AUDITORÍA A LA JUSTICIA
-I-
Casi el 90% de las causas de corrupción no llegan ni siquiera a un
procesamiento

La auditoría sobre el desempeño judicial fue presentado hoy en la reunión del Consejo de la Magistratura por su titular, Miguel Piedecasas
12 de abril de 2018
La sensación de impunidad en causas
de corrupción, un mal que persigue a la Justicia, será alimentada por los
primeros resultados que arrojan la auditoría de la Justicia Federal.
Casi
el 90% de las causas de corrupción que se tramitan en Comodoro Py no llegan a
un procesamiento.
Es decir, la gran mayoría de los funcionarios acusados no
tienen fallos en su contra.
Nunca llegan a juicio.
La
información se desprende de la primera auditoría integral sobre la Justicia
Federal que presentó esta mañana el presidente del Consejo de la Magistratura,
Miguel Piedecasas .
Un estudio inédito de análisis sobre el trabajo de la
Justicia en las causas de corrupción que abarcó miles de expedientes en el
período 1996-2016.
El primer
informe sobre los datos despertaron sorpresa por algunos detalles que ilustran
el trabajo de los jueces.
En promedio, sólo el 12% de las causas con
funcionarios imputados llega al procesamiento.
Los
jueces que más fallos impulsaron contra imputados por corrupción fueron, en
primer lugar, Sebastian Casanello (23,5% de las causas llegan a
procesamientos) y, detrás suyo, Ariel Lijo (17%).
En cambio, los juzgados de
Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres registran el 8% de procesamientos sobre
las causas que estaba en trámite a fines de 2016.

Pero los
largos tiempos en el trámite de las causas, otro tema recurrente en las
críticas hacia la Justicia, no tienen correlato con la realidad, de acuerdo a
los primeros datos de la auditoría.
Las causas por corrupción concluidas
tuvieron una instrucción, en promedio, de apenas dos años y nueve meses.
Ninguno de los 12 juzgados de Comodoro Py superó, en promedio, los 4 años en el
trámite de instrucción.
Sin
embargo, casi todos los juzgados porteños mantienen en trámite causas desde
hace 10 años.
La mitad de los magistrados, incluso, conservan activas causas
que se iniciaron hace 15 años.
Llama
la atención que unas 16 causas iniciadas entre 2001 y 2003 permanezcan todavía
activas en la primera etapa de instrucción, un trámite que según el Código
Procesal Penal debería durar apenas seis meses.
El juzgado con más expedientes
dormidos es el que estuvo a cargo de Norberto Oyarbide hasta 2016, que
acumulaba 12 expedientes con más de diez años de trámite.
Fuente
“LA NACIÓN”, 12.04.2018
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