DEL ESTROPICIO AL… ¿AJUSTE?
Comienza una nueva batalla
en la TV Pública
DOMINGO
07 DE ENERO DE 2018
Levante la
mano a quien le gustaría trabajar no más de seis o siete horas diarias por un
sueldo bruto promedio, sumando plus varios, de $85.000.
Y recibir hasta el 200%
del jornal si resultara excepcionalmente convocado el fin de semana para
desempeñar alguna tarea.
Y $29.000 extras por mes si aporta su auto para
completar la faena asignada.
Son
datos sorprendentes recopilados por el Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos sobre la dotación de Canal 7 que están bajo la atenta observación de
su titular, Hernán Lombardi, quien deberá poner racionalidad en esa
sobredimensionada y onerosísima estructura, cuyas caprichosas modalidades
laborales son dignas de la imaginación de un autor de realismo mágico.
Si se
reducen las horas extras y tienen éxito los planes de jubilaciones anticipadas
y retiros voluntarios, el achique no será cruento.
Anteayer, la dirección de
Radio y Televisión Argentina (RTA) llevó a la discusión paritaria una propuesta
de 0% de incremento salarial, atendiendo a que los sueldos de la TV Pública se
encuentran muy por encima de los del resto de la industria televisiva.
Un
30% de quienes se desempeñan en la emisora estatal tienen sueldos brutos
mayores a $100.000 y sólo un 2% de ese personal percibe salarios inferiores a
$40.000.
Números insólitos que se vuelven más astronómicos por el crecimiento
casi al doble de empleados durante los años del kirchnerismo (eran 652, en
2002, y en 2015 ascendían a 1115, un 71% más).
El ausentismo, que en los
canales de TV privados ronda el 10%, en la planta de Figueroa Alcorta y Tagle,
construida por la última dictadura militar se dispara al 30%. Datos del SFMyCP.
Lombardi
viene de disponer la creación de la empresa Contenidos Públicos Sociedad del
Estado para nutrir las señales estatales Encuentro, PakaPaka y DeporTV, en
lugar de CIARA, que funcionaba en instalaciones de Fabricaciones Militares y
concebida por Julio De Vido, en su interna contra Tristán Bauer, y cuyos
contratos, tercerizados a la Universidad de 3 de Febrero por disposición del ex
ministro ahora preso, no se renovaron.
Al
inicio de la gestión de Cambiemos, un relevamiento arrojó que la TV Pública
"adeudaba" al personal casi 200.000 días entre vacaciones y francos
compensatorios no tomados, con el agravante de que allí los períodos de
descanso se cuentan por días hábiles en lugar de corridos como en el resto de
los trabajos.
En Canal 7
mandan cuatro gremios: el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), la Sociedad
Argentina de Locutores (SAL), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba)
y la Asociación del Personal Jerarquizado (APJ).
Cada uno de ellos con sus
especificidades son muy celosos de sus territorios y defensores a ultranza de
sus propias conquistas que burocratizan y encarecen hasta el absurdo
determinadas tareas.
"Para cubrir una nota en vivo -apunta un estudioso de
esas complejas relaciones- hacen falta más de diez personas del SAT y tres de
Sipreba".
Por
de pronto Lombardi ya resolvió designar ad honorem al
directorio y suprimir el equipo de asesores, lo que supone un ahorro anual de
48 millones de pesos.
Pero
en vista del lío que se armó por la no renovación de 16 contratos en Radio
Nacional, la mayoría firmados en las postrimerías de la segunda presidencia
cristinista, Lombardi debería preparar su casco: como era de esperar, a la
comisión interna del canal le cayó muy mal que trascendieran algunos de los
números que se vuelcan al comienzo de esta columna y el congelamiento salarial.
Alguien podría declarar la guerra.
"Los
trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública -apuntó en un severo
comunicado esa representación gremial- expresamos nuestro total y absoluto
rechazo a la extorsión y provocación de parte de la empresa y las autoridades
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos."
Pasado
mañana, a las 14, en la redacción del noticiero de Canal 7, decidirán en una
asamblea los pasos a seguir.
Se vienen días bravos, pero el ministro tiene fama
de paciente negociador con suficiente gimnasia política adquirida desde sus
tiempos de militante activo de Franja Morada.
La necesitará en esta ocasión,
aunque se muestra confiado.
Junto
con representantes de los canales privados, Lombardi ya logró, al menos, que
los sindicalistas del sector audiovisual se avinieran a revisar por primera vez
el intocable, sacrosanto y antediluviano convenio de 1975 de la era precolor,
catorce años antes de la caída del Muro de Berlín y del tiempo en que Isabel
Perón y José López Rega mandaban en la Argentina.
Hasta hubo un encuentro entre
las partes con el presidente Mauricio Macri y el ministro Jorge Triaca en la
Casa Rosada, en vísperas de Navidad para darles mayor formalidad a esas tenues
brisas de cambio.
La
industria periodística se reformula dramáticamente aquí y en todo el mundo con
nuevos formatos y dispositivos a los que habrá que aggiornarse para evitar
sucumbir por aferrarse a ortodoxias ya perimidas hace varias décadas.
Tras
la primera etapa de recuperación del pluralismo en pantalla y de una mayor
transparencia en las contrataciones de la TV Pública, a Lombardi, como al resto
de los más altos funcionarios del Gobierno, le toca la difícil misión de
ajustar su vasta área (que además incluye el CCK, Télam, Radio Nacional y
Tecnópolis) al más estricto control de gastos que exige ahora el Presupuesto
2018.
Después
de las interesantes experiencias en 2017 de la tira Cuéntame cómo pasóy
de las entrevistas nocturnas de Cada noche, Lombardi quiere iniciar
una etapa de mayor convergencia en busca de nuevas y más jóvenes audiencias,
actualización tecnológica y mayor austeridad, con un sentido federal e
integrador del país, la implementación de una plataforma digital de contenidos
y la llegada de otras dos ficciones (El marginal 2 y una más en una
sintonía similar al de la serie catalana Merlí).
Comenzó
la temporada de festivales folclóricos, que suele acercarle más audiencia cada
noche a la pantalla oficial y se prepara para transmitir el Mundial con un
ahorro, calculan, sobre Brasil 2014, de US$20 millones en la adquisición de los
derechos correspondientes.
Las cartas están echadas.
Fuente
“LA NACIÓN”,
07.01.2018
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