AMPLIACIÓN DE DENUNCIA
Corrupción K: Buscando al verdadero socio de Urribarri
Los abogados denunciantes hicieron una ampliación de
denuncia en la que instan a investigar si existen cuentas en entidades
crediticias en el exterior a nombre de la SA que tiene como socios a
Mauro y Sergio Damián Urribarri, los hijos del ex gobernador y de la que
él dijera formar parte cuando no era así.
A raíz de ello queda ahora
por saber quién o quiénes son sus verdaderos socios.
Extraña
coincidencia en que el abogado defensor del ex gobernador sea un
funcionario del gobierno, con otro caso en el que está siendo
investigado un alto funcionario del Instituto Provincial del Seguro, al
que también lo defiende un abogado empleado del Estado.
Urribarri dijo que se presentaría a la
justicia para justificar su patrimonio y así lo hizo.
Para ello buscó
el patrocinio de un abogado de su confianza: El conocido defensor de
delincuentes y narcos, Marcos Rodríguez Allende, quien, aunque parezca
increíble, es funcionario público por lo que incurre en una brutal
incompatibilidad al defender a otro funcionario (Urribarri ahora es
diputado), acusado además de cometer un delito contra la Administración
Pública.
Un disparate que para la justicia entrerriana hasta el momento
pareciera no ser motivo de objeción.
PARANÁ (Urgente24). Los negocios que el ex gobernador Sergio
Urribarri dice haber realizado mediante una empresa en sociedad con sus
hijos, motivo de su incremento patrimonial, pareciera que van camino a
transformarse en un nuevo escándalo si es que la justicia puede actuar
con libertad.
Lamentablemente no sería lo que estaría sucediendo. Los compromisos
entre el Poder Judicial y el político podrían en este caso dejar al
descubierto, en su forma más descarada, la connivencia existente entre
ambos poderes.
Conocido ya que la tal SA de la que el ex mandatario dijera que
formaba parte no lo tenía como socio, y que por su desarrollo comercial
hace imposible que la misma haya generado los recursos necesarios como
para justificar el incremento patrimonial de Sergio Urribarri y su
familia, los abogados que lo denunciaron penalmente por presunto
enriquecimiento ilícito, hicieron una ampliación de la misma en la que
entre otras cuestiones solicitan que se investigue si dicha SA,
integrada por dos de los hijos del ex gobernador, tiene cuentas en el
exterior.
El abogado defensor
Urribarri dijo que se presentaría a la justicia para justificar su
patrimonio y así lo hizo.
Para ello buscó el patrocinio de un abogado de
su confianza: El conocido defensor de delincuentes y narcos, Marcos
Rodríguez Allende, quien, aunque parezca increíble, es funcionario
público por lo que incurre en una brutal incompatibilidad al defender a
otro funcionario (Urribarri ahora es diputado), acusado además de
cometer un delito contra la Administración Pública.
Un disparate que
para la justicia entrerriana hasta el momento pareciera no ser motivo de
objeción.
Rodríguez Allende ha hecho su carrera como abogado defendiendo a
conocidos delincuentes de la ciudad.
Además fue, y es a través de otros
colegas, abogado del narco Gonzalo Caudana, que entre otras cosas era el
propietario del vehículo que conducía el recordado narco-chofer,
Marcelo Acosta detenido cuando transportaba 20 kilos de cocaína de
máxima pureza.
A raíz de esa relación como abogado con el mundo del
narcotráfico, es que muchos lo llaman, en lugar de Marcos, “Narco”
Rodríguez Allende.
El ahora defensor de Urribarri ha salido a dar explicaciones a la
prensa sobre los actos de su defendido, diciendo que "las actividades
económicas del ex gobernador Sergio Daniel Urribarri son perfectamente
normales y legítimas y cada una de ellas ha sido informada a los
organismos de control fiscal a través de las declaraciones juradas
correspondientes en forma oportuna”.
Nada dijo el abogado respecto a lo
mencionado por el ex mandatario respecto a que él también formaba parte
de la SA.
¿El verdadero socio?
Por otro lado, según fuentes del PJ entrerriano, muy conocedoras de
los entornos del poder, el verdadero socio de Urribarri es el actual
Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, un hombre que hace más de 30
años está relacionado con el poder y que ha sabido tejer una de las
mayores fortunas de la provincia.
La relación con Urribarri viene de la
época en que ambos eran legisladores, este por el PJ y Rodríguez Signes
por la UCR, cuando comenzaron a incursionar en negocios relacionados a
la compra-venta de jugadores de fútbol.
Durante la presidencia de Rodríguez Signes de la Cámara de
Diputados de Entre Ríos, fue que sucedió un hecho muy recordado en
Paraná, cuando delincuentes se robaron a pocas cuadras del centro de la
ciudad, a plena luz del día y tras un intenso tiroteo, una millonaria
suma de dinero destinada al pago de los haberes de los empleados de la
Cámara.
Nadie pudo explicar entonces porque el pago de los sueldos se
iba a realizar de esa forma y no por medio de los cajeros automáticos
como era habitual.
El hecho nunca pudo ser debidamente esclarecido y por
supuesto la plata nunca apareció.
En esa época fue cuando la amistad entre Rodríguez Signes y
Urribarri quedó definitivamente sellada.
A partir de allí se tejieron
innumerables historias pero nunca hasta ahora esas “historias” habían
llegado a estar tan cerca de los estrados judiciales; aunque habrá que
ver si logran traspasar la barrera de la impunidad que pareciera haberse
instalado en la justicia entrerriana.
Los “operadores” de “la sociedad”
Las mismas fuentes del PJ a las que consultó Urgente24, señalaron
que “la sociedad” tendría lazos en distintos organismos del Estado,
fundamentalmente los autárquicos, compuestos por funcionarios de
distintos rangos que serían los que se ocuparían de ocultar que en esos
entes se realizan no solo actos de corrupción, sino que también habría
maniobras de blanqueo de dineros espurios mediantes varias argucias,
tales como publicidad y otras acciones.
Llamativamente surge ahora una nueva causa, que en apariencia no
tendría nada que ver con todo lo demás, pero que las mismas fuentes del
PJ aseguran que serían conexas.
Se trata de una causa donde se encuentra
involucrado un alto funcionario del Instituto Autárquico Provincial del
Seguro de Entre Ríos (IAPSER), al que se lo investiga también por
presunto enriquecimiento ilícito y por incumplimiento de los deberes de
funcionario público.
Se trata de Martín Fernández, gerente general del IAPSER, oriundo
de la ciudad de Gualeguaychú y quien desde el año 2012, “por pedido
expreso” del gobernador Sergio Urribarri, es el gerente general del
IAPSER, cargo que en la actualidad mantiene y por el cual percibe más de
110.000 pesos mensuales.
Pese al inicio de la causa en su contra,
Fernández fue confirmado en el cargo a instancias de Urribarri por el
gobernador Bordet.
Curiosamente el abogado defensor de Fernández será otro funcionario
público, el abogado del IAPSER, y hermano del Fiscal de Estado, Julio
Lisandro Rodríguez Signes (Quito).
Muchos se preguntan a que obedece a
que esos funcionarios sean defendidos por abogados también funcionarios,
algo que es una flagrante incompatibilidad.
El caso ATER, un ejemplo
Según esas fuentes las operaciones de corrupción “menores”
(coimas), quedan en manos de esos “operadores” de “la sociedad”, a
cambio de permitir otras artimañas más “jugosas”.
Como ejemplo señalan
lo sucedido con la famosa estafa a la Administradora Tributaria de Entre
Ríos (ATER), que quedó al descubierto por un descuido.
Allí se supo que
se realizaban “operaciones” millonarias por medio de las llamadas
compensaciones tributarias.
Esa supuestamente era una de las llamadas
“cajas grandes”.
En la ATER, (antes DGR), comentan nuestras fuentes, para que
pudiera funcionar la “caja grande”, se permitiría a la vez que otros
empleados pudieran hacer de las suyas con el cobro de coimas en casos de
menor envergadura.
A este grupo se lo conocería con el nombre de “la
banda de los inspectores”; uno de sus principales integrantes llegó a
ser segundo en la ex DGR y Director de Interior.
A ese personaje le
atribuyen las fuentes del PJ haber sido “el mentor” de los desvíos por
medio de las compensaciones.
Otro de los “operadores” de “la sociedad”
en ATER habría sido el ex tesorero de la provincia, que al momento de
estallar el escándalo del fraude de las compensaciones, era además el
contador de la empresa que por un error hizo que se conociera el
desfalco que se estaba llevando a cabo.
Si bien el ex tesorero renunció a
su cargo, llamativamente nunca fue citado por la justicia.
Urribarri, cuentan nuestras fuentes, se enojo mucho por haber
perdido esa “caja”, pero “se tragó el sapo” y la venganza contra el
director de ATER se manifestó cuando intentó imponer que una empresa
privada se hiciera cargo, mediante un jugoso contrato, de “modernizar”
los procesos de la recaudadora provincial.
La oposición a ello le costó
el puesto al director Marcelo “Mr. Músculo” Casaretto, que fue
reemplazado.
Sin embargo la intención de Urribarri también fue
desestimada por el nuevo gobernador Gustavo Bordet. ¿Un triunfo de “la
banda de los inspectores”?
Otros “operadores” ¿o socios?
Pero la telaraña de los operadores no termina allí, sino que
tendría ramificaciones en otros organismos del Estado desde donde se
“recaudaría” para “la sociedad”.
Uno de esos lugares, siempre según las
mismas fuentes del PJ, sería la Empresa Energía de Entre Ríos SA
(ENERSA), lugar donde se dan varias “casualidades”.
La empresa seguirá siendo presidida por un hombre del riñón del
Fiscal de Estado, en tanto que la Secretaría de Energía seguirá estando a
cargo de un hombre siempre ligado a esa empresa y también muy cercano a
Rodríguez Signes y que además es el esposo de la actual presidente del
Superior Tribunal de Justicia.
Al área de la energía pertenece también
el abogado defensor de Urribarri, “Narco” (Marcos) Rodríguez Allende, ya
que es el interventor en el Ente Provincial Regulador de la Energía
(EPRE).
¿”Casualidades”?
Pero no todo se agotaría allí.
Los tentáculos de “la sociedad”
llegarían además otros organismos descentralizados donde también “las
casualidades” son extremadamente llamativas.
¿Será capaz la Justicia entrerriana de desentrañar semejante
supuesta estructura, o seguirá todo bajo el mismo manto de impunidad
actual?
fuente
"urgente 24", 02.01.2016
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