministro de
Energía, y terminó dándole un portazo a Dujovne, Iguacel fue el
principal colaborador de la Justicia, cuando era director de Vialidad,
en el caso de la obra pública que benefició aLázaro Báez.
Sin la
información suministrada por Iguacel a la Justicia, a esta le habría
sido difícil profundizar en el direccionamiento de la obra pública en
Santa Cruzpara enriquecer al viejo amigo (¿y socio?) deNéstor Kirchner.
Canicoba
Corral se pasó los últimos días denunciando que los rumores sobre su
corrupción proliferaron en tiempos de Macri.
Se equivoca. Las versiones
sobre sus prácticas deshonestas y su inexplicable riqueza venían de
mucho antes. De hecho, el político que las hizo pública fue el actual
presidente, Alberto Fernández, cuando era un punzante crítico del gobierno de Macri.
Frente del edificio ubicado en Alem 530, frente a Plaza Roma. En el tercer piso funcionan las oficinas de Hotesur Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno / LA NACION
Con todo, las declaraciones públicas de Canicoba Corral sobre la
supuesta persecución macrista debieron ir acompañadas de una decisión de
excusarse para seguir resolviendo sobre cuestiones vinculadas al
gobierno de Macri.
Se ha colocado, de todos modos, en una situación muy
frágil porque seguramente será recusado.
Corre el riesgo de abandonar los tribunales como un juez recusado por imparcia (¿sic?).
Debió incluir a todos los que, según su lógica, fueron mal trasladados.
No puede hacer otra cosa.
Pero hay que detenerse solo en cuatro.
Son
los que importan.
Dos de ellos, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, son
jueces de la Cámara Federal de la Capital.
Esos jueces resolvieron
muchas apelaciones de Cristina Kirchner y de sus exfuncionarios en
contra de ellos.
Bruglia y Bertuzzi confirmaron muchas de las decisiones
de jueces de primera instancia que procesaron y enviaron a juicio oral a
la expresidenta y a exfuncionarios kirchneristas por actos corruptos.
Entre esas causas, están las de los cuadernos, las de Hotesur y Los Sauces y la de la obra pública.
Cristóbal López Fuente: Archivo
Pero más importante que esos dos jueces, si se mira el futuro, son otros
dos magistrados que integran tribunales de juicios orales y públicos.
El juez Germán Castelli integra el tribunal del juicio oral sobre el caso de los cuadernos que juzga a Cristina Kirchner, a varios exfuncionarios y a empresarios por asociación ilícita y por administración fraudulenta.
El juez Andrés Basso
integra el tribunal que está juzgando el direccionamiento de la obra
pública en beneficio deBáez, en la que también se acusa a Cristina, a
exfuncionarios y al propio Báez por los delitos de asociación ilícita y
administración fraudulenta.
La maniobra cristinista en el Consejo de la
Magistratura puede terminar por eliminar al juez natural, un principio
elemental del juicio justo, para tratar de moldear tribunales más
favorables al propósito de laimpunidad.
El problema del cristinismo es que esos traslados se resolvieron por un
decreto de Macri.
Se argumentó en su momento que las vacantes eran
muchas y que no había tiempo para cubrirlas mediante el sistema de
exámenes, ternas y acuerdos del Senado.
Luego, la Corte Suprema indicó
que esos jueces, sobre todo los que vienen de jurisdicciones distintas,
deberían tener el acuerdo del Senado.
Esto significa que ese tema no es
del Consejo de la Magistratura.
Deberán buscar otra puerta: o Alberto Fernández deroga el decreto de Macri o envía los pliegos de algunos jueces al Senado.
Es
el Presidente el que debe tomar la decisión sobre esos jueces y lo
debería hacer con algunos principios jurídicos en la cabeza.
Uno de
ellos es el del juez natural, porque varios de los jueces cuestionados
ya actuaron o se preparan para actuar en causas muy largas, que incluyen
investigaciones, pericias e innumerables apelaciones.
Otro principio es
el del respeto a la división de poderes.
Guste o no, esos jueces ya
están y solo han sido acusados por el contenido de sus sentencias, no
por deshonestidad intelectual o personal.
Lázaro Báez Fuente: Archivo
El procurador Casal, la máxima autoridad entre los fiscales, está
pagando el precio de no haberse sumado a la operación para
desestabilizar al fiscal Carlos Stornelli.
Casal no lo protegió a
Stornelli. Le abrió un sumario por el caso de Dolores, que para el
cristinismo y sus medios afines sigue siendo un caso clave, y lo
sancionó con un apercibimiento.
La caída de Stornelli es crucial para la
expresidenta y sus seguidores.
Es el fiscal que investigó (junto con su
colega Carlos Rívolo) el caso de los cuadernos.
Stornelli fue
involucrado en Dolores en una operación hecha por el falso abogado Marcelo D'Alessio e instrumentada por un grupo de políticos y exfuncionarios kirchneristas.
Casal asumió como procurador general cuando renunció Alejandra Gils Carbó,
pero no lo nombró Macri.
A Casal lo nombró la ley, porque era el que
seguía en el orden jerárquico a la exprocuradora.
Casal tiene cerca de
50 años de carrera judicial.
El año pasado estuvo cuatro horas
exponiendo ante la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio
Público.
Diputados que no la integran, como Leopoldo Moreau y Tailhade,
se presentaron a la reunión para tratar de acorralarlo con el caso
Stornelli.
"Casal los abrumó y los aburrió durante cuatro horas porque
no dejó ninguna pregunta sin contestar", recuerda un conocido fiscal.
Casal es un hombre moderado que jamás aplicó sanciones graves a fiscales
críticos o amigos del kirchnerismo.
La prudencia y el respeto a la
independencia de los fiscales son dos de los ejes de su gestión.
Buscan la cabeza de Casal mediante la presión a su persona.
El
cristinismo no puede hacerle un juicio político, porque carece de los
dos tercios de los votos de las dos cámaras del Congreso.
Casal debe
pagar porque Stornelli sigue siendo fiscal (aquella operación estuvo
destinada a desbaratar todo su trabajo en el caso de los cuadernos), y
su decisivo lugar debe ser ocupado por un kirchnerista o un
filokirchnerista.
En el proceso de ampliación del poder cristinista en
el Estado, la jefatura de los fiscales es una colina por la que valen todas las batallas.
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