TRIACA Y UN PAPELÓN
EL ESCANDALO QUE DESTAPO SU EMPLEADA
SOMU: bajo el
mando de Triaca, hubo más de 200 nombramientos
Según
constató PERFIL, sólo en el primer año de la intervención del Ministerio de
Trabajo, hubo 172 designaciones.
La mayoría provenía de la política.
Los
contratos ocultos con la Universidad de La Matanza.
19 de enero de 2018
AURELIO TOMÁS
Sandra Heredia. La casera del ministro fue designada en la seccional San Fernando del gremio marítimo. Esta semana dejó en evidencia a su ex jefe. Foto:cedoc
Entre febrero de
2016 y abril de 2017, la intervención a cargo del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU),
por delegación del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y
bajo órdenes del ministro Jorge Triaca, contrató a 172
personas según documentación de la AFIP a la que accedió PERFIL.
Esta cifra parcial, porque
solo abarca la primera etapa de la intervención, muestra el alcance que tuvo el
manejo de contratos que esta semana se convirtió en escándalo al conocerse el
caso de Sandra Heredia, la empleada de la familia Triaca,
que dividía su tiempo entre la quinta del ministro y el trabajo en el gremio.
Entre los 172 nombres relevados por este diario aparecen ex
empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe,
de la Tesorería de la Provincia y el Renatre, entre otros organismos públicos
provinciales y municipales.
Esto marca un claro
indicio de que el SOMU se convirtió en una agencia de contrataciones públicas más,
a tono con una modalidad que tanto se criticó cuando el actual partido de
gobierno estaba en la oposición.
En este caso, se hace con los fondos, no ya
del Estado, sino de los afiliados de un gremio envuelto en un vendaval por las
denuncias y procesos judiciales contra su ex secretario general, Omar “Caballo” Suárez.
También aparecen en la lista de los contratados apellidos
conocidos en el ambiente judicial, como el caso de un familiar del abogado Maximiliano Rusconi.
El letrado,
consultado por PERFIL,
explicó que solo trabajó por un breve período –dato corroborado por este medio–
y que no fue por sus vinculaciones en la Justicia.
También explicó que su
familiar atravesaba una situación particular que la obligaba a buscar un
trabajo fijo, en reemplazo del que realizaba en el estudio jurídico al que
volvió luego de tres meses.
Otro empleado designado por Trabajo en el SOMU, Oscar Scarcella, llegó al gremio
luego de cargos en la gobernación bonaerense, la Universidad de La Plata y
Aguas Bonaerenses SA, entre 2012 y 2017.
Según indicaron fuentes del gremio,
tendría una relación con Guillermo Scarcella, un abogado cercano al juez
federal Rodolfo Canicoba Corral, denunciado por Elisa
Carrió y vinculado a la gestión provincial de Daniel Scioli.
Los empleados con antecedentes en el sector marítimo son
minoría.
Sí hay contratados con experiencia en otro sector privado: la
seguridad.
Algunos de los cuales han pasado luego a otras instituciones del
Estado y al sindicato que parece ser el próximo coto de caza de contratos: la
Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina UPSRA (ver página 3).
Desde el despacho de la senadora Gladys González, principal figura de la
intervención hasta febrero de 2017, aclararon que estas
contrataciones se deben a las “amenazas permanentes por parte del Caballo
Suárez”.
Sobre el resto de los contratados, indicaron que no eran por tiempo
indefinido y que en al menos 65 casos se debe al pedido del juez de reemplazar
a los delegados de todas las seccionales.
Además, explicaron que la planta total solo creció en treinta
empleados, porque fueron desafectadas personas vinculadas a Suárez y
se eliminaron contratos de tercerizados.
El número total de contrataciones realizadas durante la
intervención del SOMU es aún un misterio, pero todo apunta a que se superaron
con holgura los más de 250 contratos denunciados por Sandra
Heredia.
De hecho, ella
misma fue designada en abril de 2017, tras la salida de González.
Convenios. El manejo de contratos laborales no se limita al gremio,
porque parte de la tropa propia que trabajó y trabaja aún en la intervención lo
hace a partir de una criticada modalidad de contratación: los convenios con universidades.
El Ministerio de Trabajo mantiene un convenio, heredado de la
gestión de Carlos Tomada,
con la Universidad de La Matanza, que lo habilita a contratar trabajadores sin
los mecanismos de transparencia que imponen las normas que regulan el empleo
público.
En 2016, el Gobierno creó un registro de estos contratos que
permitiría trasparentarlos, gestionado
por Educación en colaboración con Modernización, pero no está vigente.
Según
indicaron fuentes gubernamentales estará en funcionamiento a partir de febrero
de 2018.
Bajo esta modalidad trabajan el principal operador del
ministerio en el gremio, Alejandro
“Serrucho” Alvarez, y el cuñado de Triaca, Jorge Borsalino, casado
con Verónica Triaca, quien fue recientemente designada como directora del Banco
Nación.
Borsalino fue, según Heredia, el encargado de gestionar su despido como
casera de la familia Triaca.
Según fuentes de la intervención, Borsalino está trabajando en estos días en la
transición que abrirá la caja de secretos que encierra el SOMU.
La “llave”
debe pasar al secretario electo Roli Durdos, quien lideró una coalición que
venció al candidato sindicado como cercano al Gobierno, con la ayuda de Pablo
Moyano.
El dato es importante, porque ocurre en un momento de máxima tensión
entre el oficialismo y la familia gremial.
Hay quien habla ya de un “vuelto” de
los Moyano por las acciones judiciales impulsadas desde la Unidad de
Información Fiscal (UIF).
Fuente
“PERFIL.com”, 19.01.208
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