AMAZONIA: PERÚ /EE.UU.
MEDIO AMBIENTE Y... CONTRADICCIÓN
Estados Unidos
podría tomar medidas contra Perú por la deforestación de la Amazonía
Por GLENN THRUSH 19 de diciembre de 2018

Funcionarios ambientales medían la madera talada de manera ilegal en la selva amazónica brasileña. Perú, el país vecino, ha decidido limitar las funciones del organismo gubernamental encargado de detener la tala de árboles en la Amazonía.
Vinicius Mendonza/Ibama vía Associated Press
WASHINGTON — El gobierno del presidente estadounidense Donald
Trump analiza tomar medidas contra Perú por la deforestación de la Amazonía.
Según personas que conocen la propuesta, sería la primera vez que Estados
Unidos intenta sancionar a un socio comercial por violar estándares ambientales
en un acuerdo.
Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos,
está considerando desafiar la decisión de Perú de desmantelar un organismo
creado para detener la tala ilegal de árboles en la selva amazónica como parte
del Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. de
2007.
Es probable que Lighthizer quiera demostrarle a los demócratas que está
dispuesto a tomar acciones decisivas en los temas que ellos consideran
importantes.
Según diversos funcionarios, Estados Unidos podría convocar a un
tribunal independiente en una fecha tan próxima como el 21 de diciembre para
que decida sobre el caso, sin embargo, también advirtieron que las fechas
podrían cambiar.
La decisión, que ocurriría mientras Trump reduce
sistemáticamente las protecciones a las áreas silvestres en Estados Unidos,
podría tener consecuencias significativas para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC,
que será analizado por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.
El acuerdo forestal fue agregado al acuerdo comercial de 2007
por Nancy Pelosi, la representante demócrata de California, quien al
parecer volverá a la presidencia de la Cámara de Representantes en enero.
El
lenguaje es la base para el cumplimiento de las disposiciones de los estándares
laborales y ambientales en el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá que
los tres países firmaron este año.
El nuevo acuerdo comercial, que remplazara al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, TLCAN, debe ser aprobado por el congreso y los
demócratas han cuestionado si el acuerdo renegociado tiene la suficiente fuerza
para obligar a México a cumplir con los compromisos de elevar los salarios en
la industria automotora.
El Anexo Forestal de Perú fue considerado un modelo
para un nuevo sistema de inspección que podría incluir la confiscación en la
frontera de bienes considerados como violatorios del tratado, y la presentación
de acciones judiciales en contra de compañías que importan productos que no
cumplen con las especificaciones.
Según un funcionario estadounidense, la medida tiene como
objetivo demostrarle a Pelosi y a los demócratas de la Cámara de Representantes
que Trump está dispuesto a tomar medidas para asegurarse de que las
disposiciones del nuevo tratado de América del Norte serán cumplidas al máximo
nivel posible.
La semana pasada, Lighthizer intentó contener las repercusiones
de las recientes declaraciones de Trump sobre sus planes de retirarse del
TLCAN, un anuncio que busca presionar a los demócratas para que aprueben el
nuevo acuerdo dentro de los próximos seis meses.
Lighthizer se reunió con Pelosi la semana pasada con el fin de
asegurarle que el gobierno planea implementar un sólido sistema de inspecciones
en la frontera para asegurarse de que México cumplirá con sus obligaciones
laborales y ambientales.
“Aunque hay aspectos positivos en este acuerdo comercial
propuesto, es solo una lista que no asegura el cumplimiento de las protecciones
laborales y ambientales”, dijo Pelosi después de una reunión.
Según tres funcionarios, Lighthizer ha convencido a Trump de
retrasar la solicitud formal de retirarse del TLCAN.
Si el mandatario decide
salirse del tratado, el congreso solo tendría seis meses para aprobar la
legislación que permitiría la implementación del nuevo acuerdo, de lo contrario
habría que regresar a los convenios comerciales previos que incluyen aranceles
más altos.
Durante los últimos años, Perú ha disminuido el cumplimiento de
las leyes ambientales en un intento por atraer inversión extranjera.
En 2016,
el gobierno peruano despidió al presidente del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales, Rolando Navarro, después de que ejecutivos de la industria
de la madera protestaron por el incautamiento de madera de la Amazonía por
parte de funcionarios estadounidenses.
La semana pasada, el gobierno peruano acotó en gran medida la
autoridad del organismo, el cual fue fundado para cumplir con el acuerdo.
Durante la década pasada, el congreso estadounidense le ha
otorgado a Perú 90 millones en asistencia con el objetivo de aumentar la
aplicación de la ley.
En 2015, funcionarios del Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos en Houston, con base en los datos de inteligencia de
sus homólogos peruanos, incautaron 1770 toneladas de madera de la selva
amazónica que encontraron en un buque carguero oxidado.
No obstante, desde entonces ha disminuido la aplicación de
las leyes, y la deforestación ilegal está en aumento, según una investigación
de The Associated Press publicada en abril.
Los demócratas de la Cámara de Representantes, incluidos los
miembros que obligaron al gobierno de George Bush a incluir las disposiciones
de la selva amazónica en el tratado hace una década, han protestado por las
acciones de Perú.
“La selva peruana es una de las maravillas del mundo”,
escribieron los miembros demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la
Cámara de Representantes en una carta dirigida a Lighthizer el 19 de
diciembre.
“Solicitamos que el representante comercial de Estados Unidos continúe
insistiendo en que esta decisión descarada y de mala fe sea revertida
formalmente para finales de esta semana. Y si no, entonces exhortamos al
representante comercial que tome medidas inmediatas para hacer cumplir el
acuerdo existente con Perú mediante las vías apropiadas”.
Funcionarios de comercio se preparan para presentar una queja
con un tribunal independiente establecido como parte del tratado.
Si los jueces
fallan a favor de Estados Unidos, Perú tendría que revisar sus políticas o
enfrentar sanciones económicas.
La acción podría tomarse desde este viernes.
Un vocero del representante comercial de Estados Unidos no
respondió a una solicitud para comentar al respecto.
La Embajada de Perú en
Washington tampoco ofreció una respuesta.
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