EL
FRACASO DE PERON
MARCELO
LARRAQUY
Fragmento
de un capítulo de los “70.
Una
historia violenta Marcados a fuego III
1973-1983
Aguilar,
2013
La
tensión que se generó entre el líder justicialista en el gobierno
y los grupos armados de ERP y Montoneros produjo las acciones que
derivaron en la represión durante la dictadura. Radiografía de una
tragedia.
El
peronismo empezó a delinear sus fronteras internas.
Los
gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y también de Salta y
Santa Cruz, fueron puestos en la mira del justicialismo.
Allí
se había permitido el ingreso de sectores de la Tendencia
Revolucionaria en base a un consenso político que ahora estaban
decididos a terminar. Era el momento de revertir ese proceso, ganar
posiciones internas en la administración pública y el gobierno, y
provocar conflictos gremiales para tensar el escenario político y
promover “el golpe de Estado interno”. O, llegado el caso,
facilitar la intervención federal.
Ese
fue el espíritu de las Directivas, esas fueron sus consecuencias
políticas.
Después
del crimen de Rucci, la acusación de “izquierdista” representó
una amenaza para cualquier funcionario provincial. Era acusado de
tener “vínculos con la subversión”.
Era
la sentencia del PJ. Se instrumentaba a través de la CGT local,
gremios o legisladores, quienes requerían la expulsión de “los
infiltrados” y la normalización institucional del partido, en caso
que hubiera alcanzado el órgano partidario. Esa era la línea de la
depuración.
Uno
de los puntos más alto de las tensiones internas se produjo en enero
de 1974 con la destitución de Oscar Bidegain, gobernador de la
provincia de Buenos Aires. Bidegain era un médico que, tras un paso
por el nacionalismo, se había incorporado al peronismo desde su
origen. Era, como Cámpora, un peronista “histórico”. Perón lo
había elegido como candidato a la provincia. Huérfano de apoyo en
el peronismo ortodoxo, que despreciaba su candidatura, para la
campaña Bidegain debió inclinarse hacia la Tendencia
Revolucionaria, que lo tomó como un cuadro propio. Cuando llegó al
Poder Ejecutivo, con casi el cincuenta por ciento de los votos, al
igual que Cámpora, abrió algunas líneas del Estado a militantes
montoneros, o allegados a ellos, que ingresaron a la función
pública. El metalúrgico Victorio Calabró, que secundó a Bidegain
en la fórmula, pronto empezó a desestabilizarlo: comenzó a
denunciar la “infiltración marxista” en el Movimiento.
Después
del crimen de Rucci. Bidegain se sintió forzado a alinearse junto al
Consejo Justicialista y prometió cumplir con las Directivas para
“detectar y eliminar infiltraciones marxistas”.
El
gobernador caminaba entre dos fuegos.
Pero
no alcanzaron sus venas intenciones hacia la verticalidad ni las
invocaciones a la lealtad a Perón para salvar su gobierno.
Cuando
el 19 de enero el ERP dispuso cien de sus hombres para asaltar el
Regimiento de Blindados
C-10
de Azul, justo la localidad de donde era oriundo Bidegain, Perón se
puso el uniforme militar y en cadena nacional transmitió que esas
acciones se producían en “determinadas
jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en la
que desaprensión e incapacidad hacen posible, o lo que sería peor,
si mediara, como se sospecha, tolerancia culposa”.
Bidegain
solicitó una entrevista con Perón que no le fue concedida. Ya no
tenía margen político para actuar. La ortodoxia aceleró el pedido
de renuncia y reclamó “sanciones” contra el gobernador. La JP
había perdido peso político para sostenerlo. Bidegain renunció y
con él se fueron decenas de funcionarios y legisladores provinciales
de la Tendencia Revolucionaria. La ortodoxia, tras la asunción de
Calabró, quedó con el control de la provincia de Buenos Aires.
Las
derrotas se sucedieron. Perón
se mostraba cada vez más inflexible a
los planteos de la izquierda peronista.
Por
el ataque al cuartel militar, había afirmado que se debía
“aniquilar
cuanto antes este terrorismo criminal”
mediante “la
lucha a que se dé lugar”.
Y si bien la referencia explícita era para el ERP, también era una
advertencia implícita para Montoneros.
Para
las sesiones extraordinarias, Perón envió al Congreso una reforma
del Código Penal que establecía penas más duras contra la acción
guerrillera. Más duras que las que había aplicado el dictador
Agustín Lanusse, incluso. Los ocho diputados nacionales de la JP se
negaron a votarla y quisieron explicarle a Perón su desacuerdo.
Perón los recibió en Olivos con las cámaras de televisión
encendidas. Expuso que tenían
la libertad para irse del Movimiento si estaban disconformes. “Nadie
está obligado a permanecer en una fracción política. El que no
está contento se va. En este sentido, nosotros no vamos a poner el
menor inconveniente. Quien esté en otra tendencia diferente a la
peronista, lo que debe hacer es irse”.
Y
luego Perón avanzó en su discurso sobre el ERP. Mencionó el
respeto a la ley en forma ambigua, dejando margen para que se
interpretara que podía reprimir a la guerrilla de manera ilegal.
“A
la lucha, y yo soy técnico en eso, no hay nada que hacer más que
imponerle y enfrentarla con la lucha. Nosotros, desgraciadamente,
tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no
tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en
una semana. Nosotros estamos con las manos atadas dentro de la
debilidad de nuestras leyes.
Queremos
seguir actuando dentro de la ley. Pero si no contamos con la ley,
entonces tendremos que salirnos de la ley y sancionar en forma
directa como hacen ellos. Si nosotros no tenemos en cuenta la ley, en
una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente,
lo voy a buscar a usted y lo mato. Si no tenemos la ley, el camino
será otro. Y les aseguro que puesto a enfrentar la violencia con la
violencia, nosotros tenemos más medios para aplastarla, y lo haremos
a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes.”
Y
si por televisión Perón hablaba de “aniquilación”,
en su mensaje directo a los militares de Azul, habló de
“exterminio”.
“La
decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de
protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la
ciudadanía, hará que el reducido número de psicópatas que va
quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República”.
Entre
el “aniquilamiento
cuanto antes del terrorismo criminal”
y el exterminio del “reducido
número de psicópatas que va quedando”,
Perón anticipaba verbalmente una represión que otros ejecutarían
en forma ilegal desde el Estado.
A
tres meses de asumir el gobierno, su intento de armar una coalición
política entre sectores de ideologías y proyectos contradictorios
entre sí – la ortodoxia peronista y la Tendencia Revolucionaria –
había fracasado.
FUENTE
“UNO”,
16.06.2013
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