MENDOZA: LA “TUPAC” Y… LA CORTE
La Corte
revisará el fallo que dejó libres a los líderes de la Tupac
La Corte
Suprema admitió el recurso de queja de la fiscal Gabriela Chaves.
Ahora,
vía casación, analizarán la causa por asociación ilícita y la sentencia de la
Octava Cámara del Crímen, que liberó a todos los acusados.
Es uno de los temas
más calientes de Tribunales.

La Suprema Corte de Mendoza admitió el recurso
de queja presentado por la fiscal Gabriela Chaves y ahora ese tribunal
analizará el fallo que dejó en libertad a toda la cúpula de la Tupac en la
causa en la que estaban acusados de asociación ilícita.
La decisión tiene
una fuerte trascendencia, pues la Corte reverá la decisión de la Octava Cámara
que había dejado en libertad a todos los imputados y prácticamente había
enterrado la causa.
Una de las claves del caso es
justamente esa: la Cámara había cuestionado la causa por asociación ilícita,
pero no dictó el sobreseimiento, por lo que complicaba el recurso de apelación
ante la Corte (que solo podía hacerse con una sentencia definitiva).
Pero los
jueces de la Sala Penal admitieron los argumentos de la fiscal Chaves, que
apuntaba a que en los hechos lo que hizo la Cámara fue “sentenciar” la
causa.
La
Corte basó su decisión en la importancia institucional y la magnitud de la
causa. En ese sentido, explican que aunque la decisión de la Cámara no es
definitiva, ocasiona efectos que sí lo son.
Leé también: El
camarón jugó fuerte a favor de la Tupac
La fiscal Chaves acusó a toda la cúpula de la
Tupac Amaru de haber organizado una asociación ilícita para delinquir.
La base
de esa acusación era que a través de una “supuesta organización social y red de
cooperativas” usaban la extorsión, las amenazas y otros delitos para manejar
fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Por eso estaban
imputados y detenidos Nélida Rojas, su esposo Ramón Martínez y gran parte de la
familia que forman.
La Octava Cámara del Crimen cuestionó ese proceso y el uso
de la figura de asociación ilícita, revocando la prisión preventiva de Nélida
Rojas, Ramón Martínez, Carla Martínez, Aida Martínez Fanny Villegas.
Pero no
dictaron el sobreseimiento, sino que pidieron seguir investigando y quedaron
firmes imputaciones menores contra los acusados.
Para ellos la Tupac es una
organización social y política que actúa legítimamente y no una asociación
ilícita como plantea la hipótesis de la Fiscal.

El recurso de casación fue
rechazado primero, peo (SIC) ahora se admitió vía recurso de queja.
La Corte,
entonces, abre la instancia y el debate se traslada al cuarto piso de
Tribunales.
Allí los jueces deberán escuchar y leer los argumentos de la Fiscal
y de la Octava Cámara y luego resolver si anula la sentencia de esos jueces.
En
ese caso, podrían ordenar una nueva audiencia y retrotraer la causa hasta antes
de que se liberaran a los acusados.
Así se podrían mantener firmes
las imputaciones y las detenciones que la fiscal Chaves había pedido y que
había ratificado la justicia de garantías y hasta podrían volver a estar
detenidos.
Por el contrario, la Corte puede avalar lo actuado por la Cámara y
dejar caer del todo la acusación por asociación ilícita y mantener a los
acusados en libertad.
Los
jueces consideran que la “causa Tupac” tiene una trascendencia que merece
avanzar en su análisis y, además, entienden que se dan las condiciones para
tomar una excepción: que haya una casación (apelación) aún de una decisión no
definitiva y consideran que fue “erróneamente denegado” el recurso de casación.
La
sentencia, que no avanza aún sobre el fondo del tema, fue firmada el vienes
pasado por los jueces José Valerio y Pedro Llorente.
Allí también hay una
trastienda política.
La Sala 2 de la Corte está integrada por Valerio,
Mario Adaro y Omar Palermo.
Adaro fue apartado de esa causa y Palermo está de
licencia.
Quienes conocen la “temperatura de las causas” de la Corte aseguran
que el cambio transitorio en la composición de esa sala puede haber influido en
el resultado.
Como sea, ahora el máximo Tribunal tendrá que resolver sobre una
de las causas más calientes.
Mientras
esa causa comenzó a desanudarse en Tribunales, avanza otra investigación que
toma más cuerpo.
Se trata de la causa por sospechas de fraude a la
administración pública.
La Corte nacional fue la que habilitó a la justicia
local a investigar esos hechos tras considerar que el dinero que, según la
sospechas, se malversó era de origen provincial.
Por ahora los peritos y las
investigadoras avanzan en la auditoría de los números, las cuentas bancarias,
las obras que se ejecutaron y las que no.
Fuente
“MDZ”, 24.09.2018
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