¿TIENEN ALGO QUE OCULTAR?

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Juicio político de Carrió a Lorenzetti: ¿cuál es la situación de las declaraciones juradas de los miembros de la Corte?

Renzo Lavin y Marcelo Giullitti 

11 ABRIL, 2018

El máximo tribunal estableció un mecanismo que dispone la reserva de cierta información que por ley debía ser pública y, a la vez, complejiza la posibilidad de acceso a las declaraciones.

Elisa Carrió y diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron ayer una ampliación del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

La primera presentación había sido en abril de 2017, y uno de los puntos del texto cuestionaba que el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de la Corte “está preparado deliberadamente para evadir lo dispuesto en la ley de ética pública y no exhibir el patrimonio de los más altos magistrados de la Nación”. 

¿Es así?

Quien quiera hoy acceder a declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo o el Ministerio Público de la Defensa, puede descargarlas online.

Quienes quieran conocer las declaraciones juradas (DDJJ) de jueces y fiscales, puede hacerlo mediante un formulario de solicitud de acceso a dicha información. 

Finalmente, si alguien quiere conocer las DDJJ de los jueces de la Corte Suprema, simplemente no podrá hacerlo de ninguna manera.

Desde la sanción de la Ley de Ética en la Función Pública en 1999, los funcionarios de la Corte Suprema están incluidos entre los obligados a brindar acceso público a sus declaraciones juradas. 

En 2013, otra ley estableció además el deber de publicarlas en internet.

Finalmente, en forma reciente el artículo 32 de la nueva ley de acceso a la información pública, que prevé las obligaciones de transparencia activa -es decir, aquella información que el Estado tiene que publicar sin que se lo pidan-, impuso un estándar aún más alto, obligando a publicar las declaraciones juradas “en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos”.

La Corte Suprema, que sistemáticamente eludió esta obligación, dictó en 2013 una acordada en la que declaró que la Ley 26.857 era “consistente con los principios de transparencia” aplicados por el Tribunal, y que las declaraciones juradas de los/as ministros/as serían publicadas en el sitio web de la Corte.

Sin embargo, en la reglamentación, la Corte estableció un mecanismo que disponía la reserva de cierta información que por ley debía ser pública y, a la vez, complejizaba la posibilidad de acceso a las declaraciones (completar un formulario online y esperar la llegada de un correo electrónico, que debía imprimirse y presentarlo personalmente en sus oficinas).

Paradojalmente, hace más de tres años que periodistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil intentamos reiteradamente seguir el procedimiento establecido para acceder a las declaraciones, pero aquel supuesto correo de confirmación jamás llega.

Desde ACIJ, lo hemos denunciado por nota formal ante la propia Corte, y sólo obtuvimos como respuesta que “se hace saber que respecto de magistrados y funcionarios de esta Corte se encuentra vigente el régimen previsto por las acordadas 25/2013 y 9/2014” (justamente aquel que en esa misma nota le denunciábamos que no funcionaba).

El acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los/as ministros de la Corte Suprema es una herramienta imprescindible para controlar la evolución de su patrimonio y conocer sus antecedentes laborales. 

Esta información resulta clave para controlar si los aumentos en el patrimonio de los funcionarios se justifican con su nivel de ingresos, y así identificar potenciales enriquecimientos indebidos, y también incompatibilidades y conflictos de intereses. 

En consecuencia, se trata de instrumentos clave para prevenir y combatir la corrupción, que tienen su fundamento en el deber de rendición de cuentas.

La Corte Suprema de Justicia lleva más de 18 años incumpliendo la Ley de Ética Pública -que desde 1999 establece la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado-, más de cuatro años incumpliendo la Ley 26.857, y casi un año incumpliendo la Ley de Acceso a la Información Pública.

Cuando el órgano que funciona como último intérprete de la Constitución no cumple la ley, la transparencia y apertura del Poder Judicial no es más que una mera expresión de deseos.

fuente

"chequeado.com", 11.04.2018