DOÑA HEBE CITADA
Citan
a Bonafini por una apropiación millonaria
Deberá explicar el desvío de $ 46,1
millones de aportes jubilatorios de empleados de la Fundación de las Madres
DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2017
LA NACION
Hebe de Bonafini deberá
volver a Tribunales como acusada y podría sumar su segundo procesamiento
vinculado al programa "Sueños Compartidos".
La Justicia ordenó
indagarla por la presunta apropiación -y desaparición- de al menos $ 46,1
millones en aportes jubilatorios de los empleados de la Fundación Madres de
Plaza de Mayo, que fueron retenidos a esos trabajadores, pero que nunca se
giraron a las arcas previsionales.
El juez en
lo Penal Económico, Diego García Berro, la citó a indagatoria para el 25 de
octubre, en línea con lo que ordenaron sus superiores de la Cámara de
Apelaciones, quienes consideraron "que existen elementos suficientes"
para llamarla a declarar.
Con
la firma de Roberto Hornos y Marcos Grabivker, la Sala B de la Cámara confirmó
además el procesamiento de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por la
desaparición de esos $ 46,1 millones, que retuvieron pero no giraron a la
Anses, entre abril de 2008 y abril de 2011, su salida de la Fundación.
Durante
esos años, la Fundación de las Madres acumuló ingresos por $ 1207 millones; en
su mayoría, para desarrollar el programa "Sueños Compartidos" de
construcción de viviendas sociales, que terminó en un escándalo, cruces de
acusaciones entre Bonafini y los Schoklender y la apertura de investigaciones
penales.
Según
constató la Justicia, también durante esos mismos años la Fundación Madres de
Plaza de Mayo registró gastos por $ 1203 millones, destinó fortunas a
"gastos superfluos" y retuvo el dinero correspondiente a los aportes
jubilatorios de sus empleados, pero desvió esos fondos.
No
sólo eso, según surge de cuatro auditorías, informes y peritajes -de la Corte
Suprema, del Banco Central (BCRA), de la Policía Federal y de la Auditoría
General de la Nación (AGN)-, mientras los empleados acumulaban meses sin sus
aportes, los Schoklender se giraron decenas de millones de pesos, a sus
empresas y a otras sociedades vinculadas.
Así,
según verificó la Justicia, Sergio Schoklender cobró $ 23,1 millones de fondos
públicos girados a las Madres de Plaza de Mayo; su hermano Pablo embolsó $ 13,3
millones; la firma Meldorek (en la que Sergio Schoklender controlaba el 90% de
las acciones), otros $ 4 millones; y la firma Antártica Argentina (con la que
Schoklender compró inmuebles), $ 3,7 millones más. En total: $ 44,1 millones.
Bonafini,
de 88 años, podrá dar ahora su versión ante el juez García Berro sobre esos
movimientos de dinero, como así también sobre otros $ 121 millones que, según
verificó la Justicia, salieron de la Fundación Madres de Plaza de Mayo con
cheques al portador, es decir, sin identificar a sus beneficiarios. Todo,
mientras que los empleados seguían sin sus aportes.
La
titular de las Madres siempre negó cualquier responsabilidad penal, civil o
administrativa sobre esos fondos, que atribuyó a Sergio Schoklender. Bonafini
supo definirlo como "hijo leal" y supo agradecerle su "empeño,
tesón, fidelidad y encomio".
Pero terminó por caracterizarlo como un
"chorro" y un "estafador, traidor y basura".
Para
la Justicia, sin embargo, Bonafini también sería responsable por lo que ocurrió
en "Sueños Compartidos".
En mayo de este año, el juez federal Marcelo
Martínez de Giorgi procesó a la titular de las Madres y a los hermanos
Schoklender por el presunto desvío de al menos $ 200 millones, junto al ex
secretario de Obras Públicas, José López, y su subsecretario, Abel Fatala.
"¿Por
qué yo estoy procesada, que no robé ni diez centavos? Al contrario, he puesto
para la patria la sangre de mis hijos", se defendió Bonafini, en la primera
marcha de los jueves de las Madres posterior a su procesamiento.
Mientras,
Schoklender decía lo contrario: "El manejo discrecional de los fondos lo
tenía Hebe. Ella disponía de esos fondos".
La
investigación que instruye García Berro en el fuero Penal Económico, en tanto,
se centra en las decenas de millones de pesos de aportes previsionales que la
Fundación retuvo de los salarios de sus empleados, pero que no giró a la Anses.
Con
la asistencia de defensores oficiales, los Schoklender negaron su responsabilidad
sobre esos aportes, pero tanto el juez -en diciembre pasado- como la Cámara
concluyeron lo contrario.
"Tuvieron la posibilidad real de efectuar los
depósitos de los aportes previsionales retenidos a los empleados en relación de
dependencia de aquella fundación (pero) habrían decidido efectuar otras
erogaciones con el dinero que administraban", remarcaron los camaristas
Hornos y Grabivker.
En
su resolución, fechada el 15 de este mes, los camaristas fueron más lejos.
También
asentaron "la sospecha sobre la existencia real de las contraprestaciones
respecto de algunos de los proveedores de la Fundación".
Es decir, el
posible dibujo de millonarios gastos.
Y
consignaron también la existencia de "gastos superfluos" durante los
mismos años en que millones en aportes previsionales no llegaban a destino.
Al
procesar a los Schoklender, García Berro también ordenó embargarlos por $ 140
millones a cada uno, pero optó primero por rechazar el planteo de la AFIP, que,
como querellante en la causa, también había pedido citar a indagatoria a
Bonafini.
Al
llegar a la Cámara, sin embargo, Hornos y Grabivker dieron la orden.
"Por
la lectura de los autos principales se advierte que existen elementos
suficientes que ameritan la convocatoria de la presidenta de la Fundación
Madres de Plaza de Mayo, Sra. Hebe María Pastor de Bonafini, a fin de que pueda
ejercer su defensa".
Historia de una Fundación bajo sospecha
Mayo
de 2011.
Estallaron
las disputas entre los hermanos Schoklender y luego con Hebe de Bonafini por
los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que construía viviendas con
el programa Sueños Compartidos.
Mayo
de 2012.
El
ex juez Norberto Oyarbide procesó a los Schockelnder y ordenó su detención. Los
acusó de liderar una asociación ilícita.
Agosto
de 2013.
La
Cámara anuló la medida de Oyarbide y el caso pasó a manos del juez Marcelo
Martínez de Giorgi que investigaba a intendentes y gobernadores que habían
contratado los programas de viviendas. En la lista había dirigentes
kirchneristas, de Pro, el socialismo y el Frente Renovador.
Mayo
de 2017.
De
Giorgi procesó a Bonafini y a los hermanos Schoklender. Concluyó que de los $
749 millones que recibieron las Madres para las obras se habían desviado $ 206
millones, según escribió en una resolución de 500 páginas.
FUENTE
“LA NACIÓN”, 27.08.2017
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