VACA MUERTA… ¿BLINDADA?
– II –
Mapuches rechazan un “blindaje judicial” a Vaca Muerta
La Confederación Mapuche advirtió que
es un intento por “criminalizar los sectores trabajadores y los reclamos de las
comunidades”.
24 OCT 2018
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En septiembre de 2017 la justicia ordenó el desalojo de una comunidad mapuche en Tratayen.
La Confederación Mapuche de Neuquén
rechazó la posibilidad de que la justicia penal intervenga en los conflictos
sociales que se desarrollan en Vaca Muerta.
Aseguran que se busca criminalizar
las protestas y que “significa aumentar la persecución y el hostigamiento”.
El planteo surgió en respuesta a un
intento de empresas para tipificar penalmente los reclamos que se den dentro de
los yacimientos petroleros para que la actividad hidrocarburífera no se vea
afectada.
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Desde la fiscalía neuquina rechazaron
que se busque criminalizar las protestas sociales y advirtieron que el accionar
de la justicia “está inserto en la comunidad.
El Ministerio Público Fiscal, con
el nuevo Código Procesal Penal, es un órgano no solo encargado de la
persecución legal del delito sino que también esta encargado de gestionar la
conflictividad social a través de todas las herramientas que se disponen, como
la mediación penal”.
La representante legal de la
Confederación Mapuche, Micaela Gomiz, indicó que “nos parece preocupante que el
Ministerio Público Fiscal solicite un blindaje, porque muestra que hay una
agudización del proceso de criminalización a los sectores de trabajadores que
están en lucha y a las comunidades mapuches que en esta región están alertando
sobre esta situación de entrega, saqueo y contaminación con este modelo que
impone el gobierno nacional y la provincia respecto de la explotación de Vaca
Muerta”.
En ese contexto Gomiz remarcó que “los
conflictos los tiene que resolver la política pública que tiene que llevar la
provincia y la nación. Uno esperaría que el poder político, sea a través del
Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, se este cumpliendo las necesidades de los
sectores que están hoy reclamando. La justicia penal siempre tiene que se la
última ratio y no debe ser la manera de abordar los conflictos sociales”.
Por último cuestionó que “no veo la
misma energía puesto en que se cumpla el relevamiento mapuche que se prorrogó
el año pasado y que hoy en día está absolutamente parado, ni garantizar que se
cumpla la registraron de las comunidades que exigen ser reconocidas”.
Neuquén
Fuente
“RÍO
NEGRO”, 24.10.2018
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