LAN EN ARGENTINA
Miércoles 10 de Agosto de 2016
Escándalo LAN por el pago de coimas a funcionarios: cómo sigue el caso
que ahora se investiga en Argentina y Chile
10-08-2016 La
causa se remite a 2006, cuando la aérea chilena pudo comenzar a operar en
Argentina. En su requerimiento de instrucción y pedido de indagatoria, González
sostuvo que "Sebastián Piñeira, quien se desempeñaba como director de LAN,
habría sido quien autorizó pago de coimas a Ricardo Jaime y al socio
El pedido de investigación por el lado argentino acaba de
formularlo el fiscal federal Ramiro González, quien pidió indagarlos, junto al ex ministro
Julio De Vido.
Esto, en base a una denuncia realizada en Chile por una consultora internacional según la cual la compañía argentina, controlada por la chilena, es "un grupo empresario y político creado con la intención de realizar estafas y lavar dinero".
A su vez, a fines
de agosto llegará a Buenos Aires Andrés Montes Cruz, de la Fiscalía Regional
Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público
de Chile, para interrogar a Jaime y a su testaferro Manuel Vázquez, quienes ya están detenidos y procesados por la compra de
material ferroviario inservible a España.
La causa se investiga en ambos países y remite a 2006,
cuando la empresa aérea chilena -propiedad
de Piñera- pudo comenzar
a operar en Argentina mediante una empresa
local controlada por aquella.
En su requerimiento
de instrucción y pedido de indagatoria, González sostuvo que
"Sebastián Piñeira, quien
se desempeñaba como director de LAN, habría sido quien autorizó el pago de coimas a Ricardo Jaime y a su socio
Manuel Vázquez."
Además, afirma que se hizo "con la aceptación de Julio De Vido y que la empresa que habría facturado las coimas sería Caesa".
Además, afirma que se hizo "con la aceptación de Julio De Vido y que la empresa que habría facturado las coimas sería Caesa".
El representante
del Ministerio Público Fiscal
se basó en una denuncia formulada
por la ciudadana venezolana
Gledys Stailer Cadenas Vega,
quien inició la demanda
penal contra el ex
presidente chileno, que al acceder al cargo colocó a la empresa en un
"fideicomiso ciego".
El fiscal González citó que del "‘anual report' de LAN Airlines, elaborado por la
consultoraPrice Waterhouse Coopers con
sede en Santiago de Chile,
se desprendería que LAN Argentina es
controlada por LAN Airlines, lo que incluiría el pago de coimas en Argentina y otras partes
del mundo".
En ese sentido, la
mujer indicó que se trataría de "un grupo empresario y político creado con la intención de realizar estafas y lavar dinero", sostiene el fiscal ante el juez Rodolfo Canicoba
Corral.
En su presentación
realizada ante la Cámara Federal, González
imputó a los ex funcionarios nacionales Ricardo Jaime y Julio De Vido, Manuel Vázquez, Ignacio Cueto y al ex directivo de LAN y
luego presidente de Chile, Sebastián Piñera,
al instar la acción penal en
el marco de una causa por el presunto pago de "coimas".
Los montos fueron imputados en un
principio a una asesoría realizada
entre 2006 y 2007 en Argentina sobre
‘materias laborales' incorrectamente
registrado en sus balances".
Sin embargo, añade
el fiscal, un documento de la justicia
norteamericana señalaría que todos los pagos a Vázquez habrían
sido realizados para que, junto a Jaime y De Vido, ‘disciplinen' a los sindicatos",
agregó González.
Según la
denunciante, "Ernesto Ramirez,
ejecutivo de LAN, sería
quien negoció el pago
de coimas con el socio del
ex secretario de transporte, Manuel Vázquez.
Junto a este último habrían acompañado a Sebastián Piñeira -en ese entonces director de la aerolínea- a presentar el proyecto LAN Argentina en 2005 al ex presidente Néstor Kirchner.
Junto a este último habrían acompañado a Sebastián Piñeira -en ese entonces director de la aerolínea- a presentar el proyecto LAN Argentina en 2005 al ex presidente Néstor Kirchner.
Afirma que el Departamento de Justicia de EE.UU sostendría que Ramírez junto a otro ejecutivo de la aerolínea "sabían que
parte de los pagos a
Manuel Vázquez eran para sobornar".
En su dictamen ante
el juez federal Rodolfo Canicoba
Corral, el fiscal solicitó la producción de una serie de medidas de
prueba, entre las que se cuentan el requerimiento de los balances contables de los años 2005, 2006 y 2007 de LAN Airlines a Price Waterhouse
Coopers, sucursal Santiago de Chile.
Además
requirió colaboración al
Departamento de Justicia de
los Estados Unidos para
que aporte "la totalidad de la información relacionada con el proceso de investigación
seguido contra LATAM -la
ahora operadora de LAN-
por colusión de precios y/o por presuntas irregularidades que incluiría el
pago de coimas en Argentina"; y a la IGJ y la AFIP sobre la aerolínea de
bandera chilena y CAESA S.A.
El caso fue descubierto aquí en 2010 cuando
se conoció el contenido de los mails entre
el ejecutivo de LAN Ernesto
Ramírez Araneda y Vázquez.
En ellos quedaron
registradas las transferencias
bancarias hechas desde una cuenta de
LAN hacia una cuenta en
Estados Unidos a nombre de Vázquez y
su esposa Marta
MargaritaDomínguez.
El caso en Chile
Según se desprende de una cadena de mails de Vázquez que ahora investiga la justicia federal chilena, el asesor de Jaime facturó 1.150.000 dólares a una empresa perteneciente al grupo LAN por supuestos servicios de consultoría.
La empresa aérea le dio ese dinero a través de giros efectuados entre
el 2006 y el 2007, después de recibir la autorización a volar en
Argentina.
Con esto en mano,
en mayo de 2011, el fiscal
chileno José Morales -a
cargo de la unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía
Centro Norte- inició una investigación por
presunto cohecho en
contra la línea aérea.
En el marco de las
indagatorias, realizó diversas
diligencias entre las que se incluye un viaje a la Argentina,
ocasión en la que se reunió con
el juez Oyarbide, quien llevaba la
causa.
Tiempo después, en
febrero de 2012, ese mismo magistrado
cerró sin culpables el caso aludiendo a la invalidez de
algunas pruebas.
En paralelo, Morales optó por archivar su investigación
tras concluir que
no tenía competencia.
Esto, en gran
parte, dado que los pagos se realizaron en EE.UU., por lo que se estimó que no
se tenía jurisdicción.
Pese a que llevaba
cerca de dos años congelada, la misma
unidad de Delitos de Alta Complejidad decidió en
2014 reabrir la causa.
Esta vez, a raíz de
un informe elaborado
por la OCDE.
El reporte, que se
denominó "La implementación de la convención de la OCDE antisoborno en Chile", integraba, en sus puntos
16, 17, 18 y 19 el "caso aerolínea"
donde se alude a lo ocurrido en 2006 y 2007.
Y en especial, se
refiere a las acciones realizadas por la justicia chilena.
"Las autoridades chilenas no
entrevistaron a los testigos en Chile (...) No comprobaron si las instrucciones de pago o la fuente
de los fondos se originaron en Chile.
No se hicieron esfuerzos para investigar si los u$s1.150.000 del contrato entre la aerolínea y otra compañía fue
producto de un trabajo genuino", sentenció el texto.
Así, ante los
cuestionamientos de la instancia internacional, el propio fiscal Morales junto a Andrés Montes, optaron por reactivar las indagatorias.
En ese marco,
el Ministerio
Público chileno le tomó declaración -en
2014- al ex Presidente Piñera,
momento en el que, según indicaron fuentes judiciales, habría descartado
cualquier vínculo con las supuestas irregularidades.
Pese a que la causa
nunca más fue abierta en la Argentina y la justicia de EE.UU.
se limitó a cursar una multa por cerca de u$s22 millones en contra de LAN
acusando que los pagos a
Vásquez no se realizaron acorde a la normativa,
en Chile aún sigue vigente.
Más aún, tras
la denuncia interpuesta el
viernes por la venezolana Gledys
Cadenas luego que se conociera que la compañía habría reconocido las
irregularidades acusadas por
la justicia norteamericana que resultaron en dicha sanción.
La acción judicial, que fue recogida por
el fiscal argentino Ramiro González, apuntó a Piñera por su rol en el directorio de
LAN; a Jaime y al ex
ministro de Planificación y actual diputado argentino por el Frente para la
Victoria, Julio De Vido.
Por su lado, desde
la Fiscalía Centro Norte de Chile ya llevan cerca de un
año coordinando -junto
con Cancillería- una diligencia del
fiscal Montes en Argentina.
Dicho trámite, que
podría llevarse a cabo durante las próximas semanas, consiste en la toma de declaración de Jaime y Vázquez.
El cuestionario,
según señalan en el Ministerio Público, será realizado por un fiscal
designado por la justicia
argentina.
Pero Montes podrá sugerir preguntas.
Fuente
“iProfesional”, 10.08.2016
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