BÁEZ (h) A JUICIO
Sospechas de corrupción
Envían a
juicio oral a un hijo de Lázaro Báez por los negociados con la obra pública de
Santa Cruz
El juez Ercolini cerró la
investigación sobre Martín, que está preso en Ezeiza por haber violado la
inhibición de bienes con movimientos bancarios en Suiza y Bahamas.
Martín Báez junto a su padre, Lázaro, en el inicio del juicio por la ruta del dinero K.
LUCÍA SALINAS - 08/05/2019
Luego de que la Sala I de la
Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento contra Martín
Báez- el mayor de los hijos varones de Lázaro, ambos presos en
Ezeiza-, el juez Julián Ercolini lo envió a juicio oral junto a otros
acusados como partícipes de la asociación ilícita que
defraudó en cifras multimillonarias al Estado al favorecer al Grupo Austral con
contratos de obra pública vial.
La
justicia dio por acreditado que los expedientes de obra pública vial en
los que habían intervenido las empresas de Lázaro Báez, donde las obras eran
solventadas con recursos del Estado Nacional, ”estuvieron signados por
numerosas irregularidades”.
Entonces
se sostuvo que esto no respondía a diversos “incumplimientos o ilicitudes
administrativas”, sino que todo tenía “relevancia penal, al
evidenciar múltiples abusos y anomalías en la contratación, que se fueron
reiterando a lo largo de un prolongado período temporal -coincidente con una
misma administración de gobierno”.
En esta
estructura gubernamental encabezada por Cristina Kirchner como
supuesta jefa de una asociación ilícita, intervino un único ministro del área
encargada de la implementación y control de la obra pública, Julio De
Vido.
Vialidad Nacional entonces, dependía del ex ministro ahora preso.
La
primera etapa del expediente ya fue elevada a juicio oral y conducirá
a la ex Presidenta a su primer juicio por corrupción este 21 de mayo.
Ahora, el juez Ercolini elevó la segunda etapa a juicio oral.
En el análisis de los
52 contratos por 46.000 millones de pesos que las firmas de Báez
recibieron durante la gestión kirchnerista, la Cámara Federal observó que
hubo “acciones u omisiones que presentaban como común denominador un elemento: el
beneficio de empresas vinculadas al imputado Lázaro Báez, que se traducía a su
vez en un perjuicio económico para el Estado Nacional”.
Tal
como contó Clarín,
el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que llevará adelante el juicio de este
expediente, en un primer cálculo, planteó que el perjuicio al Estado por estas
maniobras fue superior a los 10.000 millones de pesos.
La Justicia dio por acreditado,
entre otras "diversas irregularidades”, la concurrencia de distintas empresas de
Báez a una misma licitación; la adjudicación de las obras por encima de la
capacidad de contratación y ejecución de las empresas; falta de
disponibilidad de equipamiento suficiente para la ejecución de las obras, la
infrecuente celeridad en la tramitación de los expedientes de obra, entre
otras.
Todo
posibilitó que Austral Construcciones -de la que Martín Báez posee un 5% de las
acciones- sea la principal adjudicataria de los contratos viales en Santa
Cruz.
Ahora, la Sala I reiteró que existió un esquema de beneficios exclusivos
y permanentes en favor "de Báez y en "detrimento de las arcas del
Estado".
Entre otras cosas, fue a través de la simulación
de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K,
sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos
sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de
capacidad técnica.
El agravante es que la mitad de los contratos quedaron
inconclusos.
De esta (sic) acusaciones no logró
quedar exento Martín Báez, y ahora irá a juicio oral pese a plantear
que era su padre la principal autoridad del holding y responsable de sus
negocios.
Ercolini indicó que aún cuando Lázaro hubiera dado
las directivas necesarias dentro de su grupo empresario, “es evidente que no
habría podido organizar y coordinar por sí mismo las ofertas presentadas por
sus empresas en las distintos procesos licitatorios y la actuación posterior de
las mismas una vez que resultaban adjudicatarias”.
El
mayor de los hijos varones del empresario K -preso en la causa de "la ruta
del dinero K"-, era presidente, vice, director y
apoderado de Kank y Costilla S.A.; accionista y apoderado de Austral
Construcciones S.A.; socio gerente y apoderado de Loscalzo y Del Curto S.R.L.
Por ello está acusado de haber realizado distintos actos en representación de
empresas del conglomerado económico perteneciente a su padre “que resultaban
esenciales para la consecución de la maniobra defraudatoria, entre el 8 de mayo
de 2003 y el 9 de diciembre de 2015”.
Por
esta razón, se sostuvo que por su posicionamiento estratégico dentro de la
principal empresa y en “ forma concomitante, de otras sociedades del grupo,
debe ser valorado como un claro indicador de la relación de confianza existente
entre el propietario del grupo empresario y su hijo” y que esto fue necesario
para llevar adelante las maniobras investigadas.
FUENTE
“CLARÍN”, 08.05.2019
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