UNIVERSIDADES Y "UNIVERSIDADES"... FUNCIONALES

UNIVERSIDADES Y "UNIVERSIDADES"... FUNCIONALES

 

Desproporciones educativas del legado kirchnerista

Producto del perverso manejo político e ideológico del gobierno anterior, el gasto público universitario ha sido escandalosamente administrado

 

Sábado 12 de marzo de 2016

 

 

 

Es el único instituto universitario que depende del Ministerio de Justicia (los demás son regidos por el área educativa) y, también, el que cuenta con el presupuesto más privilegiado: el Estado invierte en él más del doble por alumno de lo que recibe la Universidad de Buenos Aires. 

Se trata del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, creado por ley en 2014 a partir de un proyecto impulsado por el kirchnerismo y tildado por opositores al anterior gobierno como un escándalo, pues significó la estatización de la entidad educativa presidida por Hebe de Bonafini, cuyo estado financiero era crítico. Se hablaba entonces de un pasivo de más de 200 millones de pesos del que terminamos haciéndonos cargo todos los argentinos.

La debacle financiera del instituto que fue una de las caras más visibles de la parcialidad en la defensa de los derechos humanos llevada adelante durante el kirchnerismo hizo eclosión tras la investigación judicial para determinar el presunto desvío de fondos públicos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos.

Bonafini culpó por esa situación a quien fue su mano derecha y antiguo socio en la fundación, Sergio Schoklender, a quien acusó de ser el responsable del desvío de dinero. 

Más tarde, éste la acusó de haber mentido y lanzó sospechas sobre el trámite de estatización de la Universidad de las Madres que, según sus palabras, podría haber escondido graves irregularidades.

Sin embargo, nada detuvo al oficialismo y sus aliados en el Congreso y, hoy, cada alumno de los 1800 con que cuenta la entidad le cuesta al Estado 54.606 pesos, muy por encima de la UBA, cuyo costo per cápita es de 21.722 pesos, según una investigación del diario Perfil.

La matrícula del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, a su vez, representa el 0,11% de los estudiantes universitarios que cursaron en todo el país en 2015.

Las carreras de grado con título oficial que en él se dictan son cuatro: las licenciaturas en Trabajo Social y en Historia, Derecho y el profesorado en Historia, además de numerosos cursos y seminarios a cargo de 137 profesores.

Cabe recordar que esa casa de estudios tuvo, desde su nacimiento como Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, un sesgo político e ideológico muy definido destinado a ensalzar las gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner y de otros mandatarios populistas de la región.

Ciertamente, no ha sido esa entidad educativa la única beneficiada por el anterior gobierno por su afinidad política. 

Vale recordar los abusos de los últimos años en la relación del Estado con algunas universidades nacionales, lo que ha motivado la apertura de distintas causas judiciales.

Varias de esas organizaciones han servido para canalizar recursos sin los más mínimos controles, muchos de ellos mediante triangulación de compras, como se investiga en casos que vinculan al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, con universidades como las de La Matanza y de San Martín. 

Esos acuerdos, cuya continuidad no ha sido expresamente solicitada, fueron dejados sin efecto el mes pasado mediante un decreto del presidente Mauricio Macri, por el que se creó, además, un registro de convenios entre el Estado nacional y las casas de estudios.

Recientemente, desde estas columnas, destacábamos que el presupuesto destinado a las universidades durante 2015 fue de 47.000 millones de pesos, equivalentes al 1% del producto bruto interno, pero con un rendimiento que deja muchísimo que desear.

La relación entre estudiantes y egresados ha sido lamentable: sólo logró graduarse el 30% de los alumnos.

En ese contexto, de poco sirve un acceso irrestricto a las casas de altos estudios si después nada se va a hacer para que esos universitarios lleguen a obtener el título que los acredite como profesionales.

Esa situación atenta gravemente contra la imagen que los argentinos hemos logrado alcanzar hace ya mucho tiempo en escenarios tanto locales como del exterior, donde nuestros egresados universitarios han tenido desempeños descollantes. 

Últimamente hemos sabido de avances científicos de enorme importancia mundial de los que participaron profesionales argentinos.

Garantizarles a los nuevos alumnos que van a tener la oportunidad de llegar a la meta y de aspirar a consagrarse en el área que elijan es el duro e imprescindible trabajo que urge encarar.

Para ello, es necesario invertir suficientemente, pero también en forma coherente con las necesidades de cada casa de estudios.

En el caso del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, comparado con el resto de las entidades educativas estatales de ese nivel, la desproporción es alarmante y vuelve a mostrar de manera descarnada que su estatización estuvo inspirada exclusivamente en la necesidad del gobierno de Cristina Kirchner de salir al rescate financiero y político de Hebe de Bonafini y así tapar su escandalosa administración.

El actual gobierno ha prometido un sinceramiento y reordenamiento del gasto presupuestario en orden a transparentar y optimizar la gestión. He aquí un caso que no puede faltar en ese análisis.

fuente
"La Nación", 12.03.2016