ESPAÑA: JUBILADOS Y
EL PACTO DE TOLEDO
Empleo quiere subir más las pensiones liberando gastos de
la Seguridad Social
Confía en que el Pacto de
Toledo acuerde recomendaciones generales antes del verano para legislar durante
este año
Madrid08/02/2018
Con más de un año de retraso, y pese a las
controversias entre los distintos partidos políticos, la comisión del Pacto de
Toledo ultima sus recomendaciones para afianzar la sostenibilidad
futura del sistema público de pensiones.
Sus
señorías entregarán al Ministerio de Empleo un conjunto de ideas generales sin
tocar aquellos aspectos que más separan a los grupos como la revalorización de
las pensiones, la edad de jubilación y el factor de sostenibilidad.
Todos los
partidos están de acuerdo en mantener el modelo vigente de reparto con
algunos cambios y sus recomendaciones serán orientaciones generales que el
Gobierno plasmará después en medidas concretas.
La idea que maneja el Ejecutivo es contar
con esas recomendaciones antes del verano para posteriormente negociar
con empresarios y sindicatos las
nuevas modificaciones.
Si consigue el apoyo de los agentes sociales, el Gobierno tendrá más fácil lograr también los apoyos parlamentarios
suficientes de modo que las primeras medidas puedan aprobarse
antes de que acabe el año para que en 2019 pudieran comenzar a aplicarse.
A diferencia de las reformas llevadas a cabo
en 2011 y 2013, cuando se abordaron cambios paramétricos del sistema, la idea
ahora es aligerar de gastos la Seguridad Social, lo que permitiría subir en el futuro más de un 0,25% las pensiones,
tal y como reclaman todos los grupos parlamentarios.
Como ya informó este periódico 2018 ha sido el
quinto año en el que la nómina de los jubilados ha subido el mínimo que marca la Ley para momentos de crisis del sistema como
ocurre actualmente, lo que ha provocado que el pasado año perdieran poder
adquisitivo.
Esta es una de las principales críticas que en el Pacto de Toledo
se realizan al Ejecutivo y al actual sistema de revalorización de pensiones que
aprobó el Gobierno de Rajoy en su primera legislatura.
Todos los grupos se han
mostrado partidarios de buscar fórmulas alternativas al Índice
de Revalorización de las Pensiones (IRP), pero no han
llegado a ningún acuerdo.
Índice de revalorización
El Índice es un complejo indicador que tiene
en cuenta factores como la cuantía de la pensión media por el efecto
sustitución, el número de pensiones, los ingresos y los gastos en pensiones,
que se encaminan hacia los 9.000 millones mensuales.
Y aunque las cotizaciones vuelven a crecer por primera vez desde que
estalló la crisis más que los gastos (un 5% frente al 3%) el déficit de las
pensiones cerró el pasado año en 18.800 millones.
El departamento que dirige Fátima Báñez
confía en apuntalar la sostenibilidad de las pensiones actuando
fundamentalmente por el lado del gasto.
En este sentido, pretende centrar la
nueva reforma en ahondar en la separación de fuentes de
financiación del sistema, tal y como
demandan las actuales recomendaciones del Pacto de Toledo.
Se trataría de trasladar algunas partidas que ahora financia la Seguridad
Social a la cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, de
forma que las prestaciones de naturaleza estrictamente
contributiva quedarán en el sistema y las no
contributivas pasarán a depender de los impuestos.
Sería el caso, por ejemplo,
de las pensiones de viudedad y orfandad, decisión que ahorraría al sistema unos
25.000 millones anuales.
El Ejecutivo insiste en que este traslado no
significa que estas dos prestaciones perdieran su naturaleza
jurídica, como ha venido insistiendo el PSOE, uno de
los grupos más reacios.
En todo caso, tampoco se haría todo de una sola vez,
sino de manera progresiva a lo largo de varios años.
Otra de las medidas de reducción del gasto
que estudia el Ejecutivo es convertir las reducciones de cotizaciones y tarifas
planas en bonificaciones, que ahora suponen una minoración de los
ingresos.
Pasar a ser financiadas con el Presupuesto
supondría recortar fondos por valor de 1.900 millones.
También entrarían en
este trasvase de fondos las prestaciones que se pagan por
maternidad y paternidad.
Esta partida ahorraría 300 millones al año.
Para aumentar los ingresos, desde el
Ejecutivo se rechaza la propuesta de PSOE y Podemos de crear un impuesto específico a la banca para financiar las pensiones.
Recuerda que la buena marcha de la economía permitirá obtener mayores ingresos
por cotizaciones y confía también en los recursos que se obtendrán de la lucha
contra el fraude.
Bases de cotización
En el seno del Pacto de Toledo hay también
cierto consenso en la necesidad de destopar la base máxima de cotización, lo
que permitiría también aumentar la recaudación de la Seguridad
Social.
Lo que aún deben decidir es si ese destope
iría acompañado de un aumento de la pensión máxima, opción que algunos grupos
descartan porque, a su juicio, supondría anular el efecto recaudatorio.
En
ningún caso se trataría de elevar los tipos de cotización.
El Gobierno también apuesta por cambiar el
método de cálculo de las pensiones para los trabajadores con largas carreras de
cotización que sean expulsados del mercado de trabajo en la antesala de la jubilación.
La idea del Ejecutivo es que
tengan la opción de poder calcular su pensión tomando toda la vida laboral y
descartando unos pocos años en los que hayan cotizado menos.
Según fuentes
consultadas por ABC esos trabajadores tendrían quehaber cotizado como mínimo el número
de años que se exige para percibir el cien por cien de
la pensión (38 años y seis meses a partir de 2027).
Desde 2013 comenzó a
aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo legal para calcular
la pensión, con lo que este año se hará con los últimos 21 años cotizados y en
2022 se llegará a los 25 años.
La crisis en el PSOE, primero, con el cambio
de secretario general, y la crisis catalana después, han
ralentizado las tareas de la Comisión del Pacto de Toledo.
Ahora parecen estar en su recta final.
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Fuente
“ABC.es”, España, 08.02.2018
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