MENDOZA: FACTURAS APÓCRIFAS
El lado B de la megaestafa a la AFIP
Mientras que la Justicia Federal centra su investigación en los emisores de facturas apócrifas, decenas de empresas están bajo la lupa de la AFIP por comprarlas para evadir impuestos.
Mientras la Justicia Federal centra su investigación en la usina de facturas apócrifas en las que están involucradas al menos 22 personas, poco se habla de los destinatarios de esas facturas.
Allí aparecen decenas de empresas entre las que se encontrarían algunas de amplio público. Ahora la AFIP debe determinar si las compañías que compraron facturas para bajar su base tributaria superaron el monto de 400.000 pesos anuales.
De ser así, habrían incurrido en el delito de evasión y podrían afrontar sanciones penales.
Si bien el fiscal federal que lleva adelante la causa, Fernando Alcaraz, aclaró que el objeto de investigación es la emisión de facturas truchas, no se descarta que en el futuro también se haga foco en la evasión por parte de estas empresas.
Sin embargo, afirmó que por el momento es la propia AFIP la que debe resolverse sobre ese tema.
Si la Administración Federal de Ingresos Públicos determina que la evasión es menor a 400 mil pesos anuales, corresponde que proceda con sanciones administrativas.
Por otro lado, si supera ese monto ya se trataría de un caso de evasión tributaria. Ante esa situación, corresponde que la AFIP realice la denuncia para que intervenga la justicia.
El rol de estas empresas en el circuito de facturas apócrifas no es menor.
Fueron clientes de esta posible asociación ilícita tributaria -delito contemplado en el artículo 15 de la ley 24.769- y los destinatarios de la documentación adulterada.
"Necesariamente hay un vínculo con las empresas que compran facturas, pero no son objeto de investigación en esta causa", reiteró Alcaraz a MDZ.
Por su parte, el juez Marcelo Fabián Garnica también evitó expresarse sobre este punto en particular.
El magistrado es quien está instruyendo la causa y ya le ha tomado indagatoria a los sospechosos de integrar una asociación dedicada a emitir facturas apócrifas.
El proceso comenzó en octubre de 2015, cuando se imputó a cinco personas y otros dos están prófugos desde entonces.
Se trata de Pablo Prete y Sergio Arturo Delfino, señalados como los líderes de la asociación ilícita y se enfrentan a penas que van desde 5 a 10 años de prisión.
Hoy en día son más de 22 los imputados en la causa y su situación procesal sigue si resolverse.
Básicamente, se los acusa de emitir facturas apócrifas y utilizar, en algunos casos, empresas fantasmas como respaldo. Esas facturas eran compradas por compañías reales que las utilizaban para elevar su crédito fiscal.
A diferencia de lo ocurrido en la provincia de San Juan, donde se lleva adelante una investigación de similares características, en Mendoza no se ha imputado a ningún empleado de la AFIP como cómplice de esta maniobra.
fuente
"MDZ", 21.08.2016
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