MENDOZA PROBLEMAS CON LA POLICÍA
Investigan a 15 policías más por los desmanejos en servicios extraordianarios
Así lo confirmaron desde la
Inspección General de Seguridad.
Se trata de efectivos que están por
debajo de los comisarios pasados a pasiva este martes.
La denuncia contra cuatro comisarios generales sospechados de
corrupción en el manejo de servicios extraordinarios sería solamente la
punta del ovillo.
Esto se debe a que el caso podría involucrar entre diez o quince uniformados más.
El caso de corrupción policial, que golpeó fuerte dentro de la familia policial, tiene a la Inspección General de Seguridad como juez y fiscal, pero eso no ha evitado otra polémica que desde la IGS señalan que es "política".
"Hay al menos diez y quince sospechosos más de estar involucrados en el mismo caso de los comisarios, algunos de ellos de otras jurisdicciones", señalaron desde el organismo que controla e investiga denuncias contra policías y penitenciarios.
De esos, los investigadores de la IGS estiman que al menos un 80 por ciento podría terminar siendo pasados a pasiva en los próximos meses.
"Se empezó por los comisarios generales porque son los que tienen la mayor responsabilidad en la fiscalización de controles en los servicios", aseguraron desde la Inspección de Seguridad, pero confirmaron los dichos de uno de los uniformados acusados, Víctor Loyola, a canal 7, sobre que hay más personas que se encargan de los servicios extraordinarios y que justamente podrían formar parte de la acusación.
Entre ellos hay encargados y coordinadores de servicios.
Un ítem muy cotizado
Los servicios extraordinarios de la Policía son muy cotizados por los uniformados.
Según los datos que maneja la Inspección General de Seguridad, alrededor de 30 millones de pesos mensuales, aportados por el Estado y las empresas privadas, se depositan para los policías que cumplen servicios extraordinarios.
"Muchos de ellos, gracias a estos, logran casi duplicar sus salarios", explicaron desde la IGS, mostrando la inconveniencia de que estos se eliminen y agregan: "Habría una revuelta", graficando lo que ya es una maquinaria imposible de frenar.
Los investigadores denunciados y una pelea política
En declaraciones a canal 7, el comisario general Víctor Loyola, uno de los cuatro denunciados criticó lo hecho por la Inspección General de Seguridad y aseguró: "Los que nos investigan tienen denuncias por servicios truchos y violencia de género".
Efectivamente, entre los uniformados que se encargan de investigar a sus pares, hay algunos que tienen denuncias en su contra, uno de ellos por violencia de género.
"Eso es verdad, pero han sido absueltos", aseguraron desde la Inspección General de Seguridad y aseguraron que el hecho de que haya trascendido eso se debe a una pelea política.
"Tenemos un pedido de informes sobre este tema que estamos respondiendo", explicaron e insistieron en el trasfondo político que tienen las objeciones contra los encargados de investigar a los uniformados.
Los confirmados
Hasta ahora, solo se pasó a pasiva a cuatro comisarios, de los cuales tres planean armar su defensa en conjunto y que serían los sospechados por irregularidades en los servicios extraordinarios.
Estos son:
Miguel Edgardo Mestre Medina
Tiene 54 años. En marzo de 2008 fue promovido a comisario, en diciembre de 2009 a comisario inspector y en enero de 2014 a comisario general.
Antes de ser desplazado por Cornejo, estaba a cargo de Cuerpos Especiales, unidad que integra la Distrital de Seguridad 6.
Según relataron fuentes policiales, los efectivos de esa unidad cumplían servicios en colectivos del grupo Siete –algunos hacia el barrio La Gloria-, de la empresa Dicetour y algunos patrullajes en la calle Arístides Villanueva, aunque nunca cobraban la remuneración extra.
Las autoridades de la IGS creen que era Mestre quien se quedaba con el dinero.
Víctor Loyola
Tiene 49 años. En junio de 2006 ascendió a subcomisario, a comisario inspector en diciembre de 2011 y a comisario general marzo de 2015.
Su último cargo de máxima jerarquía fue cuando estuvo a cargo de la Distrital de Seguridad 5, que abarca Maipú, Luján de Cuyo y el Corredor Internacional.
El apellido de Loyola estuvo vinculado a la megacausa conocida como "mafia policial", una investigación que se desató en 2001 y que imputó a varios efectivos bajo la figura de asociación ilícita
Gustavo Walter Garis Lo Duca
Tiene 50 años. Recibió el cargo de subcomisario en septiembre de 2005, comisario inspector en enero de 2011 y comisario general en marzo de 2015.
Cuando Cornejo lo desplazó, el uniformado prestaba servicios en la Distrital de Seguridad 6, que abarca Las Heras, Guaymallén y Lavalle.
Además del presunto cobro ilegal de servicios extraordinarios, la IGS también encontró una situación bastante confusa con su arma reglamentaria.
Según sostienen desde el organismo, Garis nunca denunció la pistola 9 milímetros como perdida o robada, sin embargo fue secuestrada durante un procedimiento policial.
Darío Orlando Irrutia Breitenstein
Tiene 55 años. Su ascenso en el escalafón policial lo llevó a ser comisario en marzo de 2008, a ser comisario inspector en diciembre de 2009 y en enero de 2014 a ser comisario general.
Al momento de su desplazamiento, estaba a cargo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).
Es el único de los cuatro comisarios que no está señalado en el cobro de servicios extraordinarios.
Fuentes de la IGS aclararon que creen que certificó un título sin validez de un informático que estuvo trabajando en el Ministerio.
Esto se debe a que el caso podría involucrar entre diez o quince uniformados más.
El caso de corrupción policial, que golpeó fuerte dentro de la familia policial, tiene a la Inspección General de Seguridad como juez y fiscal, pero eso no ha evitado otra polémica que desde la IGS señalan que es "política".
"Hay al menos diez y quince sospechosos más de estar involucrados en el mismo caso de los comisarios, algunos de ellos de otras jurisdicciones", señalaron desde el organismo que controla e investiga denuncias contra policías y penitenciarios.
De esos, los investigadores de la IGS estiman que al menos un 80 por ciento podría terminar siendo pasados a pasiva en los próximos meses.
"Se empezó por los comisarios generales porque son los que tienen la mayor responsabilidad en la fiscalización de controles en los servicios", aseguraron desde la Inspección de Seguridad, pero confirmaron los dichos de uno de los uniformados acusados, Víctor Loyola, a canal 7, sobre que hay más personas que se encargan de los servicios extraordinarios y que justamente podrían formar parte de la acusación.
Entre ellos hay encargados y coordinadores de servicios.
Un ítem muy cotizado
Los servicios extraordinarios de la Policía son muy cotizados por los uniformados.
Según los datos que maneja la Inspección General de Seguridad, alrededor de 30 millones de pesos mensuales, aportados por el Estado y las empresas privadas, se depositan para los policías que cumplen servicios extraordinarios.
"Muchos de ellos, gracias a estos, logran casi duplicar sus salarios", explicaron desde la IGS, mostrando la inconveniencia de que estos se eliminen y agregan: "Habría una revuelta", graficando lo que ya es una maquinaria imposible de frenar.
Los investigadores denunciados y una pelea política
En declaraciones a canal 7, el comisario general Víctor Loyola, uno de los cuatro denunciados criticó lo hecho por la Inspección General de Seguridad y aseguró: "Los que nos investigan tienen denuncias por servicios truchos y violencia de género".
Efectivamente, entre los uniformados que se encargan de investigar a sus pares, hay algunos que tienen denuncias en su contra, uno de ellos por violencia de género.
"Eso es verdad, pero han sido absueltos", aseguraron desde la Inspección General de Seguridad y aseguraron que el hecho de que haya trascendido eso se debe a una pelea política.
"Tenemos un pedido de informes sobre este tema que estamos respondiendo", explicaron e insistieron en el trasfondo político que tienen las objeciones contra los encargados de investigar a los uniformados.
Los confirmados
Hasta ahora, solo se pasó a pasiva a cuatro comisarios, de los cuales tres planean armar su defensa en conjunto y que serían los sospechados por irregularidades en los servicios extraordinarios.
Estos son:
Miguel Edgardo Mestre Medina
Tiene 54 años. En marzo de 2008 fue promovido a comisario, en diciembre de 2009 a comisario inspector y en enero de 2014 a comisario general.
Antes de ser desplazado por Cornejo, estaba a cargo de Cuerpos Especiales, unidad que integra la Distrital de Seguridad 6.
Según relataron fuentes policiales, los efectivos de esa unidad cumplían servicios en colectivos del grupo Siete –algunos hacia el barrio La Gloria-, de la empresa Dicetour y algunos patrullajes en la calle Arístides Villanueva, aunque nunca cobraban la remuneración extra.
Las autoridades de la IGS creen que era Mestre quien se quedaba con el dinero.
Víctor Loyola
Tiene 49 años. En junio de 2006 ascendió a subcomisario, a comisario inspector en diciembre de 2011 y a comisario general marzo de 2015.
Su último cargo de máxima jerarquía fue cuando estuvo a cargo de la Distrital de Seguridad 5, que abarca Maipú, Luján de Cuyo y el Corredor Internacional.
El apellido de Loyola estuvo vinculado a la megacausa conocida como "mafia policial", una investigación que se desató en 2001 y que imputó a varios efectivos bajo la figura de asociación ilícita
Gustavo Walter Garis Lo Duca
Tiene 50 años. Recibió el cargo de subcomisario en septiembre de 2005, comisario inspector en enero de 2011 y comisario general en marzo de 2015.
Cuando Cornejo lo desplazó, el uniformado prestaba servicios en la Distrital de Seguridad 6, que abarca Las Heras, Guaymallén y Lavalle.
Además del presunto cobro ilegal de servicios extraordinarios, la IGS también encontró una situación bastante confusa con su arma reglamentaria.
Según sostienen desde el organismo, Garis nunca denunció la pistola 9 milímetros como perdida o robada, sin embargo fue secuestrada durante un procedimiento policial.
Darío Orlando Irrutia Breitenstein
Tiene 55 años. Su ascenso en el escalafón policial lo llevó a ser comisario en marzo de 2008, a ser comisario inspector en diciembre de 2009 y en enero de 2014 a ser comisario general.
Al momento de su desplazamiento, estaba a cargo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).
Es el único de los cuatro comisarios que no está señalado en el cobro de servicios extraordinarios.
Fuentes de la IGS aclararon que creen que certificó un título sin validez de un informático que estuvo trabajando en el Ministerio.
Para uno de los comisarios acusados se trata de "una cuestión política"
El comisario general Víctor Loyola
habló por Canal 7 y aseguró que es inocente.
Desde la Inspección General
de Seguridad aseguraron que los comisarios pasados a pasiva podrán
defenderse
"Es una cuestión política", afirmó el comisario general, Víctor Loyola, uno de los cuatro policías pasados a pasiva por sospechas de corrupción por cobrar servicios extraordinarios que no le correspondían.
Loyola forma parte de un grupo de cuatro uniformados, en el que también están Miguel Mestre, Víctor Loyola, Gustavo Garis y Darío Irrutia.
"Nos enteramos ayer por la prensa, no nos notificaron como se debe", señaló Loyola, en declaraciones a Buen Día Argentina, en Canal 7.
"Hablan de diez millones de pesos, nos muestran peor que a López", se quejó Loyola, quien lleva más de treinta años en la fuerza policial.
"En mi caso particular, yo alquilo, tengo un solo vehículo y diez mil deudas. Es una situación bochornosa porque el mismo gobierno, igual que hace 16 años, me vuelva a castigar políticamente", aseguró Loyola.
El comisario general está indignado. Incluso deja trascender que hay una persecución en su contra luego de que en diciembre, siendo el general más antiguo, fue pasado a disponibilidad.
"Aún no tengo una respuesta de porqué me sacaron", explicó a Canal 7.
Mientras Loyola salía al aire por teléfono, Marcelo Puertas, el director de la Inspección General de Seguridad, lo escuchaba desde los estudios.
Según señaló el funcionario, la investigación sobre los cuatro comisarios generales se inició hace cuatro meses.
"Estamos en la etapa de la acusación, ahora se les notifica, se les abre un espacio para ofrecer pruebas y al final de ese proceso están los alegatos y si se los sanciona o no", manifestó Puertas.
Otro de los pasos involucra a AFIP y a la Justicia, donde se enviará una compulsa para que también se dirima si hay otro tipo de delito.
Corrupción en la Policía de Mendoza: cómo se realizó la investigación
Sumariaron a 4 comisarios
generales, acusados, entre otras cosas, de llevar adelante un millonario
negocio por servicios extraordinarios ilegales.
Inédito. Así se puede calificar el pase a pasiva de cuatro comisarios generales de la Policía de Mendoza,
por haberse encontrado pruebas de irregularidades en sus funciones.
El
director de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas, aseguró
que en los 17 años de existencia de la institución que preside, nunca
se apuntó a investigar la corrupción de la cúpula policial, mucho menos
se logró una sanción efectiva.
Por ahora, son
cuatro los policías sumariados: Darío Orlando Irrutia, Gustavo Walter
Garis Lo Duca, Victor Daniel Loyola González y Edgardo Mestre Medina.
Sin embargo, Puertas aseguró que esta es una investigación "superficial"
y que están bajo la lupa algunos más.
Aunque no precisó cuántos, hay
que recordar que en el momento en el que asumió Alfredo Cornejo
la gobernación de la provincia, se decidió el pase a disponibilidad de
ocho comisarios generales, del sector ciurquista de la Policía.
De qué se los acusa
Mientras
a Irrutia se lo acusa de haber avalado los trabajos de un supuesto
ingeniero en Sistemas que no era tal, certificando su título "trucho"
como legítimo y a Garis Lo Duca se lo señala porque su arma
reglamentaria se encontró en manos de delincuentes, a este último, a
Loyola González y a Mestre Medina se los investiga por haber permitido
que su personal a cargo realizara servicios extraordinarios no
oficiales, con lo que se habría generado una empresa tremendamente
rentable: al menos $10 millones por mes.
Lo
perjudicial para el Estado, no es la suma de dinero que se dejó de
percibir, sino que esos policías a cargo de los comisarios –unos 120–
hacían estas "tareas extras" en horarios de trabajo.
Es decir que en
lugar de estar de guardia en una comisaría, se encontraban custodiando
la seguridad privada de alguna empresa, recital, festival o partido de
fútbol. Eso sí: alguien daba el presente por ellos.
Suena
muy difícil de creer, entonces, que sus jefes no estuvieran advertidos
de lo que estaba sucediendo y, más aún, que no participaran en los
bienes gananciales de esta especie de pyme en el interior de la Policía.
Cómo se realizó la investigación
Puertas
explicó que luego del pase a disponibilidad de los comisarios (que
significa que los sospechados son separados de su cargo, pero siguen
cobrando el sueldo) realizado en diciembre de 2015 y después de cambiar
el mando de la IGS, se inició la investigación.
Fue en febrero de 2016.
A
la institución que él preside se les acercó el material probatorio
recabado, los testigos que aseguraban de que los policías que figuraban
como presentes en realidad no lo estaban y una vez que se pudo recabar
la información suficiente, se subió el siguiente escalón: denunciarlos
penalmente, para que la Justicia investigue y pasarlos a pasiva.
Esto
significa que, además de estar apartados de su cargo, cobran la mitad
del sueldo.
En el caso de los comisarios generales, cuyo salario supera los $30.000, a partir de ahora cobrarían alrededor de $15.000.
En
cuanto a cómo continúa el procedimiento, el director de la IGS
manifestó que en lo legal, es la Justicia la que debe decidir si les
coloca una condena firme por los hechos.
En lo administrativo, se puede
disponer la cesantía –no pueden ejercer cargos públicos de ninguna
índole por cinco años, y si son encontrados culpables por la Justicia y
pesa sobre ellos una condena firme, se los exonerará.
Esto significa que
no pueden ejercer ningún cargo público de por vida.
"En
17 años que han transcurrido desde la creación de la Inspección General
de Seguridad, nunca se apuntó a la cúpula policial. Siempre se castigó a
las bases. Y la policía es una institución piramidal, si no hay una
consecuencia para un mal comportamiento de un jefe, los que se
encuentran más abajo creen que pueden seguir cometiendo este tipo de
hechos impunemente", sostuvo el funcionario.
Para
finalizar, Puertas agregó: "Esta ha sido una investigación superficial.
No es que seamos unos héroes, es que antes no hubo voluntad de llevarla
adelante".
10 millones de ganancias mensuales.
Se
habla de esta ganancia por el negocio de los servicios extraordinarios
extraoficiales permitidos por los cuatro comisarios sospechados de esta
actividad ilegal.
fuente
"UNO", 22.06.2016
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