La Revolución Bolivariana se atrinchera para enfrentar el vendaval que, calcula, se le viene encima.
Pero solo ahora los jerarcas de la dirección colegiada que administra el poder desde la
muerte de Hugo Chávez empiezan a resentir la pérdida de dos de las bazas fundamentales que jugaron a favor del autodenominado bolivarianismo desde que conquistó el poder en diciembre de 1998: la habilidad para ganar elecciones —origen irrefutable de su legitimidad— y un entorno internacional propicio.
La reacción primaria ante la nueva situación reproduce viejos gestos de los autoritarismos: aumento de la represión y suspensión de hecho de unos comicios que el Gobierno, como señalan todos los estudios de opinión, no está en condiciones de ganar.
Usando los resortes institucionales que domina, en 2016 pudo zafarse del doble compromiso del llamamiento infructuoso a un referendo revocatorio por parte de la oposición, por una parte, y de las elecciones para alcaldes y gobernadores que, según la Constitución, debieron tener lugar el año pasado.
Durante el reciente asueto de Carnaval, la inteligencia militar detuvo a Santiago Guevara, un profesor de Economía jubilado de la Universidad de Carabobo (centro de Venezuela), que ha publicado artículos de prensa donde prevé posibles escenarios de transición política en el país.
Puesto bajo custodia de los tribunales castrenses, ahora Guevara enfrenta cargos por "traición a la patria".
El viernes pasado trascendió también que un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el Gobierno controla, ordenó a la Contraloría General y a la fiscalía la apertura de una investigación contra el vicepresidente de la opositora Asamblea Nacional, Freddy Guevara (no es familiar del profesor detenido), bajo la presunción de que habría incurrido en una "usurpación de funciones" al intentar desde el Parlamento realizar pesquisas acerca de irregularidades administrativas presuntamente cometidas por el expresidente de la petrolera estatal PDVSA y actual embajador ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez.
Pero, junto con estas clásicas medidas intimidatorias, el Gobierno despliega nuevos mecanismos de control social que apuntan a la modulación de las dos preocupaciones mayoritarias en la opinión pública: el acceso a los productos de primera necesidad y la inseguridad.
En el centro de esta escalada en la gestión de la exclusión y el clientelismo están los Comités Locales de Abastecimiento (CLAP), que tras una rápida extinción de los Círculos Bolivarianos, Comunas y Cooperativas, parecen llamados a constituirse en las células de base de la revolución.
Por ahora, apenas se han conseguido convertir en sinónimos de una bolsa o combo de alimentos que con intermitencias el Gobierno asegura que entrega a más de cinco millones de hogares.
Maduro no ha ocultado su intención de que las importaciones del Estado y la menguante mercadería privada se dirijan en su totalidad a proveer a los CLAP, que deberían convertirse en unidades autárquicas de producción.
Este miércoles, en una alocución presidencial por televisión, el oficial a cargo de los comités, Freddy Bernal, admitía que se trata de un mecanismo "de protección de la Revolución".
Empadronamiento
Simultáneamente, con tecnología del aliado chino, el Gobierno implementa un sistema de empadronamiento digital, el Carné de la Patria.
Se trata de una base de datos que permitirá cruzar toda la información personal, bancaria y de adscripción a los programas sociales oficiales, entre los usuarios.
Desde comienzos de este año, en la céntrica plaza Diego Ibarra de Caracas, miles de pretendientes hacen colas de hasta siete horas de duración para participar en el registro.
Además, el Gobierno remodeló hace poco su plan de los Cuadrantes de Paz, un sistema de monitoreo electrónico creado también con tecnología china en 2013, inicialmente previsto para combatir la delincuencia en uno de los países más violentos del planeta.
En la puesta al día del sistema, el régimen incorporó a unas fuerzas especiales de la milicia, que, según palabras del propio presidente Maduro en una alocución, estarán "en el barrio adentro, en el campo adentro, en las fábricas, en las universidades" para sofocar desórdenes.
Se han asignado responsabilidades a los comités en este diseño.
fuente
"EL PAÍS", España, 05.03.2017
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