EN GUATEMALA…
COMO ACÁ
(causas más, causas menos... igualito a mi Santiago)
(causas más, causas menos... igualito a mi Santiago)
El organismo anticorrupción de Guatemala inspiró a Latinoamérica, pero es posible que no sobreviva a las elecciones
CIUDAD DE GUATEMALA — Varios integrantes de la élite
política de Guatemala, que alguna vez fueron intocables pero hoy están
encerrados en las barracas de una base militar, preparan su regreso al poder.
Expresidentes,
ministros, diputados, jueces y empresarios encarcelados gracias a una lucha de
años contra sobornos e impunidad pasan las horas muertas haciendo jardinería,
afinando guitarras, estudiando inglés, cocinando para visitantes dominicales… y
alistando una campaña para poner fin a las investigaciones anticorrupción que
los llevaron a prisión.
El blanco de esa
campaña es un pánel de investigadores internacionales, respaldado por las
Naciones Unidas, que ha liderado una de las luchas más efectivas contra la
corrupción en América Latina y que ha sido
ejemplo en una región que batalla para atajar la corrupción que origina
gran parte de la desigualdad y la violencia.
La comisión trabaja
en conjunto con los procuradores guatemaltecos y tiene como misión fortalecer
las instituciones de la frágil democracia establecida después de décadas
de regímenes militares y de la guerra civil de 36 años de duración.
Las personas
acusadas tienen un poderoso aliado: el actual presidente guatemalteco, Jimmy
Morales.
Aunque durante su campaña se presentó como un hombre reformista, cuando él y sus familiares fueron señalados de haber cometido crímenes por los investigadores, cambió rápidamente de opinión.
Aunque durante su campaña se presentó como un hombre reformista, cuando él y sus familiares fueron señalados de haber cometido crímenes por los investigadores, cambió rápidamente de opinión.
Desde entonces ha escalado la ofensiva contra el pánel
anticorrupción, lo que amenaza
el Estado de derecho en el país, dijo Iván Velásquez, el encargado de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
“Los empresarios
que fueron acusados, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia; todo el gobierno: la pretensión es obtener impunidad”, dijo
Velásquez.
Para eso “tienen que permanecer con el control del Estado”.
Para eso “tienen que permanecer con el control del Estado”.
A un mes de la
primera vuelta presidencial de junio, los prisioneros y sus aliados están
conspirando para ganar las elecciones y así poder asegurarse de que la Cicig
desaparezca.
Quedaron un paso
más cerca de su meta el 15 de mayo gracias a una decisión de la Corte de
Constitucionalidad: Thelma Aldana, la exfiscala
y la única de los candidatos presidenciales más conocidos que respalda a la
Cicig, no podrá postularse para las elecciones.
Eliminar de la
contienda a Aldana, quien fue elogiada a nivel internacional por su
participación en la lucha anticorrupción, vuelve casi una certeza que la Cicig
dejará de existir cuando termine
su mandato este septiembre, según afirma Alexander Aizenstadt, abogado
experto en Derecho Constitucional.
Aizenstadt sostiene
que el impulso en contra de la corrupción ha sido tan popular entre los
guatemaltecos que quien resulte electo no podría eliminar la Cicig
sencillamente.
Pero el abogado también advierte que un posible sustituto terminaría por ser un organismo débil y solamente tomaría algunos pasos “para apaciguar el sentir público”.
Pero el abogado también advierte que un posible sustituto terminaría por ser un organismo débil y solamente tomaría algunos pasos “para apaciguar el sentir público”.
La supervivencia de
la Cicig tiene grandes implicaciones, y no solamente dentro de Guatemala.
Desde que fue establecida hace doce años, la comisión
ha procesado más
de cien casos y ha presentado cargos contra unas setecientas personas
involucradas en más de sesenta redes criminales; en el transcurso se ha ganado
la simpatía de muchos guatemaltecos que han salido a protestar a las calles en
su defensa.
Durante la campaña presidencial, con diversas encuestas que muestran una desconfianza hacia el gobierno y los políticos, la Cicig suma el respaldo de más de la mitad de la población.
Durante la campaña presidencial, con diversas encuestas que muestran una desconfianza hacia el gobierno y los políticos, la Cicig suma el respaldo de más de la mitad de la población.
Si los recientes
esfuerzos contra la corrupción en Guatemala son frenados, se sentiría el
efecto hasta en Estados Unidos, donde la política hacia la región se ha
enfocado en detener el flujo
de narcóticos y el éxodo de migrantes que huyen de la pobreza y la
violencia.
No será posible combatir esos problemas si no hay un Estado de derecho, afirmó William Brownfield, investigador sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y quien fue subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
No será posible combatir esos problemas si no hay un Estado de derecho, afirmó William Brownfield, investigador sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y quien fue subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
“El trabajo de la
Cicig sí llega a las causas de la migración, de las pandillas, de temas
relacionados a las drogas”, dijo Brownfield.
Los países vecinos
de Guatemala también ven a la Cicig como un modelo.
En Honduras un organismo similar, aunque con menos fuerza, ha revelado redes de corrupción entre diputados.
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, también ha propuesto la creación de una comisión contra la impunidad y el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció el 13 de mayo el establecimiento de una comisión técnica con cinco especialistas internacionales.
En Honduras un organismo similar, aunque con menos fuerza, ha revelado redes de corrupción entre diputados.
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, también ha propuesto la creación de una comisión contra la impunidad y el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció el 13 de mayo el establecimiento de una comisión técnica con cinco especialistas internacionales.
Sin embargo, los
desafíos para el Estado de derecho en la actualidad sugieren que los avances
contra la corrupción siguen siendo muy frágiles, no solo en Guatemala sino en
buena parte de América Latina.
El desagrado que va en aumento entre la gente respecto a los sobornos y la falta de gobernanza ayudaron a impulsar investigaciones que destituyeron a presidentes y encarcelaron a directores empresariales, pero también generaron una feroz resistencia por parte de quienes detentan el poder.
El desagrado que va en aumento entre la gente respecto a los sobornos y la falta de gobernanza ayudaron a impulsar investigaciones que destituyeron a presidentes y encarcelaron a directores empresariales, pero también generaron una feroz resistencia por parte de quienes detentan el poder.
En Guatemala, políticos, líderes empresariales y las
fuerzas armadas se han unido para luchar contra la comisión.
Argumentan que el involucramiento de extranjeros (Velásquez es colombiano) en las investigaciones de Guatemala socavan la soberanía del país.
También critican el uso de informantes que tiene la comisión y denuncian que se viola la presunción de inocencia de quienes son acusados.
Sobre todo, dicen que los procesos de la Cicig están politizados.
Argumentan que el involucramiento de extranjeros (Velásquez es colombiano) en las investigaciones de Guatemala socavan la soberanía del país.
También critican el uso de informantes que tiene la comisión y denuncian que se viola la presunción de inocencia de quienes son acusados.
Sobre todo, dicen que los procesos de la Cicig están politizados.
“Yo me siento un secuestrado político”, afirmó Carlos Vielmann, exministro de
Gobernación.
Ayudó a negociar el acuerdo con la ONU para la llegada de los fiscales internacionales y luego fue uno de los acusados por la comisión, tras lo cual terminó como reo en el centro de detención preventivo creado expresamente en la base Brigada Militar Mariscal Zavala, que está ubicada en Ciudad de Guatemala.
Vielmann pasó seis meses ahí y fue liberado bajo fianza a principios de mayo.
Ayudó a negociar el acuerdo con la ONU para la llegada de los fiscales internacionales y luego fue uno de los acusados por la comisión, tras lo cual terminó como reo en el centro de detención preventivo creado expresamente en la base Brigada Militar Mariscal Zavala, que está ubicada en Ciudad de Guatemala.
Vielmann pasó seis meses ahí y fue liberado bajo fianza a principios de mayo.
Las iniciativas
para eliminar la comisión internacional han desatado una crisis constitucional
desde hace varios meses.
En agosto, el
presidente Morales anunció que no iba a renovar el mandato de dos años de la
Cicig, el cual vence este septiembre.
Luego intentó bloquear sus labores durante su último año de vigencia.
Luego intentó bloquear sus labores durante su último año de vigencia.
Morales expulsó
a Velásquez, el comisionado, en septiembre y declaró cuatro
meses después que Guatemala se iba a salir por completo del acuerdo con la
ONU.
Cuando su orden de expulsión fue revertida por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, la instancia más alta en el país, los opositores del tribunal intentaron denunciar a los tres jueces que habían protegido de manera mayoritaria a la Cicig.
Cuando su orden de expulsión fue revertida por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, la instancia más alta en el país, los opositores del tribunal intentaron denunciar a los tres jueces que habían protegido de manera mayoritaria a la Cicig.
Por ahora, la
Cicig —que Velásquez aún encabeza desde el extranjero— y el Ministerio Público
han continuado sus labores.
El pasado 7 de mayo acusaron al ministro de Economía, a un candidato presidencial y a seis diputados de formar parte de un esquema para la compraventa de votos en el congreso con la finalidad de avanzar ciertas leyes y nombramientos judiciales entre 2012 y 2015.
Todos los acusados niegan ser responsables.
El pasado 7 de mayo acusaron al ministro de Economía, a un candidato presidencial y a seis diputados de formar parte de un esquema para la compraventa de votos en el congreso con la finalidad de avanzar ciertas leyes y nombramientos judiciales entre 2012 y 2015.
Todos los acusados niegan ser responsables.
La campaña en
contra de la Cicig y la Corte de Constitucionalidad están poniendo “en riesgo
la democracia y violando la constitución”, dijo Édgar Gutiérrez, analista y
excanciller que propuso inicialmente que Guatemala buscara ayuda internacional
para el tema anticorrupción.
Esa campaña
también ha envalentonado a otros que intentan revertir los avances recientes en
contra de la impunidad y la corrupción.
Durante el último
año, el Ministerio de Gobernación hizo cambios
sustanciales en el liderazgo de la Policía Nacional Civil con los que hizo a un
lado a comandantes profesionales que recibieron capacitación estadounidense.
En el congreso está cerca de aprobarse un paquete de amnistía a militares que están sentenciados o acusados por crímenes de lesa humanidad en la guerra civil.
“Se está dando un vuelco ideológico”, dijo Fernando Linares, diputado que propuso la medida de amnistía.
En el congreso está cerca de aprobarse un paquete de amnistía a militares que están sentenciados o acusados por crímenes de lesa humanidad en la guerra civil.
“Se está dando un vuelco ideológico”, dijo Fernando Linares, diputado que propuso la medida de amnistía.
La Cicig inició como un experimento en 2007, cuando el
gobierno guatemalteco acudió a las Naciones Unidas para pedir su ayuda con el
fin de controlar las redes criminales y militares que habían tomado el control
de partes del Estado.
Además de proveer
mejores prácticas técnicas, establecer cortes especializadas y proponer nuevas
leyes para acelerar las investigaciones, la presencia de la Cicig fortaleció la
independencia de la fiscalía general al ser un amortiguador contra las
presiones políticas.
“Creo que en
nuestros países en América Latina, las fiscalías se encuentran muy ligadas al
poder político y al poder económico”, dijo Velásquez, quien estuvo a cargo de
investigaciones sobre vínculos entre políticos y grupos paramilitares en
Colombia.
“Eso limita sus acciones”, agregó.
“Eso limita sus acciones”, agregó.
La llegada de
Velásquez a Guatemala, en 2013, y el nombramiento de Thelma Aldana el año
siguiente aceleraron las investigaciones.
Los casos que
presentaron dieron la imagen de un país donde los sobornos y el desvío de
recursos eran una parte casi intrínseca de cómo se atendían los asuntos del
gobierno y de las vidas que se habían perdido por la corrupción, como en
el caso de los contratos irregulares para la compra de equipo médico de
diálisis por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
En 2015, Aldana
imputó al presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta,
Roxana Baldetti, por ser parte de una red de defraudación fiscal,
cargos que ambos rechazaron.
Los guatemaltecos estuvieron protestando durante meses en las calles.
Los guatemaltecos estuvieron protestando durante meses en las calles.
Pérez Molina
terminó renunciando y el repudio hacia la corrupción en el poder impulsó
a Morales, antes un comediante de televisión, a la presidencia.
Prometió trabajar junto con Velásquez.
Prometió trabajar junto con Velásquez.
Rápidamente
surgieron tantos casos que los guatemaltecos empezaron a llamar “jueves de
Cicig” a las conferencias de prensa semanales.
La gran
cantidad de casos desbordó la capacidad de las cortes, lo que provocó que
muchos sospechosos pasaran meses, hasta años, detenidos en la base militar
antes de ser enjuiciados.
A pesar
de los casos contra individuos poderosos, muchas redes políticas establecidas
en el congreso y en los gobiernos locales se mantienen.
Algunos jueces corruptos también siguen en sus cargos.
Algunos jueces corruptos también siguen en sus cargos.
Luego la
familia de Morales también fue investigada por la Cicig.
Primero acusaron de fraude al hijo y al hermano del presidente; ellos niegan esos cargos.
Primero acusaron de fraude al hijo y al hermano del presidente; ellos niegan esos cargos.
Luego la
Cicig empezó a revelar esquemas de financiamiento ilegal de campaña.
El presidente, el único funcionario con el poder para poner fin al mandato de la comisión, empezó a ser investigado, al igual que algunos de los empresarios más poderosos del país.
La Cicig comenzó a tener enemigos muy influyentes como Remigio Ángel González quien, como propietario de cinco televisoras, tiene un monopolio virtual de las noticias por televisión.
Alba Elvira Lorenzana, esposa de González, está acusada de hacer donaciones de campaña ilegales a Pérez Molina, el exmandatario encarcelado.
El presidente, el único funcionario con el poder para poner fin al mandato de la comisión, empezó a ser investigado, al igual que algunos de los empresarios más poderosos del país.
La Cicig comenzó a tener enemigos muy influyentes como Remigio Ángel González quien, como propietario de cinco televisoras, tiene un monopolio virtual de las noticias por televisión.
Alba Elvira Lorenzana, esposa de González, está acusada de hacer donaciones de campaña ilegales a Pérez Molina, el exmandatario encarcelado.
Aparentemente,
los casos de financiamiento ilegal de campaña acabaron con el respaldo
que los empresarios le habían dado a la Cicig.
“Mostramos
una preocupación, porque en algunos casos la comisión estaba teniendo una
intervención en debates públicos que excedían propiamente su mandato”, dijo
Roberto Ardón, director ejecutivo de la poderosa
organización empresarial Cacif.
El
gobierno y quienes se oponen en el congreso a la Cicig —más del 20 por ciento
de los diputados enfrentan algún cargo de corrupción— también lograron
socavar el compromiso de Estados Unidos con la comisión al cultivar el
apoyo de funcionarios del gobierno de Trump y dejando de lado a los
profesionales del Departamento de Estado que durante mucho tiempo han apoyado a
la comisión.
A medida
que se acercan las elecciones, el entusiasmo que hace cuatro años hizo que
muchos guatemaltecos salieran a las calles para manifestarse contra la
corrupción ha sido remplazado por la aceptación de que se necesitará mucho más
que un nuevo presidente para cambiar las estructuras de poder.
“Cambiar
una dinámica de siglos no es tan fácil”, dijo Álvaro Montenegro, uno de los
organizadores de las protestas callejeras de 2015.
“No es que va a pasar de un día para otro. Pero se va a dar un cambio”.
“No es que va a pasar de un día para otro. Pero se va a dar un cambio”.
Nic Wirtz
colaboró en este reportaje.
Fuente
“The New York Times”, EE.UU., 19.05.2019
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